Opinión

El Gobierno de las ayudas, subvenciones, paguitas, limosnas...

Una de las bazas que está usando el PSOE en la campaña electoral es presumir de las numerosas ayudas que han “dado” (recordemos que los gobernantes sólo reasignan recursos, no tienen nada propio) esta legislatura. Es cierto que han s

  • Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en los escaños del Congreso. -

Una de las bazas que está usando el PSOE en la campaña electoral es presumir de las numerosas ayudas que han “dado” (recordemos que los gobernantes sólo reasignan recursos, no tienen nada propio) esta legislatura. Es cierto que han sido muchas aunque en línea con las de nuestros vecinos, sin duda por motivos de la pandemia y la guerra de Ucrania. La ayuda del BCE primero y de los fondos Next Generation europeos, han ayudado a los gobiernos europeos en esta labor, intensificada en España con un aumento de la presión fiscal que ha llevado a máximos la recaudación.

Pero no todas las ayudas son iguales, algunas no han sido justas y otras se han aplicado muy mal. Por ejemplo, funcionaron muy bien las que se otorgaron a los negocios y en general los ERTEs. De lo primero sólo añadir que fallaron al cesarlas cuando se abrió el confinamiento pero no entre municipios, ya que muchos negocios viven de visitantes de otros pueblos y ciudades, como museos, pero el balance fue positivo. En cuanto a los ERTE, figura que se destacó en la reforma laboral del PP de 2012 y que se criticó entonces desde la izquierda, que siempre recela de la flexibilidad porque creen que el empresario se aprovechará de ella, funcionaron muy bien y muchos votantes creen que se aplicaron gracias al gobierno de coalición PSOE-UP. Es falso, en toda Europa ha habido figuras similares, la base legal existía desde mucho antes, y precisamente lo que sí correspondía al Gobierno, que era su correcta aplicación, fue lo que más falló.

Han aplicado de forma bastante sencilla ayudas injustas a toda la población, sin tener en cuenta necesidades o renta, como la rebaja del precio de la gasolina y el diésel

El colapso del SEPE -que aún colea- fue legendario, no entiendo cómo Yolanda Díaz ha conseguido no verse salpicada por la mala gestión de su Ministerio, que incluyó el retraso en el cobro del paro de los despedidos en 2020. También fue un horror burocrático para los autónomos el obtener los avales para solicitar créditos al comienzo de la pandemia. Lo mismo está pasando tanto con el Ingreso Mínimo Vital como con la ayuda de los 200 euros. Han aplicado de forma bastante sencilla ayudas injustas a toda la población, sin tener en cuenta necesidades o renta, como la rebaja del precio de la gasolina y el diésel, o la gratuidad de los viajes en Cercanías a cambio de un mínimo de 16 viajes en cuatro meses, pero no han sido capaces de hacer llegar a los más necesitados las ayudas que aprobaron para ellos. La mala gestión burocrática a pesar de los avances tecnológicos y de ser el país de Europa donde más han crecido los empleados públicos, es difícil de disculpar.

Dar una ayuda para pagar la gasolina a todos, o para viajar en tren a todos, sin tener en cuenta su situación económica, es injusto y un error

Las ayudas deben funcionar mejor pero nunca deberían concederse por otro motivo que no sea la renta: ninguna (y en esto creo que muchas administraciones autonómicas y municipales dirigidas por el PP también se equivocan) debe otorgarse porque alguien tiene una edad determinada por ejemplo, ya que hay muchos pensionistas que tienen más ingresos y patrimonio que muchos trabajadores más jóvenes. Del mismo modo, dar una ayuda para pagar la gasolina a todos, o para viajar en tren a todos, sin tener en cuenta su situación económica, es injusto y un error. Muchos estudios han demostrado que son las personas de mayor renta las que más se han beneficiado. Otras ayudas durante esta legislatura han resultado contraproducentes, por ejemplo reduciendo el precio de la luz mayorista con el “tope del gas”. Durante meses se abarató la venta de electricidad a Francia y se pagó una compensación a las empresas gasistas. Y ahora que la materia prima está mucho más barata, que desde el 27 de febrero ya no se aplica, los hogares siguen pagando mucho por la electricidad, ya que los precios están -según Eurostat- un 22% por encima de la media europea.

A causa de esas ayudas no se ha cambiado el rumbo de la política energética española (con la vergüenza de seguir comprando gas a Rusia), que debería incluir la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, más necesarias que nunca ante los problemas de suministro de gas y porque, como Europa ha reconocido, es una energía ideal contra el cambio climático, puesto que no emite contaminación a la atmósfera. Y otras han sido literalmente tirar el dinero, como dar 400 euros a los que cumplen 18 años para que lo gasten en “cultura”, el descuento para jubilados en los cines o los descuentos para jóvenes que viajen por Europa en tren. Muy pocos encontramos explicación a estas decisiones tan irresponsables y, a fuer de ser malpensado, parece un caso claro de uso de dinero público buscando votos, lo que no debería ser legal. Y prometer más para la próxima legislatura, cuando hasta Alemania ya ha anunciado recortes de gastos para 2024, una irresponsabilidad.

Hay muy poca diferencia entre lo que se cobra por no trabajar (y no verse obligado a hacer nada para obtener esa ayuda) y lo que se gana cobrando el salario mínimo

Por último, y soy consciente que esto es impopular: Ninguna ayuda debería ser gratis. Igual que a los objetores de conciencia que no querían hacer el servicio militar obligatorio se les asignaban actividades en beneficio de la comunidad, ¿por qué no poner algún condicionamiento a la recepción de ayudas públicas por las que no se ha cotizado? Tenemos un ejemplo muy sencillo a propósito de la ocurrencia de Sánchez de convocar elecciones en vacaciones: ¿por qué no entran en el sorteo para el personal de las mesas electorales sólo las personas que reciben el IMV u otras ayudas que se dan a cambio de nada como las pensiones no contributivas? Y seguro que, además, el dinero les vendría muy bien. Hay que prevenir el fraude y además aplicar incentivos para que la gente tienda más a trabajar que a vivir de ayudas mientras compaginan sus ingresos con actividades alegales. Hay muy poca diferencia entre lo que se cobra por no trabajar (y no verse obligado a hacer nada para obtener esa ayuda) y lo que se gana cobrando el salario mínimo, y esto no debería ocurrir.

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