Es la preocupación que embarga a cada día mayor número de españoles. Lo que hace un mes podía calificarse de boutade, una exageración sin paliativos, desde esta semana aparece como una posibilidad que convendría no desdeñar por estrafalaria que parezca, por extemporánea que pueda sonar a la altura de 2018 y en el marco de la Unión Europea. La decisión de Pedro Sánchez de vaciar de competencias al Senado con una treta legalista para obviar el obstáculo que suponía para sus planes de aprobar los PGE para 2019, ha encendido todas las alarmas. Estamos ante un tipo al que no se le pone nada por delante en su afán de hacerse fuerte en el poder. Un amoral sin ningún escrúpulo democrático. Sánchez ha dejado de ser una sorpresa, incluso agradable para quienes estaban hartos de la inanidad de Mariano Rajoy, para convertirse en un peligro para las libertades. Convendría que nadie lo tomara a broma.
Alguien comentaba esta semana en la radio la anécdota vivida en primera persona con Rajoy, cuando el entonces presidente disfrutaba del confort que le proporcionaban los 186 diputados de que dispuso entre 2012 y 2015. Ese alguien le animaba a que tuviera la audacia de cambiar la Ley Electoral. Se trataba de ir a una elección a doble vuelta de forma que Comunidades y Ayuntamientos fuesen gobernados por la lista más votada. Con ese sistema, Manuela Carmena jamás hubiera sido alcaldesa de Madrid. El interlocutor insistía vehemente, puedes hacerlo, tienes mayoría absoluta, y el gallego taimado, nuestro Sancho entonces a lomos del rocín de Moncloa, le respondió que no, que aunque tuviera mayoría en el Congreso un cambio de tanta trascendencia política no se podía hacer sin contar con el visto bueno del PSOE, con la anuencia del PSOE. Esa es la diferencia entre un demócrata pasmado pero respetuoso con la ley, y un aventurero sin complejos decidido a saltarse a la torera cualquier obstáculo legal que se interponga entre él y sus ambiciones.
El Artículo 66 de la Constitución, Título III, Capítulo Primero, dice textualmente que “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables”. De donde se deduce que intentar anular las competencias de una de las Cámaras o de ambas es un atentado contra la soberanía del pueblo español, un golpe más o menos disfrazado contra la propia Constitución que recuerda como dos gotas de agua a otro golpe, el protagonizado por la mayoría separatista del parlamento de Cataluña el 6 de septiembre del año pasado, cuando la tropa indepe impuso una nueva “legalidad” saltándose a la torera la Constitución y el propio Estatuto catalán. “Exigimos al PSOE que, para llegar a un acuerdo de Presupuestos, lo primero que habría que hacer era arrebatarle al PP su último instrumento de poder en España, que es la capacidad de veto en el Senado. Es una anomalía democrática”. Es el texto de un tuit que Podemos ha vuelto a publicar estos días.
Para Podemos, los resultados de las elecciones de junio de 2016 que otorgaron al PP la mayoría en el Senado son “una anomalía democrática” con la que hay que acabar de grado o por fuerza, sin esperar a los resultados de unas nuevas generales. Una concepción típicamente bolivariana de la democracia parlamentaria. “La revolución bolivariana solo triunfará si se extiende por todo el continente americano y, después, por el resto del mundo” (Juan Carlos Monedero). Para nadie es un secreto que la vanguardia podemita, formada y financiada por Irán y Venezuela, sueña con la idea de reproducir esa experiencia revolucionaria en España. Lo desean tanto que su gran líder se ha comprado ya una dacha de 1,2 millones en la sierra de Madrid, en la esperanza de poder recibir el santo advenimiento del desastre colectivo bien pertrechado de comodidades. Es también evidente que el cóctel de partidos populistas-nacionalistas que entronizó en la Moncloa a Sánchez abocaba más pronto o más tarde a la nación, no solo al Estado, a un estrés sin precedentes, agravado por la herida abierta de un problema como el planteado por el separatismo catalán.
Pero lo que pocos, salvo sus más íntimos conocedores, podían sospechar es que Sánchez, líder de un partido que ha gobernado durante casi 22 años, clave en la historia de la Transición, y que ha tenido, con sus luces y sombras, las mismas que el PP, un papel esencial en el mejoramiento de la calidad de vida de los españoles, fuera a mostrarse, víctima de su irrefrenable ambición de poder, tan proclive a dejarse arrastrar por las pulsiones dictatoriales de una minoría que pretende hacer tabla rasa de nuestras instituciones para hacer realidad el experimento de revolución bolivariana en España, esa que tan felices tiene a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y una pregunta recorre hoy en voz baja las cuatro esquinas de la piel de toro. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez? ¿Alguien que es capaz de vaciar de competencias el Senado, en un golpe sin paliativos contra la Carta Magna, tiene algún tope o norma moral de conducta que le impida, en caso de ver su futuro político en riesgo, atentar contra nuestras libertades?
¿Cuándo se jodió Venezuela?
Hoy es una evidencia que esas libertades están en peligro no porque en el Parlamento se siente un grupo como Podemos, sino porque Sánchez parece haber renegado del PSOE socialdemócrata que conocimos tras la muerte de Franco, para abrazar la causa del populismo rampante dispuesto a todo con tal de conservar el poder. Las condiciones están dadas en la España extraviada de nuestros días, una España que desde 2012 atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad histórica. Raúl Gallegos, corresponsal que fue de Dow Jones y WSJ en Caracas, explica en su libro “¿Cuándo se jodió Venezuela?” las razones que han llevado a la ruina al país con las mayores reservas petroleras y mineras del mundo. La corrupción en el origen del problema. Como en España. Una clase política roba, y un iluminado llega para decir que eso se va a acabar, porque él se va a encargar de repartir mejor la riqueza nacional. El marco: una población que desconoce el valor del trabajo (“Póngame donde hay; del resto me encargo yo”) y el esfuerzo, acostumbrada a vivir de las rentas del petróleo, y un entorno socio-económico que empuja al Gobierno a gastar a manos llenas para mantener su popularidad y, sobre todo, para fabricarse una clase subsidiada que pronto estará dispuesta a defender a muerte al iluminado ya convertido en dictador.
Un país cuyos gobernantes, de ínfimo nivel cultural, viven instalados en el corto plazo, porque se trata de sobrevivir una semana más en el machito. Como en España: un tipo ignorante de casi todo, pero listo, ni un pelo de tonto, y sobre todo malo, engreído y soberbio hasta el éxtasis. Un chavismo reñido con cualquier tipo de planificación a medio o largo plazo, que hace frente a las emergencias con simples parches, con una población narcotizada a la que el Estado resuelve el día a día, un aparato productivo destrozado por las importaciones de todo tipo de productos, un Ejército silente al que el gorila ha hecho de oro, unos empresarios acostumbrados a vivir de la tarifa a la sombra del poder político, siempre en primera posición de saludo, como en España, como en Casa de América, y unos medios de comunicación plagados de periodistas de izquierda radical dispuestos, en su mayoría, a la manipulación ideológica y la ocultación de la verdad, medios en buena medida propiedad de ricos millonarios progres a quienes parece divertir el experimento de pobreza ajena. Como nuestras televisiones. Lo que no tenía Venezuela es la amenaza añadida de quiebra de su unidad territorial, riesgo muy presente para España y no sólo en Cataluña. Lo único que resta a los enemigos de la libertad de los españoles es el control de la Justicia, aunque están en ello, se han puesto manos a la obra con una ministra del ramo íntima de Garzón (“Querido Emilio”), y de sus Boyes, Villarejos y demás. “Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella”, que dijo el gran humanista español Juan Luis Vives.
Es una obviedad aclarar que las medidas de política económica que plantea el Gobierno Sánchez van directamente orientadas a la creación de esa clase popular subsidiada y dispuesta no solo a votarle en unas eventuales generales, sino a apoyar cualquier decisión que implique incluso transgredir la Constitución. Todo dependerá de cómo se mueva este artista de la mentira, para quien leyes y procedimientos son un estorbo, en la cuerda floja de un Gobierno con 84 diputados obligado a satisfacer al alimón las exigencias de populistas y separatistas. En paralelo al vaciado del Senado, lo que el sanchismo persigue es acabar con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 tras la reforma constitucional del artículo 135 que en 2011 lideró Zapatero con el respaldo del PP, según la cual los objetivos de déficit del Gobierno deben ser aprobados por Congreso y Senado. Una ley clave, por cuanto permitió restaurar la confianza de los mercados en España en el peor momento de la crisis, reducir el déficit y propiciar el crecimiento. A Sánchez le estorba esa ley. Él quiere volver a gastar a manos llenas para lo que ya sabemos. Toda su política fiscal, directamente empeñada en acabar con el ahorro de las familias, es un atentado a la prosperidad colectiva. “Dejen competir, dejen ahorrar y dejen crear riqueza. Estos deberían ser los principios de cualquier Gobierno que quiera promover y fomentar la vía de los ingresos, base de una subsiguiente política de gasto, sea o no acertada” (“Por un crecimiento racional”, Juan María Nin, Ed. Deusto)
La peor de las pestes
El cerco de Podemos se estrecha sobre Sánchez. Tras mantener un llamativo silencio sobre el caso de la tesis plagiada que probablemente ni siquiera escribió él, Iglesias ha entrado en liza al calificar de “cutre” la existencia de “párrafos sin citar” en la misma, asunto por el que el presidente por accidente “tendrá que dar explicaciones”. Al señor marqués de Galapagar le conviene un Sánchez débil, cada vez más uncido al yugo de los morados, así hasta que llegue el día, que quizá esté muy próximo, en que el líder socialista tenga que elegir entre romper la baraja y alinearse en el bando de los demócratas o echarse definitivamente al monte en brazos de los populistas y demás enemigos de España para emprender el camino sin retorno de esa “revolución bolivariana” que pretende imponerle Podemos. “El riesgo es que el chavismo llega rápido pero luego resulta extremadamente difícil, por no decir imposible, revertir por medios democráticos” (Raúl Gallegos). La tantas veces denunciada aquí baja calidad de nuestra democracia se ha convertido en un grave problema de salud democrática que ya no está solo residenciado en Cataluña, donde un nacionalismo (“la peor de las pestes”, como lo definió Stefan Zweig) de tinte supremacista y totalitario, con el que el Gobierno Sánchez está negociando en secreto, pugna por hacerse con el poder al margen de la ley y de la mitad de la población, sino que acaba de instalarse en el corazón de la nación, en el mismo Palacio de la Moncloa. El enemigo está dentro, y fue capaz de afirmar hace justo 5 días que “Soy el presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara”.
Queda la España de la silente sociedad civil, esos millones de españoles -también socialistas, del viejo socialismo reñido con las aventuras de este personaje sin escrúpulos-, dispuestos a defender contra viento y marea sus libertades y su nivel de vida. Quedan ellos, queda el Rey, y quedan un nutrido grupo de jueces. No son poca cosa. Pero tendrán que estar dispuestos a fajarse y echarse a la calle para defender esos principios de manera activa. No valdrá parapetarse tras los visillos viendo desfilar a las hordas de la división, la sinrazón y el odio. El 2 de septiembre escribí aquí que “Toca movilizarse de nuevo. Toca arremangarse para impedir la tropelía de la vuelta atrás. Toca luchar por la Constitución y la unidad es España, que es tanto como decir por la paz y el progreso. Por los valores de la Ilustración”. El momento se acerca.
