Opinión

Un presidente marcado por la corrupción

Una juez de Instrucción de Badajoz ha abierto formalmente diligencias de investigación, es decir un proceso penal, contra Davi

  • Pedro Sánchez

Una juez de Instrucción de Badajoz ha abierto formalmente diligencias de investigación, es decir un proceso penal, contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en una causa en la que también figura el presidente de la Diputación de esa ciudad por delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Este último es exactamente uno de los dos delitos que otro juez de Madrid imputa a la mujer del presidente del Gobierno, y esa sí es ya una imputación acreditada dado que oficialmente Begoña Gómez tiene la condición de ‘investigada’, y con tal carácter ha sido citada a declarar próximamente. En cualquier democracia con un mínimo respeto por sí misma, el presidente del Gobierno habría dimitido desde el mismo día en que su mujer quedó imputada por presuntos delitos de corrupción. Esa es exactamente la palabra maldita para el PSOE que más repitió Pedro Sánchez durante su discurso de la moción de censura que en 2018 le permitió desalojar a Mariano Rajoy del poder.

Sin embargo, para Sánchez cualquier mera sospecha de corrupción contra la derecha era ya el equivalente a una sentencia firme aunque no hubiese siquiera imputaciones. Bastaba la mera portada de un periódico o cualquier denuncia política para prejuzgar como corrupto a quien fuera, si con eso afianzaba su estrategia de oposición. Hoy no sólo hay presunta corrupción en el entorno del PSOE. Es más grave. La hay, o eso apuntan los indicios, en el mismo núcleo duro de La Moncloa, y particularmente en el entorno familiar de Sánchez. No hay un solo presidente del Gobierno que haya tenido a su esposa y a su hermano inmersos en procesos penales tan graves. Ya no es creíble que Sánchez alegue que la justicia está ideológicamente prostituida y le persiga solo porque la derecha no puede gobernar. Tampoco lo es pretenderse víctima de un acoso injusto contra la honorabilidad de una familia que sólo sufre imputaciones o indiciarias acusaciones penales porque él gobierna, y nada más. Es la sospecha creciente de que su hermano y su mujer han adquirido una notoriedad profesional sólo desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Uno, con contratos ‘a dedo’ y con un patrimonio en Portugal por el que no siempre rinde cuentas fiscales en España, que lo han situado en una posición relevante en la dirección de orquestas, e incluso en una asesoría en el Teatro Real, como ha venido publicando Vozpópuli. Y Begoña Gómez, con cartas de recomendación, gestiones, vinculaciones y relaciones con empresarios cuyas empresas fueron rescatadas por el Estado durante la pandemia -el caso de Globalia-, o que se hicieron de oro también con adjudicaciones del Gobierno por labores de asesoría en las que, aparentemente, la cátedra concedida a Begoña Gómez era solo una tapadera para negocios seguros.

Es el momento de que Sánchez, en lugar de refugiarse con teatrales huidas de la esfera pública, o con absurdas cartas a la ciudadanía para convertir a su propio matrimonio en el mártir de una injusticia, renuncie

Nadie puede perder su derecho a la presunción de inocencia. Eso es evidente. Pero Sánchez, que sigue sin dar una sola explicación pública sobre la labor empresarial de su mujer, fue quien creó un listón de ejemplaridad pública que ahora desprecia con una oportunista ley del embudo. No es una confabulación de jueces contra su familia. Es sólo una inaceptable exigencia por parte del presidente del Gobierno de inmunidad e impunidad. Es el momento de que Sánchez, en lugar de refugiarse con teatrales huidas de la esfera pública, o con absurdas cartas a la ciudadanía para convertir a su propio matrimonio en el mártir de una injusticia, renuncie. Y si no lo hace, el PSOE, el partido al que arrastra hacia un abismo sin credibilidad, es el que debe asumir que el tiempo de Sánchez se ha agotado. Agotado con la misma vara que él siempre utilizó para medir con un doble rasero la ética pública y la moral privada de los demás en contraste con la suya. Sánchez ya no puede alegar ni un minuto más que las actuaciones judiciales contra su familia le hacen más fuerte en su convicción de seguir al frente del Gobierno. Son también la imagen exterior de España y nuestra credibilidad como democracia las que se resienten con la corrupción, la presunta corrupción, instalada en su entorno más directo.

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