“No guarde lo que queda después de gastar; en su lugar, gaste lo que queda después de ahorrar”. W. Buffet.
Los Presupuestos Generales del Estado son el manifiesto ideológico de cualquier gobierno. De su análisis se desprende fácilmente si estamos ante gobiernos que defienden a los individuos, a las familias, a los ciudadanos, a los contribuyentes, o si, por el contrario, nos encontramos ante ingenieros sociales, herederos de una orden divina que les permite saber, por encima de todo y de todos, cuál debe ser la forma en la que debemos orientar nuestra vida. Los últimos dieciséis años de democracia (se dice pronto) hemos tenido la desdicha de toparnos con magos sociales, harrypotters que siempre han sabido, mejor que nosotros mismos, hacia dónde queríamos ir.
Así ha ocurrido en Educación, donde la multiplicidad de planes de estudio autonómicos en disciplinas troncales como las matemáticas o la lengua impiden desarrollar, desde una base homogénea, la formación básica en los conocimientos que exige ya el mercado laboral; también en este Ministerio hemos tenido el enorme infortunio de dar con quien, haciendo uso de su libertad de elección para educar a sus hijas en centros concertados y segregados, decide liquidarlos por el bien común; la misma ministra que, revestida del poder de Morgana, sabe lo que necesitan los niños que acuden a los centros de educación especial, y les demuestra su amor infinito imponiendo a los padres lo que no saben que, en el fondo, desean.
El volcán del gasto
El Ministerio de Hacienda es otro de esos pozos de mágica sabiduría donde moran seres de una talla moral superior que conocen lo que el pueblo necesita. Dotados de una vara de avellano que les permite encontrar agua en el desierto económico que gestionan, no tienen reparos en meter una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, la mano en el bolsillo del cada vez más pobre asalariado, que, desarbolado como bergantín atacado por soldados de fortuna, ve cómo trabaja cada vez más días para calmar a los dioses que habitan el volcán del Gasto Público, y que, según cuentan sus oráculos, vomitarán todo tipo de males y plagas de no ser saciados. Si en 2010 trabajábamos hasta el 15 de mayo para cumplir con ellos, hoy lo hacemos hasta el 26 de junio. Total, como dijo aquella, qué son 40 días en 365, chiqui.
La magia presupuestaria de nuestro Gobierno calcula ingresos como si nos visitasen 85 millones de turistas, como si uno de cada tres bares no hubiese cerrado, como si el millón de trabajadores más que no acuden a su puesto de trabajo cada día pudiesen soportar su voracidad. En vez de aligerar la carga fiscal de los ciudadanos, acompañándola de la imprescindible rebaja de gastos (que calculé en más de 24.000 millones aquí), el Ejecutivo exige su diezmo agotando las estructuras sociales y sin hacer el más mínimo esfuerzo. La ubre, cada vez más seca, será ordeñada mientras quede un solo euro que limpiar.
El sector de los seguros genera más de medio millón de empleos, resuelve diariamente más de 140.000 imprevistos, realiza más de cien millones de actos médicos en el año
Ahora es el turno de los seguros. Qué podíamos esperar de un Gobierno que ha dejado en la estacada al turismo, a la hostelería, al automóvil, esto es, a casi un 40% del PIB. Otro 5% adicional del PIB, puesto a los pies de los caballos fiscales. Un sector que genera más de medio millón de empleos, que resuelve diariamente más de 140.000 imprevistos, que realiza más de cien millones de actos médicos en el año, que cubre a más de 31 millones de vehículos, al que confían su ahorro casi diez millones de españoles. Un sector esencial desde cualquier punto de vista, más hoy, cuando la seguridad social se encuentra, desde hace años, en quiebra técnica, por mucho que los magos cierren los ojos mientras aprietan los puños muy, muy fuerte para exclamar el consabido “eso no es así.”
Un sector esencial para el propio Estado, pues invierte más de 150.000 millones de euros en deuda pública, esa que crece sin control Ejecutivo tras Ejecutivo, que se espera supere el 120% del PIB al finalizar este año, y que aporta, de forma directa, más de 7.000 millones de euros a sus arcas. La subida prevista de impuestos a las primas de seguros, desde el 6% al 8%, afectará al 90% de las familias españolas y aportará alrededor de 500 millones de euros adicionales. Siempre, claro, bajo el manido supuesto del ceteris paribus, tan amigo del recaudador de impuestos como del gobernante, que no es capaz de entender que miles de automóviles pasarán a circular sin seguro, que miles de viviendas quedarán sin protección, que miles de ahorradores dejarán de aportar a sus planes y fondos de pensiones. Esta es la paradoja de unos ingenieros sociales que, en vez de despejar el futuro de incertidumbre, la elevan hasta niveles desconocidos.
La Hacienda de la ministra Montero quizá logre recaudar una cifra que permitirá salvar, apenas, los 471 millones de dotación presupuestaria de la ministra Montero de Igualdad. Podremos estar orgullos de que, cuando un guardia civil dé el alto a un conductor, o una conductora, sin seguro, al menos estará circulando con una inestimable perspectiva de género.
