No se puede entender ni abordar la cuestión lingüística en España al margen de la cuestión social que implica la inmersión. En Cataluña las familias castellanohablantes, cuya renta es menor a la media, han sido los conejillos de indias de uno de los mayores proyectos de ingeniaría social, la Agenda 2000 de Jordi Pujol. El principal objetivo de la inmersión es identificar a la lengua catalana como la única legítima en Cataluña, expulsando al español de la vida pública. Quedaron así atrapados los castellanohablantes en una maquinaria nacionalista que entendía la lengua como objetivo político y no como enseñanza.
La inmersión no es un modelo de éxito para nadie que no tenga un chiringuito lingüístico. Tampoco para los catalanoparlantes. Avergüenzan y apenan, según el caso, las faltas de ortografía y las dificultades para expresarse en español de políticos nacionalistas. ¿Qué clase de necio puede creer que domina mejor una lengua, que apenas estudia una hora a la semana, que un niño de Zamora? Los exámenes de castellano los realizan en catalán, por cierto.
Afirma Joan Mena, diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem, que “los castellanohablantes somos los principales interesados en el modelo de inmersión lingüística”. Dejando a un lado su exhibición de servilismo al nacionalismo más xenófobo de Europa, me recordó la campaña que se hizo en los colegios de Cataluña en los años 80 a las familias castellanohablantes: “Lo mejor para vuestros hijos es dejar el español para el ámbito familiar, se tienen que integrar”. Les hicieron creer que no estudiar en su propia lengua, el español, les abriría puertas. Padres de familias humildes asumieron que sus hijos adquirirían un mejor estatus social si hablaban en un buen catalán, con convicción, relegando todo rastro de español.
Padres de familias humildes asumieron que sus hijos adquirirían un mejor estatus social si hablaban en un buen catalán, con convicción, relegando todo rastro de español
Las consecuencias de la inmersión han sido bien distintas de aquellas promesas de prosperidad. Desde la Ley de normalización Lingüística de 1983, las familias castellanohablantes pudieron observar una doble realidad. Por un lado, los dirigentes convergentes y socialistas no utilizaban ese 'modelo de éxito' para sus propios hijos. Los escolarizaban en caros colegios privados que ellos jamás se podrían permitir. Estudiaban en español, catalán y otras lenguas extranjeras, adquiriendo y perpetuando las oportunidades de desarrollo profesional y personal que su renta les ofrecía y que sus hijos no tendrían.
Por otro lado, comprobaron cómo sus hijos tenían mayores dificultades de aprendizaje y peores notas que aquellos que estudiaban en su lengua materna, en catalán. Esto suponía una tasa de abandono escolar entre los castellanohablantes muy superior. La ideologización del catalán provoca que muchos niños se sientan inferiores o peor estudiantes que los catalanoparlantes, con las severas consecuencias que ello acarrea en su desarrollo. Muchos no accedieron a la Universidad o no lo hicieron en la carrera deseada por una media inferior en sus calificaciones. La inmersión, aceptada para que sus hijos tuviesen oportunidades en Cataluña, era en realidad la destrucción del único ascensor social que tiene alguien de familia humilde y trabajadora, la educación. Esto afecta también a las oportunidades en el resto de España. La inmersión supone una verdadera frontera lingüística.
Acoso sin compasión
La única perspectiva correcta a la hora de analizar la inmersión es tener en cuenta que detrás de este proceso, hay niños y familias con historias de injusticia y sufrimiento. Vidas destrozadas por defender los derechos lingüísticos de sus hijos, como la ocurrida en el pueblo leridano de Balaguer. En el 2015 y en una soledad absoluta y desamparo institucional estatal más clamaroso, una familia tuvo la osadía de solicitar educación en español para sus hijos. El acoso sufrido fue orquestado, asesorado y financiado desde la propia escuela, el Ayuntamiento y la Generalidad de Cataluña. El boicot a su negocio, el vacío social a sus hijos, las manifestaciones de los vecinos ante su casa y todo un despliegue de señalamiento por parte de la TV3. Ésta fue la reacción institucional, ejemplarizante para aquellas familias que quisiesen emprender el mismo camino, solicitar la aplicación de la STC 31/2010. La película Arde Mississippi en su versión catalana.
Las consecuencias de la inmersión se agravan cuando los niños tienen necesidades especiales. Aún recuerdo a esa familia catalana con un hijo sordomudo al que le negaron un logopeda en español. Sin compasión.
Lo trágico es que la supresión del español como lengua vehicular no cambia la realidad catalana. Supone dar un posible amparo legal a todos aquellos que no están cumpliendo la legalidad. También abre aún más las puertas al resto de las regiones con idiomas cooficiales para que imiten el modelo catalán.
Ana Losada, presidenta de Asamblea por un Escuela Bilingüe, acudió al Parlamento Europeo para explicar el estudio que su asociación había realizado sobre la realidad de las escuelas catalanas. Se analizó el 96% de los centros. Se descubrió que ninguna de ellas ofrece educación en español. En 126 colegios se impartía, además de la clase de lengua española, una asignatura en castellano, educación física. En el Parlamento Europeo quedaron estupefactos y alarmados.
Esta situación, para la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, es un “avance garantista en plurilingüismo”. Acusa de 'derecha identitaria con fines de guerra cultural' a quien cuestione la eliminación del castellano como lengua vehicular.
Nadie del PSOE niega que dicha enmienda a la Ley de Educación ha sido aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con ERC. El PSC mostró una cierta sorpresa interna ante la medida. El motivo no es la discrepancia, sino la ventaja electoral que supone para su directo rival en las elecciones catalanas haber eliminado el español como lengua vehicular. Recuerdo que un supuesto motivo de Ciudadanos para apoyar con persistencia a Sánchez era alejarle de ERC. Más lejos y ofrecerán un ministerio a Rufián. Política útil, lo llaman. Pero, ¿para quién?.
Que esta iniciativa se haya aprobado en un contexto de negociación presupuestaria hace que sea triste e injustificable a partes iguales que Ciudadanos, partido que nació para defender a las víctimas de la inmersión, siga por ahora en la foto de los Presupuestos. Desluce el trabajo que llevan a cabo en Europa personas como Maite Pagaza o Jordi Cañas. “Lo hacemos para salvar vidas y empleos”—afirma Edmundo Bal. Proponen medidas anunciadas por el Gobierno hace meses, gasto sanitario y ayudas sociales. Con ese mensaje sólo contribuyen a difundir, punto por punto, la propaganda de Iván Redondo de identificar a Sánchez e Iglesias con “salvar vidas y empleos”, cuando es justamente lo contrario. “Se consiguen cosas estando cerca del poder”, añaden. Queda claro qué cosas no pretenden conseguir acercándose a Sánchez. Por ejemplo, evitar el abandono escolar de los niños castellanohablantes y sus familias que no pueden marcharse de Cataluña. Se puede estar de acuerdo o no, pero es indudable que resulta imposible salir indemne del abrazo a un monstruo. Sería bueno que al menos nos ahorrasen justificaciones inverosímiles llenas de soberbia. No ayuda a la ya maltrecha credibilidad de Inés Arrimadas. ¡Qué tristeza! ¿Sólo nos queda Europa?
