La política española suma un nuevo fracaso: la incapacidad de alcanzar un amplio consenso en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Un reflejo más de cómo los partidos políticos viven de espaldas a los grandes retos que afronta España a medio plazo y a las recomendaciones que realizan en diferentes aspectos socioeconómicos nuestros organismos supervisores independientes, como el Banco de España o la AIReF.
España es uno de los países más longevos del mundo, hecho explicado por el progresivo aumento de la esperanza de vida, la caída de las tasas de fecundidad y la futura jubilación de los baby boomers a partir de 2024. Actualmente, la esperanza de vida alcanza los 83,4 años, cinco más que hace dos décadas, situándose solo ligeramente por detrás de la de Suiza (83,7) y Japón (84,1). Una tendencia que se mantendrá, según la prestigiosa revista de medicina The Lancet, dando lugar a que nuestra esperanza de vida media sea la mayor a nivel mundial en 2040, hasta alcanzar los 85,8 años. Esta situación, si bien es una buena noticia, conlleva consecuencias económicas directas sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar ante la caída de la fuerza laboral y el aumento del gasto en pensiones y en sanidad.
La mayor longevidad no viene, sin embargo, acompañada de un aumento en la natalidad que ralentice el envejecimiento poblacional. De ahí que en 2030 la población mayor de 67 años supondrá el 20,9% del total de la población española, frente al 17,1% actual, retrocediendo la población en edad de trabajar en un 6%. Esta evolución demográfica llevaría a que el peso y el protagonismo de las cohortes de menos de 25 años continúen reduciéndose, mientras que las de mayores de 67 años representarán el doble en 2050, provocando que la ratio afiliados-pensionistas sea de 1 afiliado por cada pensionista, frente al 2,27 actual.
La actual falta de liderazgo, de realismo y de estabilidad política en España pone en riesgo la viabilidad futura de uno de los mayores logros de nuestra democracia
Ante este escenario la AIReF ha advertido que hasta 2048 el gasto estructural del sistema de pensiones aumentará entre 2 y 4 puntos del PIB, circunstancia que en ausencia de reformas triplicaría su actual déficit, situándose el nivel de deuda de la Seguridad Social en un 48,7% del PIB, frente al 4,5% actual, con graves consecuencias en la cohesión social y en el equilibrio intergeneracional.
Por tanto, no se entiende el cortoplacismo de nuestros políticos ante la magnitud del reto y sus consecuencias sobre el crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. El sistema de pensiones español requiere de una reforma estructural que permita adaptar su diseño a las nuevas circunstancias demográficas, solución que pasa por establecer un sistema mixto de reparto y capitalización, vincular la actualización de las pensiones al crecimiento económico del país, crear mecanismos que permitan alargar la vida laboral del talento senior o incentivar fiscalmente el ahorro privado. Todas ellas medidas que se han adoptado en países como Suecia, Países Bajos e Islandia, donde prevalece la visión de largo plazo y el consenso cuando se trata de aspectos clave para la sociedad en su conjunto.
La actual falta de liderazgo, de realismo y de estabilidad política en España pone en riesgo la viabilidad futura de uno de los mayores logros de nuestra democracia: el Estado de Bienestar. La situación a la que asistimos en el Pacto de Toledo ejemplifica las palabras de Luke Kemp, experto en riesgos de la Universidad de Cambridge: “Las grandes civilizaciones no son asesinadas, sino que se suicidan”.
