La semana pasada, la ONG Amnistía Internacional publicaba un informe que llevaba por titulo "Israel, un Estado Apartheid", haciendo una analogía entre la Sudáfrica racista y el actual Estado de Israel. La realidad es que la comparación no puede ser más desafortunada ya que, como voy a demostrar a continuación, las situaciones no son en absoluto comparables.
En primer lugar, mientras la Sudáfrica racista nunca fue un régimen democrático, Israel no solo lo es, sino que además lo ha sido desde su creación. Esta afirmación merece ser sustentada en datos objetivos. Si acudimos a dos de los principales índices que miden la calidad de la democracia -Fredoom House y Polity IV- vemos que ambos coinciden en afirmar que la Sudáfrica Blanca siempre fue un régimen no democrático y que Israel nunca dejó de ser considerada como una democracia. Para Freedom House, desde 1973 hasta 2022 Israel es considerado como un FREE, mientras que Sudáfrica solo obtiene esta calificación desde 1993, es decir desde que el régimen de apartheid fue derribado.
Si acudimos a Polity IV la Sudáfrica del Partido Nacional (1948-1999) era calificada con una nota de 4 sobre 10, mientras que Israel se movió entre el 9 (1967-1999) y 10 (1948-1967 y 1999-2022), siendo ésta lo máximo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la naturaleza política del régimen, no es ni mucho menos comparables ya que Israel se mueve entre Full Democracy y Democracy y Sudáfrica solo es calificada de Open Anocracy.
En segundo lugar, la situación de la población supuestamente marginada tampoco es comparable. El régimen sudafricano promulgaba la separación física de las comunidades, así como la prohibición de los matrimonios mixtos e incluso de las relaciones sexuales. Así, el 21% de blancos marginaba al 70% de población negra que vivía en el país. En Israel, el 21% de la población que es árabe tiene absoluta libertad para moverse por el país y los matrimonios mixtos son una realidad diaria. Por otro lado, los sudafricanos negros se educaban en colegios segregados, tenían que usar autobuses diferentes, debían acceder a los edificios públicos por otras puertas y, desde luego, no tenían derechos políticos. En Israel esta situación es impensable y lo voy a demostrar con algunos ejemplos concretos.
Por un lado, la Universidad Hebrea de Jerusalén recientemente nombró vicerrectora a Mona Koury Kassabry, una catedrática de trabajo social de etnia árabe. Por otro lado, el Hospital más importante del país, el Hadassa cuenta con una doctora árabe -Shadan Salamed- como directora del Servicio de Urgencias. En esta misma línea, en el ámbito de la justicia también encontramos ejemplos similares, como el de Abu Assad, quien en la actualidad es juez en la ciudad de Nazareth. Por último, no podemos dejar de mencionar que en Israel el transporte público no solo no está segregado, sino que además los letreros de los autobuses de las principales ciudades de Israel están en las dos lenguas oficiales de Israel, el hebreo y el árabe.
Por último, hay que desmentir una afirmación que se hace en el informe: los palestinos no tienen derechos políticos. Desde el año 1948, un total de 98 diputados árabes han obtenido asiento en la Knesset. Algunos como Tawfik Toubik estuvieron presentes en un total de 12 legislaturas, lo que le convierten en el parlamentario que más veces ha sido elegido diputado solo detrás del legendario Simón Peres. Además, algunos políticos árabes como Salah Tarif, Jabr Moade o Raleb Majadele formaron parte de los ejecutivos israelíes como ministros o viceministros. En el actual Gobierno, no solo encontramos ministros árabes como Issawi Frej (Meretz), sino que partidos islamistas vinculados a los Hermanos Musulmanes, como el Raam, forman parte de la coalición gubernamental. Si equiparamos esta situación con la que vivieron los líderes negros en la Sudáfrica racista, vemos que la comparación no se sostiene, sobre todo si pensamos en los 27 años que pasó Nelson Mandela en la cárcel.
Por lo tanto, resulta erróneo considerar que Israel y la Sudáfrica racista sean regímenes comparables. Junto a esta consideración hay que señalar algunos aspectos que aparecen en el informe y que son erróneos. El primero de estos aspectos es la afirmación de que Gaza está ocupada militarmente por Israel, porque el ejército israelí se retiró de la Franja en 2005. Desde entonces, los gazatíes disfrutan de plena soberanía aunque desde 2007 dicha soberanía está en manos de Hamás. En segundo lugar, el informe menciona a “la Sociedad Civil Palestina”, un concepto cuestionable ya que desde 2006 la Autoridad Nacional Palestina no convoca elecciones.
En tercer lugar, el informe cuestiona la Ley de Retorno o lo que es lo mismo, la concesión de la ciudadanía israelí a todo aquel que pueda demostrar que es judío o que decida convertirse al judaísmo. Esta política de concesión de la ciudadanía es similar a la de otros estados como Alemania, EEUU o España, donde se concede la soberanía siguiendo el criterio de ius sanguinis. En este sentido, la ley de retorno no puede ser considerada como un elemento de discriminación, ya que se puede ser israelí y, además, ser musulmán o cristiano.
Para concluir este artículo tenemos que decir que, al igual que le ocurre a muchos estados democráticos como España, Alemania, Estados Unidos y por supuesto Israel, en ocasiones se producen violaciones de los derechos humanos. Esa condición de Estado democrático hace que exista un sistema de tutela judicial que impida que esas violaciones queden impunes. Este sistema de garantías no existía en la Sudáfrica blanca, un país que segregaba a los negros, impedía que ejercieran sus derechos políticos, les obligaba a usar autobuses diferenciados y les impedía estar en las mismas aulas que los blancos. En mi última visita a Jerusalén tuve la suerte que un alumno de doctorado árabe de nombre Yossi me enseñara el hermoso campus que tiene la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Monte Scopus. Esto, nunca hubiera ocurrido en la Sudáfrica del apartheid.
*Alberto Priego es doctor en Relaciones Internacionales.
