El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama alertó, en una reciente entrevista televisiva, de un nuevo peligro para la democracia, el de los ciudadanos que viven en una burbuja informativa. Y citó al senador norteamericano Daniel Moynihan, quien había dicho: “Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no todos tenemos derecho a nuestros propios hechos”. Lógicamente, el ex presidente estadounidense no pensaba en Cataluña cuando echó mano de la cita, pero esta se puede aplicar hoy a la realidad catalana, o más bien a Carles Puigdemont y los independentistas, dispuestos a mantener como un “hecho propio” su derecho a la independencia por la vía de la ilegalidad antes de reconocer que se han equivocado de camino.
La decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de mantener en la cárcel al ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y al que fuera responsable de ANC, Jordi Sánchez, ha reactivado su imagen de presos políticos, es decir, el hecho propio de que están encarcelados por motivos ideológicos y no por haber cometido delitos. Sin embargo, el Código Penal es una realidad que todos, incluidos los secesionistas, piden que se aplique cuando no se cumplen las leyes. Pues bien, el magistrado del alto tribunal se ha limitado a hacer su trabajo, y tras analizar las pruebas que ha ido acumulando contra ellos y los otros dos reos, Oriol Junqueras y Jordi Cuixart, se ha negado a firmar su puesta en libertad.
El Tribunal Supremo vigila las actuaciones de los imputados que están en libertad y revocará las órdenes de libertad si votan o avalan la elección telemática de Puigdemont
El togado explica en sus resoluciones que estos cuatro políticos y los huidos son los líderes de un movimiento que busca la independencia de Cataluña por vías ilegales, es decir, al margen de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Forn ha jugado un papel destacado, ya que colocó a los Mossos D`Esquadra al “lado de la rebelión” y aunque ha renunciado a su acta de diputado puede formar parte del nuevo Govern si recupera la libertad, advierten fuentes judiciales. Por su parte, Sánchez se mantiene en las listas del partido que insiste en proclamar al prófugo Puidgdemont como presidente de la Generalidad.
Fuentes jurídicas reconocen que la redacción de los autos de Llarena no es la más acertada, porque favorece la impresión interesada de que mantiene en prisión a Forn y Sánchez por el solo hecho de ser independentistas. Sin embargo, también subrayan que los políticos encarcelados lo están porque los delitos que han cometido (rebelión/sedición) “son muy graves y llevan aparejadas penas de hasta 20 años de prisión”. Los magistrados, se insiste, dictan autos de prisión por hechos ya cometidos y no por arrepentimientos que son difíciles de comprobar cuando no ha variado un ápice la situación que ha provocado los delitos.
“Es cierto que todos han renunciado ahora a otra declaración unilateral de independencia”, pero “sus retracciones” -afirman- “tienen poca credibilidad”. “Es como si un secuestrador de menores que violara a las jóvenes en su coche dijera que no lo va a volver a hacer porque ha vendido el automóvil, nadie entendería que se le dejara en libertad, pues mientras no se recupere la normalidad en Cataluña tampoco vale su palabra”, apostillan.
En medios judiciales se reconoce que la redacción de los autos de Llarena favorece la impresión de que mantiene en prisión a Forn y Sánchez por el solo hecho de ser independentistas
Asimismo, estas fuentes subrayan que Llarena ha llevado a cabo un uso “moderado” de la prisión porque solo ha encarcelado a los máximos dirigentes de la intentona secesionista. Y reconocen que la justicia fue más benévola con los organizadores del 9-N que con los del 1-0 porque la consulta no desembocó en una declaración unilateral de independencia como ocurrió tras el referéndum. Por ello, fuentes jurídicas vaticinan que lo más probable “es que entren más en la cárcel antes de que salgan los que están presos”. Carme Forcadell, y los otros diputados independentistas que están en libertad pueden pisar el penal si avalan una ley para que Puigdemont sea elegido a distancia. Y la lista se puede ampliar al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la mesa de la cámara si desobedecen el mandato del Tribunal Constitucional de que la investidura debe ser presencial.
Estamos por tanto ante hechos judiciales y no “hechos propios”. El problema, por tanto, es la “burbuja” en la que se mueven los independentistas, que siguen al pie de la letra uno de los diálogos de la película “El día de la marmota”, ese en la que un egocéntrico hombre del tiempo se pregunta: “¿Qué pasaría si no hubiera un mañana? Si no hubiera un mañana no habría consecuencias y podríamos hacer lo que quisiéramos”. Pues en democracia, hay un mañana; y consecuencias.
