Hace unos años, Ségolène Royal, toda una ministra de Francia, dijo públicamente: "Hay que dejar de comer Nutella, porque el aceite de palma ha sustituido a los árboles. Y eso ha producido daños considerables al medio ambiente…” A los dos días se vio obligada a pedir disculpas: "Mil disculpas por la controversia sobre Nutella".
Cuando el ministro Miguel Sebastián, en plena crisis económica, inició una campaña de proteccionismo ("Buy Spanish"), la Comisión Europea le interpeló y le hizo saber que la Comisión podría considerar dichas declaraciones como una infracción, de acuerdo con lo establecido en la sentencia del asunto C-470/09 AGM-COS.MET (2007). Se le recordó (como autoridad) que estas declaraciones podrían ser interpretadas como una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas al comercio; en particular un obstáculo al comercio intracomunitario, ya que en las mismas se apelaba al consumo de productos españoles frente a los productos de otros Estados miembros, pudiendo otorgar a aquellos una ventaja en el mercado español (asunto "Buy Irish", C-249/81 Comisión c. Irlanda (1982).
Esto demuestra que los políticos y las autoridades públicas no pueden decir lo que les venga en gana, sin consecuencias. Hay que recordar además que el artículo 9.3 de nuestra Constitución establece la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
¿Alguien pedirá disculpas por la inadmisible injerencia política en la decisión puramente mercantil de Ferrovial de trasladar su sede a los Países Bajos? El Consejo de Administración de Ferrovial propuso a su Junta de Accionistas (es decir, a los que tienen invertido su dinero en la compañía) y ésta lo ha aprobado, siguiendo las leyes y procedimientos establecido: "Una fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial (como sociedad absorbida) y Ferrovial International SE (como sociedad absorbente)".
Previamente, siguiendo lo dispuesto en la legislación española, tributaria de la normativa europea, el Consejo de Administración de la sociedad había elaborado su "Informe del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A (de 28 de febrero de 2023) sobre el proyecto común de fusión transfronteriza", en el que aportó sus razones, basadas –no conviene olvidarlo-, en el principio de libertad de empresa y libertades comunitarias, especialmente las de establecimiento y libre circulación de capitales.
Todo ello, conviene repetirlo, en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de empresa y de las libertades comunitarias de establecimiento y circulación de capitales. Y los poderes públicos nacionales, en cumplimiento del derecho de la Unión Europea, deberían haberse abstenido de interferir -tratando de malograrla- en dicha decisión. Y la Comisión Europea -como guardiana de los Tratados- tiene la obligación de proteger las referidas libertades.
"Libertad de elegir". Es lo que acaban de hacer, mayoritariamente, los accionistas de Ferrovial, aunque le pese al Gobierno. "La Junta locuta, causa finita".
En las últimas fechas, el Gobierno ha desarrollado una serie de acciones inaceptables e incompatibles con la libertad de empresa y con el Derecho de la UE"
La libertad económica es un requisito esencial para la libertad política. Ésta fue la tesis central de Libertad para elegir, escrito a cuatro manos por Milton y Rose Friedman. Al permitir a los individuos cooperar voluntariamente, el sistema de libre mercado ejerce de límite al poder coactivo del Estado. Y éste, no otro, es el fundamento de las libertades comunitarias, entre las que se encuentran, entre otras, las de libre establecimiento y de circulación de capitales y son las que han traído prosperidad a Europa.
Los accionistas de Ferrovial, en el ejercicio de su libertad económica, han decidido según sus intereses económicos y de la compañía, arriesgando, obviamente, su patrimonio, no el del Gobierno. La decisión de la Junta de Accionistas es toda una moción de censura -económica y jurídica- al Gobierno, quien, en las últimas fechas, ha desarrollado una serie de acciones inaceptables e incompatibles con la libertad de empresa y con el Derecho de la Unión Europea.
Isaac Ibáñez es abogado.
