Esta semana se han cumplido cuatro años desde la adhesión de España a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un compromiso que involucró a los Jefes de Estado de los países miembros de la Organización y que supuso una llamada de atención a la necesidad de cambiar el modelo productivo, girando hacia otro que nos permita alcanzar un crecimiento económico inclusivo con el medioambiente y la reducción de las desigualdades. Esto no supone un cambio de paradigma, pues, al fin y al cabo, la esencia de la ciencia económica no es otra que la asignación eficiente de los recursos escasos de una sociedad en la que la creciente intensidad de consumo presiona a la baja sobre unos recursos naturales que cada año son consumidos en menos tiempo.
En estos cuatro años, el camino seguido por España para lograr el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no ha estado exento de altibajos, con un impulso inicial que paulatinamente se fue desinflando hasta que, en junio de 2018, semanas antes del examen voluntario al que España se sometió en Naciones Unidas, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Este incluyó el nombramiento de un Alto Comisionado para la Agenda 2030, un Consejo de Desarrollo Sostenible y, recientemente, la Comisión mixta en las Cortes para su seguimiento.
Sin embargo, la inestabilidad política, que tan negativos efectos tiene sobre las decisiones de inversión de los agentes económicos, no ha ayudado a completar este proceso. Queda pendiente la finalización de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, la aprobación de leyes tan importantes como la de Cambio Climático y Transición Ecológica, o la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de los recursos necesarios para su consecución, tal y como ponía de manifiesto en enero la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado. Se ha perdido tiempo en el avance en este importante camino en el que se encuentra inmersa la humanidad.
No obstante, la consecución de los ODS no solo implica a los Gobiernos, sino que también es un trabajo que involucra a todos los actores de la sociedad. De hecho, las familias y empresas tienen mucho que decir. En este sentido, nos alegra observar cómo el escepticismo sobre el cambio climático no ha calado en la sociedad española: apenas un 2% de los ciudadanos no cree que exista frente al 15% de EE.UU. Además, cada vez es mayor la concienciación de las empresas en cuanto a la necesidad de adaptar sus procesos productivos hacia modelos más eficientes y respetuosos con el medioambiente.
Contrato social
También es creciente el número de entidades financieras que, desde 2018, se han adherido a los Principios de Banca Responsable que, entre otros, buscan el fomento de inversiones respetuosas con los principios ESG. En este contexto, desde Axesor Rating consideramos que las agencias de rating también jugamos un papel fundamental en esta nueva concepción de las finanzas, no solo por nuestra posición como firmantes de los Principles for Responsible Investment de la ONU desde 2017, sino también por nuestro convencimiento de que los principios ESG (Medioambiente, Sociedad y Gobernanza, por sus siglas en inglés) deben ser considerados en el análisis de la solvencia de los diferentes emisores.
En definitiva, nuestra sociedad se encuentra inmersa en un importante camino en el que esperamos alcanzar un nuevo contrato social que exige grandes compromisos para su consecución, siendo importante que la Agenda 2030 se convierta en el faro que guíe todas las políticas (públicas y privadas), ya que de lo contrario será difícil abrazar con éxito los ODS en poco más de diez años, todo un desafío para nuestra generación y una deuda pendiente con las generaciones venideras.
