Cuando los tiempos se pusieron más difíciles, cuando más arreciaba la pandemia del Covid 19, cuando seguían sin descubrirse las vacunas, cuando las UVI de los hospitales estaban saturadas, cuando los ancianos morían solos en las residencias, cuando angustiados huíamos de la peste, cuando escaseaba el valor para hacer frente a la desgracia, cuando se buscaban mascarillas hasta debajo de las piedras, cuando los suministros de cualquier procedencia eran considerados esenciales, cuando los suministradores y los comisionistas sin importar el precio eran venerados como auténticos hallazgos, cuando faltaba arrojo para solicitar adjudicaciones sin pasar por concurso público, cuando el afán de lucro quedaba anulado por el atisbo de posibles acusaciones futuras, pareciera que nadie más que ellos -los Koldos, los Ábalos y sus entornos- lograban sobreponerse y, como los zahories detectan el agua subterránea, adivinaban las oportunidades de servicio subyacentes.

Qué fácil es ahora, superada la pandemia, reescribir la historia y poner bajo sospecha todo lo que nos ha salvado. Cuánta demagogia en jalear las detenciones efectuadas por la Guardia Civil de Koldo y afines asimilables, dentro de una operación que investiga las comisiones ilegales. Cuánta afición dispuesta a hacer leña del aizkolari caído, después de haber sido exaltado como ejemplo de militantes, con pruebas tan señaladas como la vigilancia insomne de los avales para la candidatura de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, con méritos reconocidos por todo lo alto en el libro Manual de resistencia que lleva la firma del presidente del Gobierno.

Todo iba bien hasta que, concluidas las elecciones en Galicia, la Guardia Civil en funciones de policía judicial siguiendo las averiguaciones de la operación Delorme procedió a efectuar diecisiete detenciones que pudieran acabar convirtiendo el caso “Koldo” en el “caso Ábalos”, con derivadas de primer y segundo grado capaces de alcanzar a ministros del Gobierno, como Fernando Grande Marlaska titular de la cartera de Interior, y a comunidades autónomas, como las de Baleares y Canarias, en momentos que tenían a su frente a Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, y a Ángel Víctor Torres Pérez, nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Sería discriminatorio que los del procés se fueran amnistiados de rositas mientras sobre el aizkolari recayera todo el peso de la Ley. Atentos

Luego, la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Esther Peña, -tan dócil cómo inhábil- pidió al exministro José Luis Ábalos, que entregara su acta de diputado en un plazo de veinticuatro horas o sería excluido del Partido por rehuir la responsabilidad política del caso Koldo. Error de cálculo, dijeron los observadores más avezados, porque un ultimátum formulado en esos términos dejaba a Ábalos sin salida. «Aquí, en el PSOE, no caben los corruptos» había asegurado la portavoz y, más arriba, el secretario general del partido, había sonado el “aquí el que la hace la paga”, un principio cuyo cumplimiento se exigiría “caiga quien caiga”.

La portavoz señalaba: «sabemos que no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación. No juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política». Así que repetimos: “Bienaventurado el que todo se lo explica, el recto, el ortorrecto, el rectodoxo, porque de él será el reino de las tapias, la ordenación feliz de lo empotrado, la apoteosis de la gran sordera”.

Como señalaba un buen amigo periodista, en una de sus preguntas a mediodía de ayer a Íñigo Errejón, la consigna de no dejar a nadie atrás debería incluir a Koldo. Sería discriminatorio que los del procés se fueran amnistiados de rositas mientras sobre el aizkolari recayera todo el peso de la Ley. Atentos.

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