El vesánico ataque del terrorismo yihadista en Barcelona y en Cambrils ha vuelto a poner en evidencia, como ya lo hizo en su día la tragedia del 11-M, la incompetencia, la baja calidad humana y moral y la falta de inteligencia de nuestros políticos municipales, autonómicos y nacionales.
Pese a que la gravedad de los hechos acaecidos y el obligado respeto al dolor de las víctimas y de sus familias demandaban altura de miras, nobleza de espíritus y ejemplaridad de comportamientos, no han podido evitar mostrar su mediocridad, su mezquindad y su rastrera ambición lanzándose a la charca fétida de las polémicas estériles, los reproches mutuos y los intentos ominosos de capitalizar en provecho de sus respectivos intereses electorales el dolor y la desesperación provocados en los ciudadanos por actos de barbarie tan crueles.
Consejeros, sindicatos policiales, alcaldes, portavoces gubernamentales y demás ralea han rivalizado criticando a otros, eludiendo responsabilidades, encasquetando fallos a quién se pusiese a tiro y tratando de aparecer en la foto con la mejor imagen en detrimento de la de sus competidores en las urnas. Un cuadro, más que lamentable, repulsivo.
Hay un aspecto de este drama que, aunque conocido e identificados sus efectos negativos en otros contextos, conviene destacar, sobre todo en momentos en los que está desatada en Cataluña una ofensiva muy intensa y sostenida contra la vigente Constitución y contra el Estado de Derecho. Se trata de la ineficacia estructural de una distribución tan descentralizada del poder como la que distingue a nuestro tinglado territorial.
Tres deficiencias notorias de los mecanismos de actuación ante un atentado terrorista aparecidas estos días así lo demuestran. La primera, la renuncia deliberada a acudir en consulta al Ministerio del Interior por parte de los Mossos d´Esquadra al ser requeridos por la policía de Vilvoorde sobre el organizador y cerebro de la trama urdidora y ejecutora del ataque, Abdelbaki Es Satty. Si se hubiera pedido esa información a los servicios centrales, las autoridades catalanas habrían sabido del peligro que encerraba el susodicho individuo por sus antecedentes de radicalismo islamista. Ese contacto no se realizó y Es Satty pudo trabajar cómodamente durante meses adoctrinando a sus imberbes colaboradores y preparando la logística del atentado.
Si se hubiera pedido esa información a los servicios centrales, las autoridades catalanas habrían sabido del peligro que encerraba el terrorista
La segunda, la negativa de los mandos de la policía autonómica a que los TEDAX de la Guardia Civil investigasen los restos de la explosión de la casa de Alcanar en la que el comando estaba montando bombas de gran potencia destructiva para detonar en monumentos representativos de la Ciudad Condal con la intención de causar centenares de muertes. Pese a que la juez encargada del caso expresó sus dudas sobre la atribución de la explosión a un simple laboratorio de fabricación de drogas y a la reiterada oferta de la Benemérita a colaborar, el deseo obsesivo de separación de España impidió un diagnóstico certero que los expertos de la Guardia Civil sin duda hubieran proporcionado desencadenado una serie de acciones que quizá habrían interrumpido el curso de la catástrofe.
La tercera, la insuficiencia de los controles establecidos por los Mossos tras el atropello múltiple de Las Ramblas, que no pudo parar la huida de Younes Abouyaakoub y su participación en el ataque de Cambrils. Si se hubieran desplegado también la policía local barcelonesa y los cuerpos estatales, la jaula hubiera sido más tupida y el terrorista no la habría eludido con la facilidad con la que lo hizo. Tampoco cabe olvidar, dentro de este planteamiento, el cruce de correos entre el policía local de Vilvoorde y su colega catalán, sin que al belga se le ocurriese contactar a sus servicios federales, lo que habría elevado el nivel del asunto a cuerpos y servicios dotados de una capacidad y una información muy superior. Las sospechas sobre Es Satty se habrían calibrado de forma mucho más efectiva.
No deja de ser llamativo, asimismo, que una alcaldesa simpatizante de okupas y con ribetes anti-sistema pueda decidir sobre medidas de seguridad física en espacios públicos sensibles pasando por encima del criterio del Ministerio del Interior. ¿Qué jerarquía en la toma de decisiones es esa que pone en manos de una indocumentada la evaluación de riesgos de que en Barcelona se coloquen barreras contra vehículos pesados manejados por asesinos después de lo sucedido en Niza y en Londres?
No deja de ser llamativo que una alcaldesa pueda decidir sobre medidas de seguridad física en espacios públicos sensibles por encima de Interior
Se alegará, por supuesto, que hay en el mundo otros Estados federales como Canadá, Alemania o Estados Unidos, a los que no se puede calificar de ineficaces en la lucha contra el terrorismo, pero aquí no estamos hablando del federalismo como categoría abstracta, sino de la forma concreta de funcionar y de organizarse de determinados países. Y es obvio que la maraña disfuncional, dilapidadora y absurda de las Administraciones en España -y algo parecido sucede en Bélgica- es un obstáculo a la hora de prevenir ataques terroristas y de reaccionar correctamente una vez perpetrados.
Sabíamos que el galimatías competencial, lingüístico, financiero y jurídico de las Autonomías nos ha endeudado hasta las cejas, nos ha dividido hasta el enfrentamiento y nos resta eficiencia económica hasta extremos grotescos, pero tras los luctuosos acontecimientos de Barcelona y Cambrils del pasado diecisiete de agosto sabemos que hay ocasiones en que también pone en peligro nuestras vidas.
