“Saldremos más fuertes”. Fue el eslogan propagandístico del gobierno allá por el mes de mayo de 2020, justo cuando el confinamiento que nos tuvo encerrados en nuestras casas entre marzo y abril tocaba a su fin. Se refería a la pandemia del covid. Razonaba que, como consecuencia de la pesadilla, saldríamos más fuertes como sociedad española. Parecía obedecer a la pasión irrefrenable del gobierno por la propaganda.
Hacía parte de esa asombrosa capacidad para crear eslóganes, a cada cual más irreal: “Saldremos unidos”. O la ocurrencia -mil veces repetida por los portavoces gubernamentales- de referirse a la creación de un “escudo social”. Ya entonces, estaba al alcance de cualquier ciudadano que se trataba, todo ello, de un propósito rigurosamente imposible.
Y así fue: ni saldremos más fuertes, ni saldremos unidos –cuando más de cien mil de nuestros conciudadanos han perdido la vida- ni el escudo social parece que se encuentre muy a la vista.
Convendría, huyendo de tanta propaganda viciada, prestar atención a lo que se está publicando en España sobre las verdaderas consecuencias sociales de la pandemia que venimos padeciendo ya desde hace dos años. Así, recientemente se ha publicado un riguroso informe presentado por Cáritas, y elaborado por la fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España.
Se trata probablemente de la primera radiografía social completa del impacto de la pandemia en nuestro país; eso al margen de los comedores sociales, de la atención y el cuidado de las familias y de las personas que realiza Cáritas en nuestra sociedad. Según la investigación, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia se ha duplicado, y alcanza a casi dos millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal del hogar.
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones laborales, con el efecto de crear más trabajadores pobres, así como trabajadores más pobres. Durante la crisis el desempleo total familiar prácticamente se ha duplicado, es decir, hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro.
Esa desconexión digital supone serias dificultades para más de ochocientas mil familias que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a ese desconocimiento
El informe pone de relieve diversos factores de grave exclusión social. Por ejemplo, la desconexión digital, calificada como el nuevo analfabetismo del siglo XXI. Afecta a casi dos millones de hogares que viven esa brecha digital de manera cotidiana, algo que padecen fundamentalmente hogares conformados por personas de 65 y más años, ajenos a las nuevas tecnologías. Esa desconexión digital supone serias dificultades para más de 800.000 familias que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a ese desconocimiento en materia digital de dispositivos informáticos o de habilidades digitales que les aísla e incomunica de todo lo que requiere comunicarse con los demás, con la administración y con las empresas, mediante dispositivos informáticos.
La pandemia ha aumentado también la brecha de género, quebrando el principio básico de igualdad que proclama el art. 14 de la Constitución de 1978. En tanto la tendencia general en hogares encabezados por varones ha sido pasar de la integración plena a la precaria; en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria directamente a la exclusión. Así, la exclusión social en hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento bien superior al registrado durante el mismo período en el caso de los hombres, que pasaron del 15% al 18%.
Hay así un muy importante grupo de jóvenes en la franja de edad de 18 a 34 años que ha sufrido ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales
Ser joven se convierte por sí mismo en un factor de exclusión social. Según los resultados del informe, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa que les veta realizar proyectos de vida autónomos. En 2021, se sumaron más de doscientas cincuenta mil personas jóvenes a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Se trata de medio millón de personas jóvenes más con respecto a 2018, que afrontan situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa.
Hay así un muy importante grupo de jóvenes en la franja de edad de 18 a 34 años que ha sufrido ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales a la hora de alcanzar una transición al empleo, a la vida adulta, a la emancipación: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años. Nos estamos refiriendo al sector de población que, por razones evidentes de edad, encarna el futuro de nuestro país.
Nivel de desigualdad
La población inmigrante resulta especialmente castigada, al punto de que más de la mitad de los hogares con extranjeros se encuentran en situación de exclusión social en 2021. Unas peores condiciones de vida, malas viviendas y con más hacinamiento, menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos es la mayor característica de este sector de población.
Son colectivos amplísimos que sufren una situación de precariedad laboral y exclusión creciente como consecuencia de la pandemia. Cuya otra cara de la moneda es el incremento de la desigualdad social. Aquí otro informe recientemente presentado por Oxfarm Intermón es especialmente descriptivo de ese incremento de la desigualdad, cuyo desarrollo ha sido superior en estos dos años de pandemia a los últimos catorce años acumulados tras la crisis de 2008.
Los diez hombres más ricos del mundo han más que duplicado su fortuna, y actualmente acumulan seis veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntas. Es un nivel de desigualdad obsceno y perverso a todas luces. Así nos ilustran los informes elaborados para valorar el impacto de la pandemia en la situación socio-económica que sufrimos.
Sabemos también que los presupuestos en publicidad y propaganda se han incrementado en gran medida. Es posible que la función del Gobierno no sea contribuir a hacer mejores ciudadanos. Pero lo que es seguro es que, desde luego, su función no puede ser la de gastar el dinero público en publicidad engañosa y provocar una pavorosa crisis de confianza producto de la difusión de la mentira. En definitiva, necesitamos menos propaganda y menos farsa; y más, mucha más, atención a la realidad que padece España.
