Casi nueve años han tardado los tribunales en dictar sentencia sobre el llamado “caso Pretoria”, las operaciones urbanísticas desarrolladas entre 2002 y 2009 en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona. Comisiones a punta pala. La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años, un mes y 27 días de prisión al exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, alias Luigi, al que ha correspondido la mayor pena en razón al “trascendental” papel por él jugado como “intermediario” o “conseguidor” en las tres operaciones. Al ex alcalde del PSC en la muy popular y trabajadora Santa Coloma y amigo personal de Luigi, Bartomeu Muñoz –con casa en el Paseo de la Bonanova, una de las zonas más caras de Barcelona, izquierda caviar- le han caído 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel, mientras que su teniente de alcalde, Manuel Dobarco, ha sido inhabilitado para ocupar cargo público durante 8 años y medio. La sentencia condena a penas menores a los convergentes Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex consellers de la Generalidad en los tiempos de Jordi Pujol, que han sido condenados a un año, 11 meses y 27 días de prisión, pero han logrado eludir la cárcel después de que se avinieran a cooperar con la Fiscalía.
Una sentencia durísima para el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) que hoy lidera ese gran bailarín que es Miquel Iceta, el hombre que tan importante papel ha tenido a la hora de concretar el apoyo de los nacionalistas a la moción de censura que derribó al Gobierno Rajoy. El fallo del tribunal sostiene que Luigi, diputado del PSC entre 1980 y 1988, intervino en las operaciones “ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores, a los que ofertaba el plan de negocio, y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios…”. Durísima también la que le espera a otra de las vacas sagradas del PSC, el que fuera alcalde de Sabadell entre 1999 y 2012 Manuel Bustos, a quien la Audiencia de Barcelona acaba de sentar en el banquillo como imputado en la “operación Mercurio”, por la que se enfrenta a penas de entre dos y seis años de prisión, multas, y muchos años de inhabilitación. Es lo que tiene confundir el municipio que gobiernas con tu cortijo.
El mismo Pedro Sánchez que llamaba insoportable la corrupción de Gürtel, pasa ahora de puntillas
Una sentencia que, sin embargo, se ha tragado la tierra en menos de 24 horas. La izquierda y su control de los medios. Otro tanto ha ocurrido con la cornada que el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia propinó el pasado miércoles al presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Onteniente Jorge Rodríguez, detenido junto a otras cinco personas vinculadas al PSOE y a Compromís por su presunta implicación en una tal “operación Alquería” contra la corrupción. Rodríguez era también portavoz y secretario de Comunicación del PSPV-PSOE que dirige esa eminencia gris llamada Ximo Puig. La “limpieza” del PSC, como la del PSPV, ha quedado a la vista. Como los chorros del oro. Pero se trata de hablar de la corrupción del PP. El mismo Pedro Sánchez que tachaba de insoportable la corrupción de los populares tras la durísima sentencia Gürtel, pasa ahora de puntillas por la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, por el caso del ex alcalde de Sabadell, y por las duras condenas de cárcel de Luigi y de Bartomeu. ¿Dónde está ahora la corrupción insoportable que hacía inevitable la moción de censura?
¿Y no sería necesaria, señor Sánchez, otra moción para mandar a su casa al inefable Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valencia? ¿Y no sería conveniente una limpieza general, tal vez una liquidación por derribo, del PSC, esa desgracia que le ha salido al PSOE y, de paso, a España? Pedro el honrao mira, sin embargo, hacia otra parte, mientras se ocupa del traslado de presos a Cataluña, en realidad del pago de las hipotecas contraídas a cuenta del apoyo de los independentistas a la moción de censura que le hizo presidente. En la entrevista que se concedió en TVE (“Una televisión pública que no esté al servicio de ningún Gobierno ni de ningún partido”, respondió con desparpajo a Ana Blanco) a los pocos días de aterrizar en Moncloa, se refirió reiteradamente a la necesidad de “regenerar la vida democrática”. Nuestro regenerador campeón podía empezar por ahí, por el PSC y por el PSPV, que del PP ya se ocupan cumplidamente los tribunales, aunque sabido es que aquí solo interesa la corrupción de los populares, porque la de los demás o es pecata minuta o su recordatorio viene simplemente a incordiar las almas puras de nuestra virginal izquierda.
Dos juguetes rotos
El caso Pretoria es la más depurada versión de la corrupción “sociovergente” (PSC+CiU), siempre tan evidente y sin embargo tan escondida, tan guardada, que durante décadas embelleció el “estanque dorado” catalán. Un espejo en el que se reflejaba la imagen del capo di tutti i capi, Pujol, y de dos de sus lugartenientes más destacados. Al contrario que don Jordi y su familia, protegida por el sistema contra toda acechanza, Macià y Lluís son hoy dos juguetes rotos. Las fotos de la vista oral celebrada en marzo de 2017 mostraban ya a un Alavedra avejentado, víctima de los estragos del tiempo, muy lejos de aquel brillante y bien relacionado dinamizador social en que llegó a convertirse, pleno de charme, eslabón de engarce entre CiU y la burguesía adinerada local, que no había cena de tronío organizada por la buena sociedad barcelonesa que no lo tuviera por inevitable invitado. Más siniestro era su papel como "comisionista de Vía Veneto", el famoso restaurante barcelonés donde a los postres cobraba las mordidas y de paso colocaba los cuadros de su señora, la pintora Doris Malfeito, cuya obra, en la época dorada de los ochenta y noventa, figuraba en todos los salones elegantes.
Prenafeta fue uno de los padres políticos de Mas, que hizo sus pinitos como gestor en una de sus empresas
Macià vive hoy en condiciones precarias: viudo, sin hijos, con diálisis diaria y casi en residencia. Uno de los Puig y su antigua amiga, Gloria Torres, cuya existencia salió a relucir tras el estallido del caso, lo pasean de vez en cuando por la Costa Brava. No irá, sin embargo, a la cárcel. La fiscal del caso, Ana Cuenca, que pedía seis años y diez meses de prisión, sustituyó esa petición en sus conclusiones finales por otra inferior a los dos años, previo abono de una multa de 10,3 millones que el acusado hizo efectiva sin pestañear. “Tanto en Badalona como en Sant Andreu de Llavaneras, creo que la comisión fue del 4%, que en este tipo de casos es una comisión habitual”, cantó la gallina. Con un par. Macià exculpó sin embargo a Artur Mas, quien “no intervino para nada” en ninguno de los pelotazos objeto del litigio, a pesar de las abundantes referencias al astuto que pueden escucharse en las conversaciones grabadas por la policía.
A parecido pacto llegó Prenafeta, el ex secretario general de la Presidencia de la Generalidad (1980-1990), un histórico del pujolismo, una figura más farragosa, más oscura, un conseguidor puro a quien Pujol y Marta Ferrusola acogieron bajo su protección y convirtieron en una especie de valet de chambre para toda clase de recados. Dinero suyo, de los Pujol (protector de Jordi jr.) y del partido. Un déspota venido a menos, hoy sin un duro, especie de caduco retablo dispuesto a tomar el sol en la solana de una fría tarde de invierno, pero en su tiempo un tipo con mucho poder como hombre de la absoluta confianza del amo, dispuesto a cubrirle hasta donde fuera menester, incluso en los líos amorosos. Carente de ambiciones personales como para aspirar a presidir la Generalidad, fue Prenafeta uno de los padres políticos de Mas, que incluso hizo sus pinitos como gestor de una de las empresas de la familia. Tampoco tuvo nunca esa ambición Alavedra, siempre lleno de miedos, demasiado cobarde como para mojarse en la deriva enloquecida hacia la independencia emprendida por CiU de los últimos años. Ambos limitaron su papel a ser los cardenales de esa Iglesia de corrupción en que ha terminado convertido el templo nacionalista fundado por el pontífice Pujol.
