Se ha suscitado una gran polémica por la negativa de Fernando Simón, el portavoz sanitario del Gobierno, a facilitar el nombre de los miembros del equipo de expertos que decide las fases de la ‘desescalada’. La razón esgrimida fue que “en este proceso, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (…). Lo mejor es que hagan su rebajo correctamente y de la forma más independiente posible”. La única información que el doctor Simón ofreció fue la de que ese comité está compuesto por 12 técnicos - que trabajan en la Dirección General de Salud Pública-.
Pues bien, para resolver esta desinformación contraria a la Ley y que no está amparada por la normativa sobre el estado de alarma, hay que retrotraerse al inicio de la pandemia que surge en Wuhan a finales de diciembre del año pasado, de ahí el nombre de covid-19, y se propaga con rapidez en el mes de enero de 2020. El 23 de enero se hizo público que el Ministerio de Sanidad estaba elaborando un “Protocolo de actuación frente al coronavirus”, puesto que desde el momento mismo en que se tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en China, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente e inserto en el referido departamento ministerial se había puesto en marcha, manteniendo reuniones diarias y contactos permanentes con los organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, Centro de Coordinación de Enfermedades Europeo y Comisión Europea) con el fin de evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta.
Hubo alguien que también se movilizó de inmediato. El 24 de enero, José Antonio Nieto, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, elevó a la superioridad una serie de “medidas preventivas” para evitar la exposición al coronavirus a los funcionarios policiales, especialmente en los puestos fronterizos y aeropuertos. Después de una sintética pero más que ilustrativa descripción de la enfermedad y de su capacidad de propagación, propone una serie de medidas preventivas que debían adoptarse, entre ellas “evitar las aglomeraciones” -sí, repito, evitar las aglomeraciones-, y proporcionar a los agentes policiales “guantes de nitrilo” y “mascarillas FFP-2”. Sus propuestas no cayeron en saco roto. TVE emitió el 29 de enero un reportaje desde el aeropuerto de Barajas en el que la reportera aparecía con el documento de Nieto en la mano junto a una agente policial que mostraba guantes y mascarillas.
Ese mismo día, Fernando Simón ofreció sus primeras conclusiones: “España está preparada para afrontar la crisis del coronavirus… El problema es que es un virus nuevo y vamos aprendiendo de él cada día, pero los hay más letales. Los sanitarios debemos estar alerta pero la población debe estar tranquila porque lo tenemos controlado… El problema es que se transmite más fácilmente de lo que pensábamos en un principio”.
Emergencia sanitaria
El 30 de enero de 2020 la OMS declaró la “Emergencia de Salud Pública Internacional” por el brote de China, instando a los países a adoptar medidas de prevención. Al día siguiente, 31 de enero, se tuvo conocimiento de que en La Gomera se había detectado el primer caso de coronavirus en nuestro país.
Todas estas noticias cogieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera de España. El 1 de febrero se encontraba en Beja (Portugal) para asistir a la reunión de países europeos del Grupo de Amigos de la Cohesión. Pues bien, se sintió en la obligación de pronunciarse sobre los acontecimientos de los días anteriores. En rueda de prensa el presidente lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española: “Preocupar preocupa, pero tenemos un sistema nacional de salud fantástico”. Y añadió que había que tener “confianza” en los “expertos” que seguían la evolución de la epidemia. Y para remachar el clavo difundió desde Beja un tuit con el siguiente contenido: “Esta mañana se reúne de nuevo el comité interministerial de evaluación y seguimiento del coronavirus. España tiene un sistema sanitario fuerte y red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS”.
De todo lo anterior se desprende que desde finales de enero de 2020, el Gobierno era plenamente consciente de la gravedad de la pandemia. Desde el momento en que los expertos concluyeron sin ninguna duda de que para prevenir los contagios resultaba imprescindible contar con batas impermeables, guantes, mascarillas y gafas protectoras para el personal sanitario, el Ministerio de Sanidad -que había tomado el mando- debió tomar las medidas necesarias para dotar a nuestro “fantástico” sistema de salud de los medios necesarios. No se entiende por eso, cómo es posible que los expertos del CCAES, presididos por Fernando Simón, en el informe diario que desde el 1 de febrero se viene publicando en la web del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete del presidente del Gobierno, dictaminaran que el riesgo global para la salud pública en España era “moderado”, y a partir del 12 de febrero, minimizaran el riesgo calificándolo como “bajo” como ocurrió entre el 12 de febrero y el 24 de febrero, fecha en la que volvió a ser “moderado”. Y aunque parezca mentira, tal calificación se mantuvo hasta el 24 de febrero, el mismo día en que el Gobierno acordó la declaración del estado de alarma.
Desde finales de enero de 2020, el Gobierno era plenamente consciente de la gravedad de la pandemia"
Cuando Simón declara que no puede dar el nombre de los miembros de su equipo de expertos, proporcionando como única información que trabajan en el Ministerio de Sanidad, quizás no recuerdo que la lista de su equipo se conoce al menos desde el 6 de marzo de 2020. Ese día, en la página web del Departamento de Seguridad Nacional a las órdenes de Iván Redondo, el CCAES publicó un documento titulado “Informe Técnico. Enfermedad por coronavirus, covid-19”.
En realidad, lo que al día de hoy se puede ver en la página web de la Seguridad Nacional es la “versión 2: 9 de marzo”, actualizada por los doce expertos encabezados por Simón. Llama la atención que en el documento se aclare que la corrección actualizadora se refería a algunos datos que se identifican con precisión y, en cambio, nada se explica porque en el índice del Informe, que presumiblemente responde a la versión inicial ha desaparecido el apartado titulado “Resumen de la situación y aportaciones de actualización”, que no figura en la versión actualizada. Quizás la respuesta haya que buscarla en el Gabinete del presidente que controla la página web de la Seguridad Nacional.
Pues bien, esta es la relación de expertos a la que se refirió el presidente del Gobierno el 1 de febrero, tal y como se refleja en el informe Técnico por orden alfabético: Eva Fernández Bretón (Médica Interna Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública), Lucía García-San Miguel Rodríguez-Alarcón (funcionaria interina en el Cuerpo de Médicos Titulares concurso de méritos 2017), Susana Monge Corella, Lina Parra Ramírez (Técnico/a superior de apoyo, contratado por Tragsatec a través de encomienda del Ministerio de Sanidad), Óscar Pérez Olaso (técnico superior del Cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad, convocatoria 2019), Angélica Ortega Torres (Médica Interna Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública), Lidia Redondo Bravo (Técnico/a superior de apoyo, contratado por Tragsatec a través de encomienda del Ministerio de Sanidad), Adriana Román Vidal (Médica Interna Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública), Mª José Sierra Moros ( jefa de sección en la Dirección General de Salud Pública y Consumo dentro de la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología.), Fernando Simón Soria, Jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Berta Suárez Rodríguez. También colaboraron en la actualización, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y Agustín Portela Moreira (doctor en Ciencias Biológicas -estudios sobre la replicación del virus gripe- por la Universidad Autónoma de Madrid).
Por último, no puedo dejar de señalar que el día 8 de marzo, el gran día del feminismo contagioso a juzgar por lo que ocurrió a la mayoría de las personas que portaban la pancarta en la cabecera de la manifestación que resultaron afectadas -entre ellas la esposa del presidente del Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo (que días antes arengó a las mujeres para que acudieran a la manifestación “porque les iba la vida en ello”), y la ministra de Igualdad, Irene Montero- a las 3 de la tarde Simón, que había declarado que nada tenía que oponer a su hijo si quería acudir a la manifestación, publicó un informe del CCEAS en la que se daba cuenta de que en España había ya 589 personas afectadas; 202 en Madrid. Y lo que, aún es más indignante si se tiene en cuenta de que lo primero que había que hacer ante la extensión del coronavirus era evitar las aglomeraciones, se habían producido ya 17 fallecidos, 8 de ellos en la capital.
Todo eso lo sabía el Gobierno, empezando por su presidente. El simple análisis de los informes publicados por Simón desde el 1 de febrero demuestran que el Gobierno conocía la rapidez de extensión del virus por Europa. No puede olvidarse que el 13 de febrero los organizadores internacionales del Mobile World Congress a celebrar en Barcelona del 24 al 27 de febrero decidieron cancelarlo por causa del coronavirus. Por el contrario, el Gobierno consintió que Madrid acogiera del 24 al 1 de marzo la feria internacional ARCO en Ifema.
En esta ocasión no toda la responsabilidad recae sobre el delegado del Gobierno en Madrid"
Se acaba de saber que Simón vetó el 6 de marzo la celebración de un encuentro mundial de la Iglesia Evangélica alegando el peligro del coronavirus. Pero el Ejecutivo no actuó en su momento porque la sección femenina del Gobierno estaba obsesionada con celebrar la magna manifestación, a sabiendas del grave riesgo de extensión del coronavirus que podía suponer. El uso de guantes por las portadoras de la pancarta demuestra que todo el Gobierno era plenamente consciente del peligro que corrían. De modo que en esta ocasión no toda la responsabilidad recae sobre el delegado del Gobierno en Madrid. Es cierto que formalmente fue José Manuel Franco quien dio luz verde a la manifestación, pero en realidad no hizo otra cosa que cumplir las órdenes de sus superiores jerárquicos. Que no se equivoque de objetivo la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
