La cantidad de tributos con que los que el gobierno grava la energía es enorme, tanto en número de figuras impositivas como en recaudación. El sector eléctrico no es ajeno a este fenómeno, convirtiéndose en uno de los mejores negocios de la hacienda pública. Así las cosas, si algo podemos tener claro los consumidores es que todas esas exacciones fiscales acaban cayendo en la factura eléctrica que pagamos todos los meses.
Lo primero que llama la atención es el solapamiento de impuestos, tasas y gravámenes. Uno lee los hechos imponibles -o mejor llamados imposibles- de cada uno de ellos y parece un juego de palabras. Como diría Benjamín Prado “la misma canción, al cambiar de persona no dice lo de siempre cuando dice lo mismo”.
La generación de electricidad está gravada con el “impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica” al que se sumaría -en función de la tecnología- el “canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intracomunitarias”, y los “impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”, así como la tasa del “Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos”.
Luego estarían los impuestos que pagamos los consumidores en la factura. En primer lugar, el Impuesto especial sobre la electricidad y finalmente el IVA. Pero no solamente es una cuestión del número de impuestos, es que todos los mencionados en el párrafo anterior están internalizados en el precio de la electricidad, que es la base imponible del impuesto especial; que, a su vez, forma parte de la base imponible del IVA. Dicho de otra manera, se pagan impuestos sobre impuestos.
Y la guinda del pastel, que son los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, más conocido como “impuesto al CO2”, que a pesar de que solo lo paga el gas y el poco carbón que queda, está internalizado en el precio que cobran por su electricidad las renovables y las nucleares, aunque no emitan estos gases Hablando en plata, que lo pagamos incluso cuando la central eléctrica no contamina ¿Es cosa mía o todo esto es un despropósito?
La suma totaliza muchos miles de millones de euros que todos los años recauda el gobierno bajo el pretexto, léase hecho imponible, de consumir energía eléctrica. Todos estos miles de millones de euros los pagamos los consumidores, escondidos en unas facturas incomprensibles. ¿No es evidente la doble imposición? Incluso la triple o cuádruple, pues en muchos casos, como se mencionaba, unos impuestos forman parte de la base imponible de los otros, por lo que acabamos pagando impuestos por los impuestos que ya hemos pagado.
Dado este escenario está claro que el problema no es que las empresas del sector energético, el famoso oligopolio -Naturgy, Iberdrola, Endesa, Repsol, etc.- sean sanguijuelas que abusan de su poder económico para imponerse al consumidor, a pesar de que nos llevan educando en esa idea desde hace décadas. Recuerden, por ejemplo, al abyecto personaje del señor Burns y su contaminante central nuclear en la serie de dibujos animados “Los Simpson”.
Sin embargo, eso es desviar el tiro porque quien realmente abusa de su poder legislativo es el gobierno para esquilmar nuestros bolsillos señalando a las empresas como culpables. Y, eso sí, cuando la tensión social se eleva, entonces aprueban medidas populistas, como los 20 céntimos por litro de gasolina que nos “regalaron” durante algunos meses o la rebaja del IVA de la factura. Por cierto, medidas financiadas con el impuesto al CO2, cuya recaudación se ha triplicado.
El último disparo -o disparate- llegó hace un año. La Ley 38/2022, creaba el gravamen temporal energético por el que las grandes compañías del sector, entre las que están evidentemente las eléctricas, tienen que ingresar en la Administración General del Estado, en los años 2023 y 2024 el 1,2% de su facturación en España.
Lo primero que llama la atención es la denominación de gravamen, cuando de lo que se trata clarísimamente es de un impuesto, aunque se defina como prestación patrimonial de carácter público no tributario. ¿Entonces, qué es si no es un tributo? ¿Es una confiscación? Además, de que el gravamen no se considera gasto deducible en el impuesto de sociedades, por lo que las compañías tributarán el 25% de impuesto de sociedades, también por ese 1,2% de su facturación que les detraen.
No sé si el gobierno pretende confundir a los ciudadanos y a los jueces, pero en mi opinión, ni siquiera unos tribunales que no han visto una doble imposición en el cóctel de tributos que antes he enumerado, pueden dejar pasar este “gravamen”.
Es verdad que la Unión Europa ha aprobado en el Reglamento UE 2022/1854 una “contribución solidaria temporal”, que tampoco sabemos si es un tributo o una confiscación, pero lo que sí sabemos es que al menos no grava la facturación integra, sino únicamente los sobre beneficios derivados de las puntas de precios energéticos de 2022 y 2023.
El resultado de todo este sinsentido es que las empresas han lanzado el mensaje de que en estas condiciones dejan de invertir en España, porque hacer negocio aquí no es rentable. Parece que, ante este órdago, el gobierno se ha tentado las prendas y podría modificar o dejar en papel mojado el gravamen. Y es que ni siquiera todo el gobierno está de acuerdo con este impuesto, así que asistiremos a los diferentes combates entre Calviño, Díaz y Ribera, sobre los que, por cierto, el PP tendría algo que decir. Veremos quién gana la pugna y si el impuesto se acaba derogando por KO técnico.
En cualquier caso, el mal ya está hecho, la inseguridad jurídica del sector es elevada y creciente; y eso tiene consecuencias en una transición cada vez más compleja. No es casualidad que, en las dos últimas subastas de Régimen Retributivo Específico para instalaciones de producción de electricidad de origen renovable, solo se adjudicaron el 31% y el 1,3% de la capacidad subastada. Vamos, que el gobierno hace bien en creerse la amenaza.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
