Va cosido al discurso del político administrar las promesas en función del calendario. O de las circunstancias. Más en un tiempo en los que los virajes ideológicos ya no despiertan rubores entre los chamanes de la cosa pública. Ora liberal, ora socialdemócrata (PP). Ora socialdemócrata, ora liberal (Ciudadanos). Ora socialdemócrata, ora no se sabe muy bien el qué (PSOE). Ora antisistema, ora a lo que se tercie (Podemos). Porque la historia de Podemos es un viaje a acomodar discursos en función de las crisis. Especialmente, en lo económico. La economía siempre ha sido el punto débil de Podemos.
Se demuestra en sus teorías. Más allá de demonizar oligopolios y sus puertas giratorias, prometer el maná del recurso al gasto público como solución a todos los males de nuestra economía y querer repartir luz, gas (por qué no también pan) gratis, no hay nada. Sólo eslóganes. Se demuestra en sus trabajos de campo. En aquellos ayuntamientos del cambio en los que nada cambia. En ayuntamientos, como el de Madrid, que gastan 104 millones en la recompra de un edificio como solución al excedente presupuestario. ¿Se imaginan cuánta política social cabe en 104 millones de euros? Mucha. Para eso hay que saber gestionar. Y ése es el gran déficit de Iglesias y compañía.
La falta de credibilidad de sus propuestas económicas ha sido un lastre para Podemos desde su nacimiento, cuando redactó aquel programa syrizo que presentaron a las europeas de 2014. En él quedó clara su propensión al gasto, su disposición a subordinar el derecho de propiedad a objetivos políticos y, quizá el peor error de todos, su deseo de declarar ilegítima parte de la deuda pública. Programa que exponen y esconden según los momentos y las crisis. Lo hemos vuelto a ver estos días con el subidón del precio de la luz abriendo los telediarios.
La falta de credibilidad de sus propuestas económicas ha sido un lastre para Podemos desde su nacimiento, cuando redactó aquel programa syrizo que presentaron a las europeas de 2014
De nuevo, vuelta al guión syrizo. De nuevo, la apuesta de Pablo Iglesias por “nacionalizar” las empresas eléctricas españolas ya que el sistema está “en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real”. España necesita, a su juicio, un “plan nacional de transición energética” que sirva para “ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables”. Un plan que implicaría una “inversión estatal razonable” (15.000 millones de euros al año), que crearía 400.000 empleos de calidad, “fortalecería” un tejido industrial propio y “reduciría” la dependencia energética de España. Y, cómo no, barra libre de energía para que nadie pase frío. Maná, maná y maná.
La novedad es que Iglesias ya tiene modelo para su nacionalización de las eléctricas. El ejemplo es Bankia. El mismo ejemplo tan vilipendiado por él mismo tantas veces. Un ejemplo de éxito, como ahora defiende. “Las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es la gente”, asegura en el presente hablando de Bankia. ¿Realmente sabe Iglesias por qué ha salido adelante Bankia? No porque se nacionalizara, ni 'solo' porque se hayan inyectado más de 22.000 millones de dinero público, sino porque la gestión privada ha sido clave en administrar el presente y las mochilas heredadas de Rodrigo Rato y Miguel Blesa. La gestión de un equipo capacitado y profesional liderado por José Ignacio Goirigolzarri. Banqueros de toda la vida que no regalan créditos, ni condonan deudas, ni ofrecen depósitos al 5% a las familias con menores ahorros. Banqueros que para hacer sostenible el negocio, y a cambio de las ayudas públicas recibidas, han tenido que cerrar oficinas, reducir plantilla o litigan en los juzgados contra clientes, gente de carne y hueso, cuando lo consideran oportuno en defensa de los intereses de Bankia. Porque el mundo real no es como 'los mundos de Yupi', por mucho negocio público que sea.
La Bankia pública funciona no porque se nacionalizara, ni 'solo' porque se hayan inyectado más de 22.000 millones de dinero público, sino por la gestión privada de banqueros que no regalan créditos ni condonan deudas
En la banca pública no cabe el maná. Ni tampoco en las eléctricas. Más en un país, como el nuestro, en el que la mayor parte del recibo de la luz se destina al pago de impuestos y peajes. Regalar la electricidad por decreto, como deslizan los podemitas en público, para solucionar la pobreza energética sólo es sinónimo de agujero para las cuentas públicas. Ejemplos no faltan. En Colombia, el fin del conflicto armado ha supuesto un enorme movimiento migratorio de guerrilleros y sus familias desde la selva a nuevos asentamientos diseminados por la costa del Caribe con un denominador común: el impago del suministro de la luz. Impago consentido por los ayuntamientos de esas zonas colombianas. Una tensión que ha puesto en un brete a la filial colombiana de Gas Natural, ahora intervenida por el Gobierno, como solución a la supuesta mala gestión española. Dos meses después de la toma del control por parte del Gobierno, la empresa sigue desangrándose financieramente por la falta de tesorería y las empresas generadoras vuelven a la amenaza, ahora hacia el Gobierno, del corte del suministro ante los impagos de los clientes. Y el gobierno de Colombia tendrá que pagar para evitar males mayores.
En el mundo económico, al contrario que en el axioma, la energía se crea, se trata y se conduce a nuestros enchufes o radiadores. Eso genera unos costes que hay que sufragar. Con independencia de la gestión de la empresa, sea pública o privada. Una gestión que necesita de profesionales. ¿Tiene ya Iglesias al Goiri que gestione su compañía eléctrica pública? Sinceramente, lo dudo.
Además, no hay que olvidarlo tampoco, detrás de las eléctricas no sólo hay expolíticos sentados premiados por las puertas giratorias. En el capital de Gas Natural, Endesa, Iberdrola o Repsol también aparecen muchos pequeños accionistas, ciudadanos de clase media, que acomodan el dinero recibido en los dividendos como esa decimoquinta paga con la que completar la economía familiar. A veces para darse un capricho o, en otras ocasiones, como masilla para tapar un agujero. Muchos de ellos esperan también la intrahistoria detrás del eslogan de Iglesias de la nacionalización. ¿Qué pasaría con su inversión? ¿La protegería el Estado? ¿Querrían estos accionistas seguir siéndolo de una empresa pública? Demasiados interrogantes sin un economista de por medio. Las luchas intestinas entre Iglesias y Errejón se han llevado por delante a Nacho Álvarez, el gurú económico del partido. ¿La nacionalización irá acompañada de la confiscación de sus bienes como se ha aconsejado en ocasiones desde Podemos?
En 2015, Podemos consideró entonces que nacionalizar las empresas energéticas sería contrario a la legislación de mercado nacional y comunitaria y sólo acarrearía problemas.
Va cosido al discurso del político administrar las promesas en función del calendario. Y en eso Pablo Iglesias es el vencedor del Goya al mejor guionista. El mantra de la nacionalización de las energías desapareció en sus días de viraje hacia la socialdemocracia con el olor cercano de las elecciones. Entonces, plantear el paso a manos del Estado de las compañías eléctricas para acabar con el supuesto oligopolio que ha provocado subidas en el recibo en los últimos años o que el Estado tiene que dar la luz gratis a los hogares que sufren la pobreza energética (unos 4 millones, según los datos manejados por diversas fuentes) no parecía lo más rentable de cara a las urnas. Y tales medidas quedaron en agua de borrajas en los programas electorales de las municipales de 2015 y posteriores.
Podemos consideró entonces que nacionalizar las empresas energéticas sería contrario a la legislación de mercado nacional y comunitaria y sólo acarrearía problemas. Entonces, ya no mencionaban a Tsipras ni su rompedora medida de cobertura urgente para que los más pobres no se queden sin luz ni gas. Se hablaba entonces que los suministros de gas y electricidad debían de ser declarados con carácter de servicio público, “entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas”. Además, la formación morada establecía un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar, que no podría superar el 10% de los ingresos mensuales de la vivienda. Pero claro, ahora mismo, los costes básicos de luz y gas suponen, de media, en torno a un 5% de todos los gastos del hogar, con lo que el margen dado por Podemos era muy laxo.
Aquella bandera, la de la pobreza energética, se atemperó ante las citas electorales. Ahora, sin embargo, Iglesias vuelve a enarbolarla con fuerza ante el horizonte de Vistalegre II. Su futuro está en juego y hay que echar al fuego toda la leña de la pobreza energética a la parroquia. Una parroquia ante la que no hace falta relajar el gesto para evitar dar miedo. El problema es que Iglesias juega con las palabras para generar una expectativa irreal ante quien sufre la pobreza energética. Es lo que tiene hacer política de plató de televisión y no de Parlamento.
