De la llamada tasa Google se viene hablando desde hace más de un año. Pedro Sánchez se la sacó de la chistera en la pasada legislatura e incluso la incorporó al proyecto de presupuestos que nunca vieron la luz por la doble convocatoria de elecciones del año pasado. La tasa en cuestión lleva el nombre del gigante de las búsquedas, pero no le afectará sólo a él, también recaerá sobre otras empresas como Facebook o Amazon, es decir, los que hacen negocio con la publicidad online segmentada en función del usuario que la esté viendo. Lo han denominado tasa, pero no lo es, se trata de un impuesto. Una tasa ha de corresponderse con un servicio que el contribuyente recibe y que se está pagando con esa tasa como, por ejemplo, la tasa de la basura o la que pagan los propietarios de los restaurantes para poner mesas en una plaza.
El importe de la misma es un 3% sobre los ingresos obtenidos por la publicidad y se aplicará sólo a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Esto, en principio, eximiría a todas las pymes, pero no es exactamente así por mucho que el Gobierno se empeñe en insistir en ello. España está llena de pequeñas empresas que, precisamente por su reducido tamaño, se valen de la infraestructura de las grandes, ya sea para anunciarse o para vender directamente sus productos. Una buena parte de lo que vende Amazon no lo sirve esa empresa, sino terceros que utilizan una plataforma a la que denominan marketplace.
Gracias a programas como este muchas pequeñas empresas españolas han podido mantenerse con vida, internacionalizarse y exportar, algo que por su tamaño les era completamente inalcanzable
Esto ha permitido a miles de microempresas de todos los rincones de España acceder a un mercado inmenso. No ya nacional, sino global, porque Amazon vende en los principales mercados del mundo como si fuese una sola tienda. Así, una empresita de Málaga o de La Coruña que vende artesanía puede exponer sus productos en un escaparate por el que pasan a diario millones de personas de varios países. Amazon pone la plataforma de comercio electrónico y a cambio se lleva una comisión. Gracias a programas como este muchas pequeñas empresas españolas han podido mantenerse con vida, internacionalizarse y exportar, algo que por su tamaño les era completamente inalcanzable. De modo que los primeros en sentir el impacto serán estas pymes que, por lo demás, ya pagan los impuestos que les corresponden, que no son precisamente bajos porque España es uno de los países con mayor presión fiscal del mundo.
Como vemos, se viene abajo con estrépito el relato maniqueo del Gobierno, según el cual la 'tasa Google' sólo afectará a grandes y perversas multinacionales, corporaciones sin alma que no tributan lo que deben. Lo cierto es que Google, Amazon o Facebook pagan el grueso de sus impuestos en Estados Unidos, que es donde se encuentra su sede central, del mismo modo que Siemens donde más tributa es en Alemania, Fiat en Italia y Repsol en España. Los impuestos extras que les pongan los repercutirán hacia abajo de modo que quien va a terminar pagando la 'tasa Google' no será Google, sino sus clientes españoles, muchos de ellos pequeñas empresas que, mediante esfuerzo e ingenio, tratan de abrirse camino en la economía digital, esa misma que el Gobierno dice apoyar hasta con un ministerio dedicado a ello. Sobre los clientes corporativos de Google la tasa también resbalará como una gota de agua en una botella y pasará al siguiente eslabón de la cadena, el consumidor final. En el camino les habrá restado competitividad y se lo pondrá más difícil de lo que ya lo tienen, erosionará sus beneficios y como última consecuencia reducirá la recaudación por Sociedades.
Luego hay otro elemento que el Ejecutivo parece no considerar. Las empresas en este negocio pueden también deslocalizarse, es decir, llevarse la publicidad o el marketplace a operadores que ni siquiera tienen sede en España y a los que no se les puede hacer tributar. Ese es el caso de la china Alibaba, que estuvo vendiendo en España durante años hasta que decidió abrir su primera oficina en Madrid hace sólo unos meses.
Con la 'tasa Tobin', denominada así en honor a un economista estadounidense que fue el primero en enunciarla (aunque no en la forma en la que se ha terminado aplicando), pasa algo similar. En España gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas cuya capitalización bursátil supere los mil millones de euros, es decir, prácticamente todo el IBEX 35. Un 0,2% puede parecernos muy poco, y lo sería si se tratara, por ejemplo, de un incremento en el IVA o el IRPF, pero las compraventas de acciones suelen llevar muchos ceros detrás y cada día se intercambian por millones. Así que si aplicamos ese 0,2% a cien millones de euros, que es calderilla en términos bursátiles, habría que pagar 200.000 euros.
Lo previsible es que el parqué madrileño se quede seco como le sucedió al de Estocolmo cuando Olof Palme introdujo una tasa Tobin del 0,5% en 1984. Aquello fue como una bomba atómica
En la Bolsa española se negocian cada año unos 500.000 millones de euros en renta variable, luego es sencillo hacer estimaciones de cuánto van a sacar de ahí. O quizá no tanto, porque esto afecta a empresas españolas en la Bolsa española, no a lo que estas empresas negocien en el extranjero. El Santander ya cotiza a un tiempo en Madrid y en Nueva York, el BBVA en Madrid, en Nueva York y en Ciudad de México, IAG en Madrid y en Londres, ArcelorMittal en Madrid, en Nueva York, en Luxemburgo y en París. Lo previsible es que el parqué madrileño se quede seco como le sucedió al de Estocolmo cuando Olof Palme introdujo una 'tasa Tobin' del 0,5% en 1984. Aquello fue como una bomba atómica. Hubo mercados enteros como el de opciones o el de futuros que desaparecieron. Las empresas suecas simplemente se marcharon a negociar a Londres, por lo que en 1991 la abolieron y el volumen de negociación recuperó el tono en cuestión de un par de años-
Algo de esto es lo que le espera a la Bolsa de Madrid, lo que tendrá repercusiones muy negativas en el ahorro y la inversión. El Gobierno verá, además, como le sucedió a los socialdemócratas suecos, que recauda mucho menos de lo esperado y para cubrir esos ingresos previstos irá a por otras figuras más fiables como el IVA o el IRPF. Ahí escaparse es mucho más complicado, pero tanto la una como la otra recaen directamente sobre los trabajadores, que verán como el Ejecutivo les saca más dinero del bolsillo. Deberían ir preparando ya la coartada porque falta les va a hacer.
