Acaba de salir a la luz un “libro blanco” sobre la fiscalidad firmado por “personas expertas” –no expertos, como exige un buen uso de nuestra lengua– de casi ochocientas páginas, que por coherencia feminista debiera –según ha recomendado irónicamente el presidente de la Real Academia de la Lengua– haber tenido casi el doble, si todas las palabras usadas hubieran recibido la igualdad de trato semántico que tanto le gusta a este gobierno.
Vaya por delante que se trata de un documento exhaustivo y muy coincidente en sus análisis de la estructura impositiva –no en las conclusiones- con otros previos, con el pecado original de ser necesariamente socialista y por tanto confesablemente amigo de esquilmar la riqueza de las personas mas laboriosas, es decir, la inmensa mayoría de la gente. A diferencia del filocomunista Piketty que llega a proponer una fiscalidad personal del 90%, las “personas expertas” se conforman con subirla del 60% actual al 70%.
En un país serio y responsable, cualquier planteamiento de reforma de su imposición fiscal debiera estar necesariamente precedida de un presupuesto “base cero”, que no habiéndose abordado nunca por nuestra Hacienda pública, es hora de llevarlo a cabo amén de convertirse en una reivindicación ciudadana, al menos de los que pagan impuestos sin recibir subvenciones.
El “presupuesto base cero” –PBC– que en lenguaje castizo podríamos denominar “borrón y cuenta nueva”, fue introducido en 1961 por Robert McNamara en el Ministerio de Defensa norteamericano y en 1970 en la empresa Texas Instruments, con objeto de poner fin al tan generalizado como infundado criterio presupuestario de aumentar rutinariamente las partidas de gasto sin pararse a pensar si todas ellas deben ser objeto de aumento, si este debe repartirse por igual o si algunas de ellas deben ser simplemente eliminadas.
Los ciudadanos pagan cada vez más impuestos por los mismos servicios públicos, lo contrario que en el libre mercado en el que la competencia cada vez da más por menos
Las administraciones públicas y sus satélites empresariales no operan con las sanas reglas del mercado; ni compiten con nadie ni se plantean objetivos de mejoras de eficiencia. De este modo el gasto público no solo crece sin parar, sino que además la eficiencia de su uso tiende a decrecer con el tiempo. Los ciudadanos pagan cada vez más impuestos por los mismos servicios públicos, lo contrario que en el libre mercado en el que la competencia cada vez da más por menos.
Es incuestionable en España la necesidad de eliminar partidas y optimizar el gasto público: primero, para reducir la cada vez más insoportable deuda que padecemos ,y segundo, para hacer -como las empresas– más con menos; es decir, mejorar la productividad. Según investigó Juan Miguel de la Cuétara para su libro Los límites del Estado, en el año 2014 el Ministerio de Hacienda tenía contabilizados 18.921 organismos públicos. ¿Alguien duda de la inutilidad de gran cantidad de ellos?
La única referencia directa al gasto se hace al principio del “libro blanco”, asimilándolo a “la democracia”, es de suponer progresista, ejemplarmente ejercitada por el peronismo con los desastrosos y bien conocidos resultados cosechados. Indirectamente, el informe no puede ocultar el exceso de gasto traducido en uno de los mayores déficit fiscales del mundo civilizado. Pero ahí se queda; en una escueta cita, sin más consecuencias.
Las “personas expertas” saben de sobra que en la “literatura” que manejan es imposible encontrar objeción alguna al PBC. Pero si se les obliga a tratar del tema, le quitan importancia con argumentos macroeconómicos del tipo: los ahorros que se conseguirían serían pequeños en comparación con los gastos en pensiones, la sanidad, educación, etc que son las principales partidas presupuestarias del gasto público. Este razonamiento, típicamente progresista, ignora dos cuestiones de mucho peso argumental:
- También deben ser objeto de examen las grandes partidas desde el punto de vista de la eficiencia: hacer más y mejor con menos recursos, justo lo que hacen habitualmente las empresas que compiten en los mercados y también las economías familiares.
- Incluso si los resultados fuesen pobres –algo altamente improbable- es una obligación moral no despilfarrar el dinero público, salvo que se crea que “no es de nadie”…como se llegó a decir….¡en serio!.
El último informe del Instituto de Estudios Económicos analiza, justifica y revela que España podría reducir un 14% su gasto público, mejorando su eficacia y ofreciendo niveles de servicios similares a la media de la OCDE, con un ahorro anual de 60.000 millones de euros. La palabra eficiencia solo la utilizan las “personas expertas” para apelar muy superficialmente a la recaudación; de su aplicación al gasto público, no hay noticia alguna.
Siendo muy poco amigos de la libertad y por tanto del mercado, tienen sin embargo una “fe ciega” en que el crecimiento económico surge naturalmente por arte de magia
Otro gran problema de los progresistas es que no solo están peleados con la eficiencia del gasto; también ignoran deliberadamente el origen de la creación de la riqueza, que da lugar a pagar impuestos. En general, siendo escasamente “creyentes” y muy poco amigos de la libertad y por tanto del mercado, tienen sin embargo una “fe ciega” en que el crecimiento económico surge naturalmente por arte de magia. Desprecian la función empresarial que crea la riqueza y el empleo, y por tanto sus bases impositivas, salvo para establecer todo tipo de obstáculos a su desarrollo.
Llegados a este punto, es evidentemente lógico e incluso aceptado por la “literatura” impositiva al uso progresista, que la manera más sana y sostenible de aumentar los ingresos públicos es mediante el crecimiento de la economía, algo que citan en varias ocasiones las “personas expertas” y que incluso asocian a la innovación tecnológica; eso si, como un mero eslogan a la moda. En ningún caso se enfrentan a la consabida enemistad progresista con la imprescindible libertad de los mercados –todos- en los que operan las empresas, sin la que la innovación se hace muy difícil o imposible de llevar a cabo.
Incluso se refieren las “personas expertas” al problema del desempleo -menores ingresos y mayor gasto público- aunque no para cuestionar la legislación progresista que lo posibilita y acrecienta, ni tampoco para decir claramente que es la principal causa de la desigualdad de rentas que aconsejan evitar con más impuestos, ¡no con más puestos de trabajo!. El desvarío progresista del Gobierno conduce a las “personas expertas” a repetir la ridícula consigna feminista de “la perspectiva fiscal de género”, eso si, sin mayores explicaciones que la obediencia debida.
Hay que agradecer en el “libro blanco”:
- Las referencias –cuantificadas- a la grave inseguridad jurídica que ocasiona la inestabilidad y la proliferación normativa,
- La valoración crítica de los largos plazos de respuesta de la administración tributaria, y
- La denuncia de abusos legislativos como los decretos leyes y las leyes ómnibus, que asuelan nuestra democracia.
Sin embargo, nada dice acerca de:
- La verdadera justicia, frente al falso –por ser jueces y parte– Tribunal Económico Administrativo, que aunque muy tardíamente suele dar la razón a los contribuyentes en más ocasiones que a la administración tributaria.
- El insólito hecho de que la inspección fiscal reciba bonus económicos ¡por cometer delitos!, ya que frecuentemente los tribunales ordinarios de justicia sentencian a favor de contribuyentes perseguidos ilegalmente por una inspección bonificada irreversiblemente.
El resumen ejecutivo del Informe sobre nuestra estructura impositiva no aporta novedades:
- Asume, como otros previos, que la imposición indirecta, la medioambiental y las tasas fiscales recaudan proporcionalmente menos que los impuestos directos y propone subidas en todos ellos.
- Sin embargo, en ningún momento se critica el obvio exceso de imposición a las rentas de trabajo, el ahorro y la inversión, ni por tanto se plantea que disminuya.
Aunque por razones intelectuales a la moda, el “libro blanco” cita como factores muy positivos el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la consecuente mejora de la productividad, ninguna recomendación apunta realmente a favor de ellos, sino todo lo contrario. En plena deriva económica, alejados cada vez más de la tasa potencial de crecimiento de nuestra economía y de la renta per cápita media de la UE, con una tasa de empleo tercermundista, el “libro blanco” -escrito en rojo- apuesta por aumentar indiscriminadamente la presión fiscal medida como % del PIB, sin reparar en que nuestro esfuerzo fiscal -relativo a nuestro nivel de renta- y la fiscalidad efectiva –sin economía sumergida- son de las más altas del mundo. Justo lo contrario que necesita la economía española, según revelan -sin excepción- todos los indicadores.
