Es mucha la tinta que en estos últimos días se ha destinado a relatar y comentar el acuerdo alcanzado en el seno del elitista club formado por los siete países mas poderosos del planeta. Por lo general, para su valoración se ha empleado el calificativo de “histórico”. Sin duda lo es, pero para mal. Más aún, para muy mal.
Comenzando por lo obvio, constatemos que si los fabricantes de cualquier producto, sea vehículos, electrodomésticos o viviendas, se pusieran de acuerdo para fijar un precio mínimo de su producto , los perdedores serían sus consumidores que verían encarecer sus compras. De ahí la constitución de organismos que vigilen la práctica de actuaciones contrarias a la competencia (en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Pues, entre otras cosas, una auténtica vulneración de la competencia es lo que supone el acuerdo del G-7. Al aspirar a que se armonice el tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades, pretende reducir la competencia fiscal entre países y, con ello, aumentar la factura fiscal del conjunto de contribuyentes. No nos engañemos, subiendo los impuestos a las empresas se acaba aumentando el precio de lo que venden y, por tanto, a todos nos costará más caro adquirir los bienes y servicios que ofrecen. Pero es que, adicionalmente, en el caso considerado nos encontramos ante una pretensión ideada en el selectivo club de los siete grandes que se pretende imponer al resto del mundo. Su objetivo constituye un auténtico ataque a la soberanía fiscal de los Estados que, de aplicarse el acuerdo, perderían parte de su independencia como naciones.
En la competencia para atraer la localización de empresas, primarían los elementos en los que ellos son los que tienen la ventaja comparativa:
Acudiendo al auténtico motivo subyacente, es claro que los grandes Estados desean evitar que los pequeños puedan ofrecer la moderación fiscal como ventaja comparativa para la captación de inversiones. De ese modo, en la competencia para atraer la localización de empresas, primarían los elementos en los que ellos son los que tienen la ventaja comparativa: Mayor nivel de infraestructuras; más población y mejor formada; un grado más desarrollado de arquitectura institucional; una seguridad jurídica más consolidada… No nos engañemos, se trata de un intento de los grandes de avasallar a los pequeños.
Beneficiar a los grandes
Junto a lo anterior, y aunque esté pasando mas desapercibida, el acuerdo contempla otra medida no menos tremenda. Se trata de pretender que cualquier sociedad -con independencia de donde resida- pague un determinado nivel de impuesto en el país en el que genere parte de su beneficio. Para explicarnos: si una empresa mejicana es capaz de exportar sus productos a Estados Unidos, vendría obligada a pagar impuestos en este último país. En definitiva, se trata de beneficiar fiscalmente a los Estados con mas población consumidora -países más grandes y mas ricos- frente a aquellos cuyos ciudadanos consumen menos -países más pequeños y más pobres-.
Además, desde la perspectiva jurídico-técnica, hacer lo anterior implica modificar el criterio tradicional y consolidado de reparto del poder tributario entre los países. Atendiendo al modelo de convenio de doble imposición de la OCDE y, en definitiva, a la generalidad de los convenios suscritos bilateralmente y hoy vigentes, los beneficios empresariales han de tributar en el país de residencia de la sociedad que los obtiene, criterio que se pretende modificar mediante el acuerdo del G-7. No puede ocultarse la dimensión que supone cambiar la legislación internacional representada por la multitud de convenios hoy en vigencia. Pero nada parece detener la obsesión de los grandes por detraer recursos a los pequeños.
La dimensión del atropello
Expuestas las claves de la cuestión, no es difícil aventurar que se ha abierto un proceso en el que la utilización de múltiples herramientas de presión -valgan como ejemplo el acceso a las ayudas al desarrollo o a la financiación de organismos internacionales- van a ser utilizados por los poderosos para forzar a los débiles a aceptar lo pretendido por el G-7. Al menos, no nos dejemos engañar. El carácter histórico de la propuesta viene determinado por la dimensión del atropello que pretenden pergeñar los dueños del mundo a los que no lo son y, de resultas, al conjunto de ciudadanos paganos de impuestos a las administraciones tributarias de aquéllos.G-7, un abuso flagrante
