Uno tras otro los últimos presidentes de Perú se han convertido en delincuentes (presuntos) a cuenta de las irrefutables pruebas de corrupción que están presentando contra ellos los responsables del antiguo coloso brasileño de la construcción, Odebrecht. El último de los acusados, Alan García, no ha llegado a comparecer. Se pegó un tiro cuando iban a detenerle en su residencia del lujoso barrio limeño de Miraflores.
Sobre el que fuera dos veces presidente de Perú (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011) pesaban parecidas acusaciones que sobre sus antecesores, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo: haberse dejado sobornar como trueque por facilitar la concesión para la construcción de diversas infraestructuras. En el caso de García, la comisión habría sido a cambio de que Odebrecht se hiciera con el contrato para construir la línea 1 del Metro de Lima.
García se sentía cercado y sin escapatoria posible. Sus presuntos testaferros, su exsecretario de la Presidencia, Luis Nava, y el vicepresidente de la compañía estatal Petro Perú, Miguel Atala Herrera, ya habían reconocido haber recibido cantidades de hasta cuatro millones de dólares en varios bancos, entre ellos la Banca D´Andorra.
La antigua solidaridad entre exmandatarios latinoamericanos no funcionó en el caso de García. En noviembre pasado el juez le retiró el pasaporte, corrió a refugiarse en la embajada de Uruguay y pedir protección al presidente Tabaré Vásquez, que apenas dos semanas después le denegó el asilo.
La buena noticia es que la Justicia funciona en Perú, que parece haber entrado en una decidida fase de regeneración
La destapada oleada de corrupción en la más alta magistratura de Perú demuestra de una parte que, habida cuenta de la distinta adscripción política de sus protagonistas, las ideologías caen irremisiblemente ante el poder del dinero; y de otra, mucho más positiva, que el Perú puede haber entrado en una fase de regeneración que bien pudiera extenderse al resto del continente, sacudido prácticamente desde sus respectivas independencias de España por un latrocinio directamente proporcional al poder institucional que se ocupaba.
Como también es habitual en los casos de citación por la justicia para responder por ello, todos los acusados alegan problemas de salud. Es el caso de Kuczynski, que exige le dejen ir a Estados Unidos, o el de Alberto Fujimori, que estaba presuntamente a punto de morir en la cárcel y se recuperó milagrosamente tan pronto como el juez le mandó a casa a vivir sus últimos momentos.
En el caso de Alejandro Toledo, fugado a Estados Unidos, y de quien Perú ha solicitado la extradición, también alega motivos de salud para evitar ese viaje de vuelta a Lima, acusado de haber recibido 36 millones de dólares a cambio de la concesión de las obras de la denominada Vía Interoceánica. Caso de volver a Lima, tiene muy difícil salir absuelto, toda vez que su principal testaferro ya ha admitido haber recibido la mitad de ese dinero, destinado a Toledo.
El destape de toda esta olla de podredumbre se debe a la férrea persecución emprendida por la Fiscalía peruana, y a la colaboración de la propia empresa Odebrecht, que estaría poniendo sobre la mesa de los fiscales una documentación prácticamente irrefutable.
Como se afirma en todos los mentideros latinoamericanos, de no ser por esto último, los expresidentes (presuntamente) corruptos, sus allegados y testaferros estarían viviendo cómodamente en otro país gozando del fruto de su rapiña.
