Ahora que andamos cabreados en modo no respiro, concediendo y quitando legitimidades a una docena de “magistrados intachables” o ”golpistas con toga”, según el color de nuestro cristal, conviene recalcar alto y claro que cualquier decisión de este Tribunal Constitucional, que acaba de tomar la más difícil, arriesgada, controvertida y discutible en sus 43 años de historia, suspender una votación del Senado, es tan legítima como las de anteriores tribunales de signo conservador; y como las que tome en su día el Constitucional que heredará el PP, seguramente de mayoría progresista.

Esto es así por más que varios de los actuales integrantes, incluido su presidente, Pedro González Trevijano, continúen con un mandato caducado cuyo origen es el colapso del sistema de nombramientos y vacantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo porque desde hace cuatro años Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo en la renovación y se culpan mutuamente de obedecer a intereses espurios. En este escenario, que Trevijano esté en funciones no convierte en ilegítimas las sentencias del alto tribunal, gusten o no.

Los socialistas acusan al PP de bloquear la renovación con el objetivo inconfesable de tumbar las leyes de este Gobierno, mientras los populares intentan extender la sospecha de que el PSOE tiene prisa por ir de la mano del independentismo catalán y vasco a un ”proceso constituyente” (sic) por la puerta de atrás... a ver si de una vez quitamos la razón al canciller alemán Otto Von Bismarck, a quien se atribuye, cierta o no, una frase que nos retrata como pocas: ”España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido".

Hasta Feijóo se ha visto obligado a bajar el souflé ante la Junta Directiva Nacional del PP cuatro años después de las elecciones, recordando una obviedad: Pedro Sánchez es el “presidente legítimo” de todos los españoles aunque no guste

Si, así de tremendista se presenta el panorama en la última semana de 2022, por más que siga saliendo el sol, agua del grifo y los semáforos funcionen, y que todo esto suene a inconfundible hiperventilación electoral aprovechando los errores del adversario; a saber, el Gobierno martilleando contra la injustificable actitud del PP de no renovar, y este deslizando la idea de que como sigamos en esta deriva acabaremos siendo una autocracia tal que la Hungria de Viktor Orban.

Cómo será la cosa, cuan inflamada no estará la opinión publicada -no la pública, que es usted, estimado lector- que Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a bajar el souflé ante la Junta Directiva Nacional de su partido, recordando casi cuatro años después de las elecciones lo obvio: que “Pedro Sánchez es un presidente legítimo”…eso sí, tomando decisiones ”que no lo son”.

El problema, tanto de ese juego de palabras de Feijóo, como el de Sánchez en su declaración desde La Moncloa, cuando dijo acatar la suspensión de la votación en el Senado aunque haya sido decidida por ”la mayoría conservadora“ (sic) del alto tribunal es que, so pretexto de desgastar al adversario político o judicial, se acaba deslegitimando toda institución… hoy el Constitucional, mañana quien sabe si este Gobierno elegido democráticamente en las urnas o los ”fascistas” que se le oponen en el Parlamento.

¿Han pensado bien los teóricos del desacato en la izquierda, con Iglesias al frente de ”la calle”, qué están proponiendo? ¿Quieren que el presidente del Senado actúe como la presidenta del Parlament de Cataluña en 2017, Carme Forcadell, y acabe entre rejas?

Ese juego político, peligroso donde los haya, ha abonado el camino para que, por ejemplo, el otro partido que forma el Ejecutivo, Unidas Podemos, hable ya de ”golpe a la democracia” y proponga desobedecer al Constitucional, así, sin más; tesis la del descato defendida sorprendentemente, por cierto, nada menos que por un ex magistrado del Tribunal Supremo, el profresista José Antonio Martín Pallín, solo porque ha sido tomada por una mayoría conservadora.

¿Habría dicho lo mismo el juez Martín Pallín si alguna autoridad pública hubiera llamado a desobedecer alguna de sus sentencias cuando estaba en ejercicio? ¿Han pensado bien los teóricos de la desobediencia, con ese perejil de todas las salsas en que parece haberse convertido Pablo Iglesias al frente de la autodefensa ”en la calle”, qué están proponiendo? ¿Quieren que el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, que se comporte como la presidenta del Parlament de Cataluña en 2017, Carme Forcadell, que acabó en la cáfcel?

Y, exactamente, los promotores de este delirio desobediente, ¿dónde creen exactamente que debe acabar este conflicto: razonablemente, es decir, con el Gobierno presentando un proyecto de ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional -subsanados ya el defecto de forma de haberlo hecho vía enmienda-, para que sea aprobado entre enero y febrero en sendos plenos extraordinarios de Congreso y Senado, o autodefendiéndonos de nuestros demonios a puñetazos en “la calle”?… Se admiten apuestas.

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