Siempre conviene tener a mano a alguien a quien presentar como villano de la trama, echarle la culpa de lo que pasa y hacerle pagar cuando se produzca cualquier estropicio, aunque sea ajeno al mismo. En España ese chivo expiatorio parece ser la banca, que sirve para que los políticos se evadan de los desaguisados, provocados a veces por ellos mismos, para intentar conseguir votos y para exprimir el patrimonio de los accionistas bancarios, muchos de ellos pequeños ahorradores.

Voy a referirme a tres asuntos de actualidad empleados contra el sector: la limitación de las cuotas hipotecarias, el coste del rescate que se blande como una espada de Damocles, y el impuesto a los beneficios supuestamente extraordinarios.

Cuando un cliente contrata una hipoteca puede elegir hacerlo con un tipo fijo o con uno variable y asume un riesgo que, según cómo evolucione el mercado, tiene su contrapartida en mayor o menor coste del préstamo. Lo que no puede ser es que el banco tenga que compensarle si se elige tipo variable y la evolución es desfavorable. Baste recordar que la entidad financiera habrá equilibrado sus riesgos en consecuencia. O que supondría una flagrante injusticia para el que elige tipo fijo, si luego los tipos de interés bajaran. Y que, tras tumbar los tribunales la mayoría de las cláusulas suelo, parece un sarcasmo establecer ahora estas cláusulas “techo” por decreto ley. La verdad es que cuando uno escucha a Podemos argumentar que permitirían un margen pequeño al banco y que así bajaría la morosidad, no sé si produce risa por el esperpento o preocupación porque a nadie sorprendería que este gobierno acabara siendo capaz de hacerles caso. La defensa de los más vulnerables merece menos demagogia y más eficiencia en la búsqueda de soluciones para ayudarles a sobrellevar el escenario que se avecina.

Un diputado de los socios del gobierno (Bildu) decía el otro día que “hay que atreverse a exigir a los bancos que cancelen el alza prevista de las hipotecas. Y, si no quieren, habrá que recuperar el dinero que deben”. Esto me lleva al segundo asunto citado. Algunos todavía no se han enterado de que el rescate bancario de 2012 se produjo en entidades que ya no existen. Y que no fue dirigido a sus accionistas (que lo perdieron todo) sino a los depositantes, que se libraron de perderlo. Los bancos actuales no sólo no fueron objeto de ningún rescate, sino que contribuyeron al mismo pagando importes muy elevados mediante su aportación a los fondos de garantía de depósitos y al capital del banco malo (la Sareb). Además, adquirieron en subasta las entidades quebradas para completar la racionalización y supervivencia del sistema bancario. Uno ya no sabe si a los políticos, y algunos economistas y opinadores, que siguen repitiendo lugares comunes inciertos sobre todo este proceso les cuadra más la calificación de ignorantes o la de cínicos. Quizás ambas ya que desaprovecharon una Comisión Parlamentaria para, en lugar de intentar derivar culpas hacia la supervisión del Banco de España, haber concluido que el origen de aquella crisis estuvo en la injerencia política sobre las Cajas en un negocio no apto para aficionados.

Está por último el tema del impuesto a beneficios extraordinarios. Se suele mezclar con el de las empresas energéticas, pero son muy diferentes. Este último tiene pleno sentido, si hay un aumento enorme de los resultados por una circunstancia absolutamente ajena como es el aumento del precio del gas y del CO2 (aunque el diseño del gobierno español es absurdo al definirse como una tasa sobre ingresos). Pero, en el caso bancario no hay beneficios extraordinarios, por mucho que lo repitan los miembros del gobierno. Lo que hubo fue falta de beneficios ordinarios durante años por los tipos de interés bajos o negativos. Y ahora caminamos hacia una normalización, que tampoco llevará, en absoluto, a tipos históricamente altos ni mucho menos. Pero, también aquí, a muchos de nuestros políticos les da igual. No hay más que ver cómo votaron el otro día la proposición de ley. Y el colmo es que un partido teóricamente algo más serio que los extremistas, como el PNV, también se haya mostrado favorable, con tal de quedarse en el gobierno vasco con su recaudación. En Kutxabank no estarán muy contentos…

En definitiva, parece que a algunos políticos de nuestro gobierno, y a algunos economistas afines, no les gusta mucho que el BCE suba los tipos, aunque sea absolutamente necesario. Algunos están despotricando ya contra ese organismo y se han olvidado muy pronto de que su política monetaria laxa les permitió cumplir sus políticas sociales aumentando el déficit y el endeudamiento del país. Probablemente temen ahora el efecto electoral y lanzan propuestas estrambóticas. No nos sorprende ya. Cualquier cosa cabe esperar después de que un presidente del gobierno, supuestamente doctor en economía, hable de beneficios extraordinarios en los bancos cuando no están ganando ni siquiera el coste de capital. ¿Insolvencia o mala fe? Eso decía él a otro, pero se le puede aplicar…

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