Hace una semana, el grupo editorial Vocento publicó una larga entrevista con el principal asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria, cuya competencia de prisiones le fue traspasada por el Gobierno de España en mayo del pasado año 2021. Larga entrevista centrada en los presos terroristas, como si en el País Vasco no existieran otros presos de distinta condición y nadie más que los terroristas merezcan atención.

Entre las llamativas declaraciones que prestó ese asesor se encuentra la referencia a las decisiones de la Fiscalía de revocar 23 de los 32 terceros grados (régimen de semilibertad) concedidos a los reclusos por terrorismo. Él, sin embargo, avalaba la concesión de todos esos terceros grados, al amparo de las Juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios que ahora se encuentran bajo la competencia del Gobierno Vasco.

Pero ese asesor no presenta ni sombra de duda, ni autocrítica, ni nada, ante la realidad de que la Audiencia Nacional viene denegando de modo mayoritario las numerosas concesiones que pretendía el Gobierno vasco de esos terceros grados; denegaciones resueltas al amparo de que no se reconoce por el recluso terrorista el daño causado en sus crímenes.

Se trata, quizá, de la más palpable expresión de que la transferencia a las instituciones penitenciarias vascas de los terroristas no es sino una vía de hecho para conseguir su libertad. A tal punto de que ese asesor culmina su respuesta en cuanto a las decisiones de Fiscalía de recurrir las decenas de terceros grados concedidos con la siguiente reflexión: “Además, han cumplido de media veintitantos años (de prisión)”. Imposible saber en cuánto valora el asesinato, cuántos años de penalización deben contener sus horrendos crímenes.

Ya comienza por ser significativo que un asesino invoque sus derechos constitucionales, aquellos que siempre pisoteó con sus crímenes que intentaron arrasar la democracia en España

Hay otra parte de su entrevista que se sitúa en el terreno de los buenos deseos, sin contacto alguno con la realidad. Es lo que se refiere al esclarecimiento de la autoría de numerosos atentados, habida cuenta de que hay más de 350 asesinatos terroristas de ETA sin esclarecer. Nos dice el asesor del Gobierno vasco: “Sabemos que hay personas que han manifestado en alguno de estos escritos que estarían dispuestas a hacerlo y sería bueno que eso se hiciera por el reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas. Dicen que estarían dispuestos a ser llamados a un tribunal para dar cuenta de aquello que pudieran conocer, siempre que se les ofrezcan unas mínimas garantías de que esto se va a hacer respetando sus derechos constitucionales”.

Ya comienza por ser significativo que un asesino invoque sus derechos constitucionales, aquellos que siempre pisoteó con sus crímenes que intentaron arrasar la democracia en España y lo consiguieron en notable grado en el País Vasco. Pero más significativo aún resulta desconocer que los derechos constitucionales se aplican a todos, incluidos a los terroristas presos. No hace falta que se les ofrezcan, porque va de suyo.

El problema está en otro sitio: en que hay más de 350 asesinatos de ETA sin esclarecer, aproximadamente un 40% del total de asesinatos perpetrados por la banda terrorista vasca. Se trata de una cifra dramática, a la que se añaden numerosos desaparecidos, es decir, personas asesinadas por ETA que nunca fueron encontradas, desde hace décadas. Es una expresión de máxima inhumanidad y falta de respeto, no ya solo por la vida de los asesinados, por supuesto, sino también hacia las familias de esas víctimas.

No se podrá banalizar la historia del terrorismo -como algunos se empeñan-, que pase página, sin haber leído lo que ocurrió

Y esto hace parte de un problema que, cada día que pasa, es un tiempo perdido. ¿Se podrá conocer el nombre de los asesinos de esos cientos de personas que perdieron la vida, que ni siquiera se sabe quién les mató, además de los que ni siquiera se conoce dónde se encuentran sus restos? Gravísimo problema que debería convocar a toda la sociedad vasca: es intolerable que con los ríos de sangre que corrieron en el País Vasco y en toda España durante décadas en nombre del delirio nacionalista, más del 40% de las víctimas no tienen esclarecido su asesinato.

No se podrá banalizar la historia del terrorismo -como algunos se empeñan-, que pase página, sin haber leído lo que ocurrió. Eso siempre tiene consecuencias degradantes, como para cualquier sociedad que entierra mal su historia y afronta de modo torcido su siguiente futuro. En cualquier caso, ya lo dijo Otegui cuando Bildu apoyó los presupuestos generales del Estado para el año 2022 que ahora termina: “Presupuestos por presos”.

Y a eso se ha atenido el Gobierno de Pedro Sánchez, no ya solo en el último año sino prácticamente desde su moción de censura del año 2018. Ebrio de poder, ciego y temerario, sin asumir que tener como aliado parlamentario a Bildu es una absoluta temeridad, además de un disparate sin límite que daña al país a cada paso que da con gente que ha nacido -y así lo dicen- para volar nuestra Constitución de 1978, casa común de todos los españoles. Y como dijo el mismo Otegui con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2023: “El gobierno de España se sustenta en quienes nos queremos marchar de España”.

Blanquear y normalizar esa relación con Bildu está en el territorio de una catástrofe moral y de una perversidad política que lacera no solo a los vascos sino al conjunto de la sociedad española

Así, la obligación del Gobierno es desprenderse de tan lamentable socio. Blanquear y normalizar esa relación con Bildu está en el territorio de una catástrofe moral y de una perversidad política que lacera no solo a los vascos sino al conjunto de la sociedad española. Como lo está la relación con su otro aliado, ERC, que ha conseguido la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, y sigue empeñado en un referéndum de autodeterminación que jamás se debe producir y cuyo mero planteamiento desde hace años está dañando profundamente a la sociedad catalana.

Son dos rupturas imprescindibles que debe afrontar este Gobierno, en el poco futuro que le queda del año 2023. Al tiempo que se desprenda también de su alianza con ese populismo de extrema izquierda que erosiona y divide, como es Unidas Podemos, hoy afortunadamente en crisis con aspecto de irremediable.

Sólo así será posible reemprender las políticas de unidad y cohesión de los españoles, que tan imprescindibles resultan, en defensa de lo que fue la Transición y nuestra Constitución de 1978. Sin eso, toda acción de Gobierno está condenada al fracaso.

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