Todos sabíamos desde hace meses que la ley de amnistía se convertiría en un desastre, aunque también es probable que no fuéramos capaces de calibrar entonces la magnitud del problema, hoy ya fuera de ninguna coordenada razonable, que se va agravando y a todos nos arrastra.

Una ley inconstitucional, como se hartó de repetir mil veces el gobierno del Sr. Sánchez hasta las elecciones generales del 23 de julio, no puede convertirse en una ley constitucional al día siguiente producto de la necesidad de los siete votos del partido del prófugo Sr. Puigdemont. Una ley producto de un gigantesco fraude electoral: lo que era negro hasta el 23 de julio no puede convertirse en blanco al día siguiente por mor del resultado electoral. Pero además, también sabíamos que era una ley a la pura conveniencia del Sr. Sánchez, basada única y exclusivamente en esos siete votos que necesitaba para ser investido presidente del gobierno. Sabíamos también que era una ley profundamente divisiva, de confrontación, de creación de un muro que escindiera a los españoles. Como sabíamos que durante la tramitación de esa ley las instituciones se verían profundamente golpeadas –y con ellas nuestro estado de derecho–, como estamos viendo a cada momento. Y también, sabíamos que era una ley profundamente injusta, que buscaba la impunidad de los delincuentes, redactada por el propio delincuente que buscaban con su voto autoamnistiarse, que quebraba la igualdad entre los españoles y que atentaba directamente contra el principio fundamental en democracia de separación de poderes.

Todo eso lo sabíamos al menos el 70% de los españoles que, según las encuestas de hace un mes, arrojaban ese resultado de los contrarios a la ley de amnistía. Es muy dudoso que hoy ese porcentaje no se haya incrementado. El pasado día 30 de enero, el partido del prófugo  Puigdemont provocó el rechazo a la proposición de ley, pues, a su juicio no se producía una situación de impunidad plena por los sucesos vinculados al golpe del 1 de octubre de 2017.

Lo más probable es que en un breve período de tiempo se apruebe esa directiva anticorrupción que contendrá esa prohibición de amnistiar delitos de malversación

Si ya en la proposición de ley figuraba como amnistiable el delito de malversación, causa seguida por la Sala 2ª del Tribunal Supremo contra Puigdemont, a dónde se pretende ir con eso cuando el día 31 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó, en su Comisión de Justicia, introducir en la nueva directiva anticorrupción la prohibición de que se concedan amnistías que versen sobre delitos de malversación. Y más todavía, lo probable es que en un breve período de tiempo se apruebe esa directiva anticorrupción que contendrá esa prohibición de amnistiar delitos de malversación. ¿Qué sentido tiene que España tome la dirección contraria a la de la Unión Europea?

Después, surgió el asunto del terrorismo, en virtud de la instrucción llevada a cabo por el juez García Castellón, en la Audiencia Nacional, que elevó a la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Cierto que se introdujo en la proposición de ley fracasada el absurdo de amnistiar el terrorismo excepto cuando “de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”, como si el terrorismo, por definición, no supusiera siempre la violación grave de derechos humanos.

Pero lo insólito es la cantidad de catedráticos de derechos penal que han brotado como champiñones en España en los últimos días, opinando que aquellos hechos no fueron terrorismo, con el presidente Sánchez a la cabeza de esos catedráticos, cual si se tratara de un Jiménez de Asúa –extraordinario penalista español del siglo XX– redivivo. Bastante destrozo se ha producido ya en la fiscalía, con un fiscal general del Estado directamente calcinado, para que el gobierno y sus socios cesen de una vez en su acoso a los jueces y magistrados. Y dejen que sea la Sala 2ª del Tribunal Supremo quien resuelva sobre esa cuestión, en la cual es el único órgano competente.

¿Cómo es posible que el Gobierno español tenga por aliado a un apestado político en toda Europa, que mancha cuanto toca? No, Europa, tampoco España, no se merece esta situación en la cual somos perdedores todos

Y como si tuviéramos poco, el Parlamento Europeo votó una resolución el pasado jueves, por abrumadora mayoría, de una beligerancia desconocida hasta ahora, contra la intervención de Rusia en la manipulación y en el propósito de dividir el entorno democrático de los países de la Unión Europea. Se cita expresamente en esa directiva a Carlos Puigdemont y la intervención de la denominada trama rusa en los hechos alrededor del golpe de estado de 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Como se cita también específicamente a partidos de extrema derecha en países de Europa –así, Alternativa por Alemania, el Frente Nacional de Marine Le Pen o la Liga Norte de Salvini– implicados en esos manejos rusos. Se ratifica la voluntad de mostrar una tolerancia cero hacia las prácticas rusas en Europa, y se insta a la investigación judicial de todos los hechos conectados con la trama rusa. Lo peor es que todos lo sabíamos desde hace años, se ha publicado mucho en esta materia. Como desde luego lo sabía el Sr. Sánchez. Y así ahora, el problema excede a la propia ley de amnistía, y se coloca en un estadio indiscutiblemente europeo. ¿Cómo es posible que el Gobierno español tenga por aliado a un apestado político en toda Europa, que mancha cuanto toca? No, Europa, tampoco España, no se merece esta situación en la cual somos perdedores todos. No puede ser que el Gobierno español aparezca en Europa como cómplice político del autócrata ruso Putin. No se trata únicamente de que el Sr. Puigdemont sea un prófugo supremacista con abiertas conexiones con la extrema derecha en Bélgica. Es que un gobierno no se puede permitir relación alguna con ese individuo so pena de aparecer implicado a los ojos de Europa en una trama rusa que recorre media extrema derecha europea y prosigue en el golpe del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Salvo que ese gobierno acabe reivindicando el “orgullosamente solos” que proclamaba el dictador portugués Oliveira Salazar para justificar su aislamiento internacional.

¿Recuerdan cuando hace un mes el ministro Bolaños, desafiando a todas luces lo que estaba ocurriendo, manifestaba que la Comisión Europea expresaba “cero preocupación” por la proposición de ley de amnistía? Lo que era incierto entonces hoy se ha convertido en un temporal inasumible para el gobierno. Al punto que la Comisión de Venecia también ha venido a España para preguntarse por esa proposición de ley.

En esta discusión sobre la ley de amnistía, una regla de oro resulta infalible: para el gobierno cada día es peor que el anterior. No sabemos cómo acabará la proposición de ley, si Junts la volverá a tumbar bajo la consideración de que el PSOE incumple lo prometido en Bruselas, y no garantiza la plena impunidad por todos los delitos cometidos. No sabemos si, al paso que van las cosas, el prófugo Puigdemont pedirá asilo en Moscú. Pero lo que sí sabemos es que esa proposición de ley es un disparate convertido a estas alturas en una absoluta locura.

Sería bueno que el Sr. Sánchez recordara aquellas manifestaciones de Felipe González, hace ya tantos años, cuando ya al término de su mandato, decía: “Un presidente del gobierno se ha de preguntar siempre si forma parte del problema o de la solución”.

Lo cierto es que nos encontramos con un Gobierno formado no hace ni tres meses, desbordado en cualquier campo de actuación que se contemple. Véase el horrible asesinato de dos guardias civiles en Barbate, radicalmente abandonados en medios y desprovistos de recursos en la lucha contra el narcotráfico. Véanse las tractoradas que recorren España, en expresión de un mundo agrario en problemas acuciantes. Y todo sucede así, sin ninguna reforma que se aborda y con la sensación de que hay un gobierno, sí, pero no gobierna. Sí, un mínimo de sentido común daría respuesta a esa pregunta que se hacía Felipe González. Y, como primera medida, retiraría de la Comisión de Justicia la proposición de ley de amnistía.

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