Ha sido el primer envite serio de opinión pública al que han tenido que enfrentarse y han quedado retratados de cuerpo entero: tipos tan presuntuosos como pusilánimes, acobardados, dispuestos a rendirse a la primera, incapaces de resistir la presión del populismo reinante. En las antípodas del político de una pieza dispuesto a dar la cara en público, aportar las explicaciones pertinentes y, en su caso, tragarse el sapo –va en el sueldo- que las circunstancias demanden, renunciando a echarse en brazos de soluciones fáciles y demagógicas. Es la lección que ha deparado el fenómeno de bajas temperaturas que esta semana hemos sufrido, con su correlato de tirón del consumo y subida de los precios de la electricidad, un episodio coyuntural del que en una semana no quedará ni rastro, como ya ocurriera con lances parecidos en el pasado reciente. En evidencia ha quedado la solidez de los materiales que sostienen al Gobierno Soraya y a su joven estrella, el ministro de Industria Álvaro Nadal: tecnócratas sin ideología y sin proyecto, dispuestos a ahormar la política económica –y la política- en función de sus intereses, personales y de grupo, a corto plazo.
A expensas de anunciar ese plan energético a largo plazo que los expertos llevan tiempo reclamando en un país obligado a importar la mayor parte de la energía que consume, cuestión que exigirá los inevitables consensos y que desde luego no se puede abordar en un santiamén, el ministro tenía relativamente fácil una explicación coyuntural a lo ocurrido esta semana concretada en la situación meteorológica de los últimos meses: la ausencia de lluvia y de viento que mantiene al ralentí a la gran hidráulica y a la eólica, circunstancias a las que se añade el aumento de la importación de energía española por parte de Francia, en razón al parón de 21 de las 58 nucleares galas por razones técnicas. No quedaba más remedio que tirar de las centrales de ciclo combinado consumidoras de gas, paradas la mayor parte del año por el precio no competitivo de la energía que producen, una solución que obliga a contar con Argelia, nuestro principal proveedor de gas, que, como ya ocurriera en el pasado en circunstancias similares, ha tratado de sacar ventaja de la ola de frío que ha soportado Europa, vendiendo su gas en el mercado spot y dejando de cumplir sus compromisos de suministro regular argumentando problemas “técnicos con el tubo”.
Francia, Bélgica, Alemania e Italia han visto los precios de su electricidad disparados a cotas muy superiores a los registrados en España
Conviene aclarar que, en todo caso, el problema ha afectado a todo el continente europeo. Francia, Bélgica, Alemania, Italia, por citar solo algunos, han visto los precios de su electricidad disparados a cotas muy superiores a los registrados en España. El del megavatio/hora (MWh) llegó a alcanzar el viernes los 136 euros en Francia, frente a los 88 de media registrados el mismo día en España –el precio medio a lo largo del año, excepto en diciembre, suele oscilar entre los 40 y 60 euros-, con un pico de 98 euros en torno a las ocho de la tarde del mismo viernes en el mercado mayorista. Aclarar, también, que la escalada incide sobre el 30% del recibo de la luz que corresponde al coste real de la energía (el 40% son peajes y el resto, impuestos), y que además afecta al 45% del mercado, unos 12 millones de consumidores que están adscritos al sistema de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), aplicado a potencias contratadas inferiores a los 10kW. El 55% restante, desde luego la mayoría de empresas y negocios, está en el mercado libre, con el suministro contratado a precio fijo para todo el año, por lo que no les ha afectado la subida en curso.
Pero el titular de Industria apareció el miércoles en televisión y, en lugar de tirar de la prudencia que aconsejaban las circunstancias, levantó la liebre anunciando que el recibo de la luz se iba a encarecer 100 euros al año, de decir, automáticamente fijó precio, elevando una cuestión de precios y de suministro a la categoría de un grave problema social con repercusiones para la salud, no solo el bolsillo, de los ciudadanos. Como era de prever, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de populismo a perra gorda. Y naturalmente los medios, siempre ansiosos de carnaza. Para quien conoce el paño, estaba claro que el intrépido ministrín no iba a aguantar ni 24 horas el envite. Así fue. El jueves apareció de nuevo ante las cámaras dispuesto a apagar el incendio por él mismo creado para, en una rueda de prensa surrealista, en la que ni él mismo entendió lo que dijo, anunciar no una intervención de precios, como muchos llegaron a temer, sino haber identificado al culpable del estropicio: el gas.
Una solución improvisada que nadie entiende
Se trata, al parecer, de introducir mayor competencia en el mercado del gas, la materia prima que hace funcionar las centrales de ciclo combinado –las que ahora mismo marcan precio-, mediante un “creador de mercado” cuya misión consistirá en aumentar la competencia en el mercado eléctrico mayorista para conseguir bajar los precios. Resulta que el tal “operador”, del que nadie tenía noticia, ya fue seleccionado el pasado mes junio sin que, hasta el momento, se conozca su nombre. Pura transparencia. Además, obligará a las compañías eléctricas a presentar ofertas cerradas en el mercado del gas, el Mibgas –otro ente de razón del que nadie había oído hablar-, para hacer posible unos precios más transparentes y una oferta suficiente. "Estamos hablando de apoyar a la CNMC en el trabajo de hacer que funcione mejor el mercado y apoyar la creación de más oferentes para que haya más gas y a mejor precio", sostiene Nadal. Es de imaginar que María Fernández, vicepresidenta de la CNMV y exnovia del ministro, colocada por el ministro, se habrá puesto a trabajar en el asunto sin demora.
En realidad, lo que ha hecho Alvaro ha sido desempolvar una resolución adoptada en junio pasado por su hermano Alberto Nadal, entonces secretario de Estado de Energía, cuando los precios de la luz se movían en una balsa de aceite, según contaba el viernes en estas páginas Raúl Pozo. El documento rubricado entonces por Alberto -cuya mujer, Eva Valle, es nada menos que la jefa de la Oficina Económica de Moncloa, que esta familia manda mucho o, en realidad, manda casi todo-, desarrollaba algunos aspectos del mercado organizado de gas, creado por ley en 2015, e incluía como elemento novedoso la puesta en marcha de ese “creador de mercado” capaz de contribuir a incrementar la competencia en el mercado del gas, de forma que el hermanísimo se ha limitado a poner en marcha, es un decir, unos trámites de los que ya nadie se acordaba.
Una solución de compromiso en la que nadie cree, que, al margen de que tardaría mucho en hacerse efectiva, no resuelve el problema esencial: ¿Cómo crear un mercado de gas en un país que no es productor y en el que cualquier potencial operador está obligado a importarlo? Siempre soluciones taumatúrgicas, improvisadas, para problemas complejos cuya solución exigiría estudio en profundidad, consenso, y voluntad política para llevarlas a cabo. Fórmulas milagrosas para salir al paso, para escapar del pánico provocado por una protesta social a menudo manipulada, a veces injustificada y otras tantas exagerada. Lo ocurrido con las nevadas y sus atascos, o el caso de quienes, excepción hecha de casos de fuerza mayor, se echan a la carretera sin reparar en las condiciones meteorológicas y sin hacer caso de los avisos de la autoridad competente, y que, una vez bloqueados, reclaman la presencia de un helicóptero de rescate de la Guardia Civil dispuesto a trasladarlos a un hotel de cinco estrellas en el que pasar la noche con cargo al Estado. La cultura de la queja. Y un Gobierno populista dispuesto a rendirse a la primera y, en todo caso, a pedir perdón.
Se impone una reforma del sector eléctrico
Todo parece ahora resolverse con pedir perdón, cuando probablemente hay que hacer más, mucho más. Parece evidente que la regulación del sector eléctrico, un galimatías en el que resulta difícil moverse, es la primera responsable de los altos precios de la energía en España, circunstancia de la que se vienen quejando los agentes económicos desde hace tiempo. Alguien ha escrito que el mercado, tal y como está diseñado, no revela los costes de abastecer la demanda de electricidad sino tan solo los costes de la central más cara del mix tecnológico que la abastece. Se impone una reforma profunda del sector capaz de abaratar la energía y contribuir al crecimiento, en lugar de lastrarlo. Como primera providencia, la CNMC debería gozar de total independencia respecto al poder ejecutivo (una cuestión, como tantas otras cosas, de simple calidad democrática, como la Justicia, por ejemplo), de forma que pudiera convertirse en autoridad regulatoria máxima, como reclama la UE, con plena capacidad para velar por la adecuación de oferta y demanda y para imponer sus criterios a los operadores, sin que estos puedan encontrar alivio en los tribunales. Demasiado para Gálvez. Demasiado para el Gobierno de muchachitos que apacienta Soraya, más que sobrados ahítos de soberbia, a quien el primer encontronazo con la realidad ha dejado en evidencia.
