Una de las cualidades que deben predicarse de cualquier Estado democrático y de Derecho es la confiabilidad del ordenamiento jurídico. Para que los ciudadanos puedan desarrollarse libremente tanto económica como socialmente, necesitan poder predecir cómo actuarán los poderes públicos en la aplicación de la norma. La seguridad jurídica va indisolublemente unida a la libertad y a la igualdad ante la ley. Su némesis es la arbitrariedad. Porque el poder sin cortapisas y sin control es, por definición, injusto y arbitrario.
Que ante una situación excepcional el Gobierno de la nación decrete el Estado de Alarma es algo que los españoles podemos prever, pues es uno de los mecanismos que contempla nuestra Constitución para defenderse a sí misma y al conjunto de la ciudadanía. También podemos representarnos con meridiana claridad que, durante la vigencia del escenario de excepcionalidad, el Ejecutivo concentrará en torno a sí mismo poderes y facultades que le legitimarán para suspender algunos derechos y libertades. Asumimos también que la finalidad de esta previsión normativa es dotar de capacidad de respuesta a nuestros gobernantes para poner fin a una grave alteración la normalidad, como puede ser una crisis sanitaria. Todo por mor de la seguridad jurídica.
Sólo en dos ocasiones se ha decretado el Estado de Alarma. Las dos, bajo el mandato de un gobierno socialista. Pero mientras que la primera, la de los controladores aéreos, se solventó de forma relativamente ágil con una actuación contundente del Ejecutivo, en esta crisis sanitaria generada por el coronavirus, el gobierno de coalición anda como pollo sin cabeza. Toda su actuación está marcada por la ausencia de previsión, la irresponsabilidad, la propaganda ideológica, la improvisación y la mentira.
Pero las desgracias nunca vienen solas, y todo el cóctel anterior encuentra cumplido reflejo en el BOE. En una situación en la que los ciudadanos hemos entregado nuestras libertades al poder y le hemos dejado disponer de nuestro día a día a cambio de salud y certezas, éste nos lo paga con inseguridad jurídica, eslóganes baratos y ruedas de prensas adulteradas. La pandemia sanitaria ha puesto al descubierto las carencias formativas y de gestión del gobierno liderado por Su Persona y su enorme culto a la desinformación y el relato como encubridor de la falsedad.
Al estado de alarma generado por el virus, se suma un estado de inseguridad jurídica del que es único responsable el Gobierno
Para muestra, el espectáculo político representado este fin de semana. Primero, anunciando que el Gobierno había prohibido el despido. Se conoce que como los malvados empresarios siguen enriqueciéndose a pesar de que por ley se les prohíbe desarrollar su actividad, hay que evitar que dejen a sus trabajadores en la calle aprovechando lo del coronavirus como excusa. Ni que decir tiene que no prohibieron despedir, sino que limitaron las causas de despido y, en consecuencia, encarecerlo. Como no puede ser de otra forma, el efecto que tendrá esta norma será el contrario al anunciado: no sólo no va a evitar despidos, sino que será causa de un mayor número de ellos como consecuencia del cierre de muchas empresas ante la imposibilidad de extinguir los contratos de solo parte de la plantilla.
Otro gran hito del despropósito lo encontramos en el anuncio de Pedro Sánchez de reducir la movilidad creando un permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no presten servicios esenciales. El sábado por la tarde, Sánchez compareció frente al teleprónter y ante el pueblo español para anunciar que el objetivo del gobierno era endurecer el confinamiento, limitando las actividades económicas y laborales autorizadas. Dijo Sánchez que la medida entraba en vigor el mismo lunes y se remitió al listado de actividades consideradas esenciales contenidas en la norma.
A la mañana siguiente, el domingo, se anuncia que se ha aprobado el Real Decreto que contiene esta medida por el Consejo de Ministros, pero ni rastro de la misma en el BOE. Millones de ciudadanos pendientes de saber si el lunes 30 de marzo tienen obligación de acudir al trabajo o no. No es hasta que apenas faltan 20 minutos para la entrada en vigor de la norma que ésta aparece publicada. Al parecer, había desavenencias en el seno del Gobierno respecto a un texto que se supone que habían aprobado horas antes . Pero lo más lamentable de todo es que, ni tras darle publicidad, se pone coto al desconcierto y a la inseguridad. Al contrario: ésta se agrava dado que la norma no incluye en su ámbito subjetivo de aplicación a los trabajadores por cuenta propia, a los autónomos.
Si el coronavirus se ha revelado como un enemigo para nuestra salud, este gobierno está demostrando ser un auténtico peligro para nuestros trabajos y nuestros bolsillos
Es evidente que un autónomo no se iba a retribuir a sí mismo el permiso, ni tampoco a recuperarlo porque no tenemos horario. Pero qué menos que tenerlos en cuenta en una norma que detalla qué servicios se consideran esenciales y cuales no, aunque sea a los efectos de saber si podrán acudir a su puesto de trabajo en una situación tan grave como la que atravesamos. Más aún cuando cabe la posibilidad cierta de que el trabajador se enfrente a importantes sanciones económicas en caso de incumplirla. Porque el autónomo no trabaja por cuenta ajena, pero es un trabajador.
Al estado de alarma generado por el virus, se suma un estado de inseguridad jurídica del que es único responsable el Gobierno. Ni recortes del PP, ni el neoliberalismo, ni las autoridades científicas, ni la UE: única y exclusivamente el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez
El esperpento es tal que, en algunos momentos, podría pensarse que se trata de la escenificación de un show al que los ciudadanos asistimos no como público, sino como principales perjudicados. Mientras el Gobierno perpetra su actuación, determinada prensa servil nos intenta convencer para que aplaudamos las hazañas del Presidente en su épica batalla para protegernos del virus. Pero no hay campaña de peloteo, por muy institucional que ésta sea, que aguante la imagen de Sánchez como un Cid Campeador. Porque si el coronavirus se ha revelado como un enemigo para nuestra salud, este gobierno está demostrando ser un auténtico peligro para nuestros trabajos y nuestros bolsillos. Que no les quepa duda que cuando la pandemia sanitaria acabe, comenzará la batalla contra la pandemia económica y política inoculada en nuestra sociedad por este nefasto gobierno de coalición.
