Si, como asegura Pedro Sánchez, el diálogo entre PSOE y Junts per Catalunya necesita de un mediador, verificador o como quiera llamarlo, porque les falta “confianza”, razón de más para que busque otro cuando se reúna en La Moncloa con un Alberto Núñez Feijóo de quien le separa una animadversión por momentos insalvable. Que se vayan ambos a Ginebra (Suiza) o a Nueva York a internacionalizar de una vez por todas el conflicto sobre la renovación del Poder Judicial, a ver si lo arreglan la ONU y Antonio Guterres con algún “acompañante” (sic)) exótico de por medio; Papúa-Nueva Guinea, les sugiero.

Ya puestos, recuerdo que hace falta como el comer un tercer mediador -perdón, cuarto, que ERC también va a disponer del suyo- para desatascar el diálogo social entre sindicatos y patronal a cuenta del salario mínimo, la jornada laboral y la indemnización por despido; ¡ah!, se me olvidaba, y un quinto, quinta o quinte a tiempo completo, para la vicepresidenta Yolanda Díaz y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que no se pueden ver pese a votar juntas todas las semanas en el Grupo parlamentario Sumar.

A veces, creánme, conviene comenzar así el artículo, haciendo caricatura de la realidad para elevarse e intentar comprenderla... Y ni por esas; ni caricaturizando veo razón alguna -digo razón, no excusa- para que el partido más antiguo de nuestro país, el PSOE (1876), actor fundamental en esta España constitucional y democrática inaugurada hace 45 años, se haya plegado hasta la humillación a los deseos de un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont sin ponerle un pero.

Excusas, que no razones, podrán darnos Pedro Sánchez y los suyos todas las que se les ocurran, pero el PSOE y el presidente del Gobierno no son la medida de todas las cosas ni justifica la reelección para un tercer mandato cualquier decisión que se adopte en el seno del socialismo gobernante.

Nunca será normal que dos partidos de una de las veinte democracias más avanzadas, ambos con décadas de gobierno a sus espaldas, ahora ‘pasen a la clandestinidad’ para negociar de la mano de un diplomático salvadoreño como si fueran el Gobierno colombiano de Uribe y la narcoguerrilla de las FARC, y España un Estado fallido

Que sepan que siete votos para investir y sostener este nuevo Gobierno de coalición con Sumar durante ¿toda la legislatura? no merecen insultar la inteligencia de una España orgullosa de su reciente historia, un país donde los sondeos apuntan a que son mayoría quienes rechazan la amnistía por ser un “privilegio” y, menos aún, aceptan que el resultado de las elecciones del 23 de julio sirva para convalidarla.

No, no es normal, nunca podrá serlo, que en la cuarta economía del euro, una de las veinte democracias más avanzadas del mundo, dos partidos debidamente registrados en su Ministerio del Interior y con décadas de gobierno y representación parlamentaria a sus espaldas, PSOE y Junts, pasen a la clandestinidad en Ginebra (Suiza) de la mano de un diplomático salvadoreño, Francisco Galindo Vélez, experto en conflictos armados; como si fueran el Gobierno de Álvaro Uribe y la narcoguerrilla de las FARC, y España un Estado fallido.

No, no es normal, nunca podrá serlo, que el mismo presidente que en las elecciones de 2019 se comprometía a traer a España a Puigdemont para que “rinda cuentas ante la justicia” (sic), hoy corra a comprar por conveniencia toda la mercancía averiada del conflicto España-Cataluña que le han vendido; ni que comparezca en entrevistas en horario de máxima audiencia a comparar esto con el fin del terrorismo de ETA o a hablarnos del lawfare que han practicado los jueces españoles contra ese independentismo trabucaire… que él había prometido perseguir.

Y no es normal ni nunca podrá serlo, en definitiva, esa auto justificación deslizada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando advierte que el diálogo entre partidos puede producirse “cómo, cuando y dónde” los interlocutores deseen. Faltaría más… Pues no, señor Zapatero. Lo siento. Los límites y el sentido común rigen para todos, cuanto más para los poderes públicos, y nadie puede devaluar el Estado de Derecho por acción u omisión.

Esto no va de reuniones discretas ni mediadores, va de deslegitimar -con la impagable cooperación de un PSOE desconocido para una importante masa de votantes y ex votantes- el sistema que ha estado vigente durante casi medio siglo con su alternancia y su ‘canesú’, para transitar hacia otro modelo confederal que los españoles no han votado ni parece que quieran

En España hay jueces y políticos que delinquen para perjudicar a otros políticos y a otros jueces, cierto, pero, o están siendo juzgados, o pasean ya por la cárcel condenados. En nuestro país hay multitud de empresarios, periodistas y hasta fontaneros sinverguenzas que son procesados. Ni hace falta mediador alguno para corregir nuestro sistema judicial, auditado por las instituciones europeas, ni faltan en el Congreso salas y recovecos para que dos partidos que concurren a las elecciones puedan verse discretamente sin necesidad de ir a Suiza; de hecho, lo hacen todos los días y los periodistas no nos enteramos, se lo aseguro.

No. Esto no va de reuniones discretas ni de mediadores, va de deslegitimar institucionalmente -con la impagable cooperación de un PSOE que resulta desconocido para una importante masa de votantes y ex votantes- el sistema democrático que ha estado vigente durante casi medio siglo con su alternancia y su canesú, para transitar, tácita a tácita, hacia otro modelo confederal que los españoles no han votado ni las encuestas apuntan que quieran.

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