"Al Rey sólo le gustan las palabras y no puede traducirlas en hechos"
Teck Foo Check, La autobiografía de Sun Tzu.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esta semana, por octava y novena vez, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como bien sabemos, el plan recoge la aplicación a España de los fondos de hasta 140.000 millones de euros que, bajo la forma de créditos y transferencias, la UE ha asignado a España en el quinquenio 2021-2026. Cuatro son los ejes fundamentales sobre los que pivotará la recuperación: la ecología, la digitalización, la cohesión de la sociedad y del territorio y, por último, la igualdad de género. De ellos surgen diez palancas sobre las que se definen hasta 30 componentes de actuación. En una asignación de fondos tan importante, es normal tal granularidad, y permite, en principio, pensar que ha existido un estudio concienzudo de las necesidades de la sociedad española.
El problema aparece cuando entramos en materia. El conjunto de obviedades y lugares comunes da auténtico pavor. Todo es sostenible, digital, inclusivo, justo e igualitario. No existe un detalle de las inversiones a realizar, simplemente un conjunto de programas dentro de cada uno de los 30 epígrafes. Así, en la primera componente del plan, denominada “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” y dotada con 6.536 de los 70.538,05 millones de euros, aparecen inversiones en “zonas de bajas emisiones, transformación digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano”, un “plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos y privados, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y líneas de impulso a proyectos singulares y de innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde” y unas “actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías”; cuánto le caerá a cada una de estas líneas es una incógnita que en algún momento se despejará.
Por supuesto, no habría plan en condiciones sin la modernización de la Administraciones Públicas, una cuestión imprescindible dotada con 4.315 millones y que lleva aparejada la reducción de la temporalidad de los empleados públicos
Pero, claro, aún hay otra línea de inversiones, la componente 6, que se dedicará a la Movilidad Sostenible, segura y conectada, a la que se destinarán otros 6.667 millones. Así pues, casi el 20% de las inversiones están destinadas directamente a la movilidad sostenible, en cualquiera de las formas que el Ejecutivo decida. Esta es la tónica general de 26 de las 30 componentes. A la "Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero" se le asignan 1.051 millones, con nada menos que seis de las once líneas de inversión dedicadas a repetir el título principal del epígrafe, adornándolo con los sustantivos de sostenibilidad, investigación e innovación. La "Hoja de Ruta del hidrógeno renovable" se lleva 1.555 millones adicionales, y 300 millones la "Estrategia de Transición Justa", destinada a “minimizar el impacto económico y social de la transición a una economía verde y baja en carbono” y en la que se cuela, en la última línea, el cierre de las centrales nucleares. No habría plan en condiciones sin la "modernización de la Administraciones Públicas", una cuestión imprescindible dotada con 4.315 millones y que lleva aparejada la reducción de la temporalidad de los empleados públicos; esto no es más que, podemos suponer, transformar los puestos de interinidad existentes en la Administración en plazas propietarias de funcionarios. Por supuesto, uno de los objetivos no puede ser otro que “la modernización de la gestión pública, asegurando un nuevo modelo de gobernanza más estratégico y con un seguimiento que permita una mejor rendición de cuentas.” Es interesante observar aquí cómo la máxima transparencia que el Gobierno exige al sector privado es, ahora, cuando parece que va a empezar a exigírsela a la administración que de él depende. Casi 5.000 millones se lleva el "Plan de impulso a la pyme", mejorando la regulación y el clima de negocios, y fomentando la estrategia “España nación emprendedora.”
¿Y el turismo, que suponía en 2019 el 15% del empleo y casi el 13% del PIB, y de la que España es potencia mundial? Podríamos suponer que se le destinaría una cantidad al menos equivalente a su peso… pero no, se le destinarán, específicamente, 3.400 millones de euros, esto es, menos de un 5% del total, con el que se pretende, por supuesto, transformarlo y modernizarlo "aumentando su competitividad y resiliencia".
Cuesta encontrar ciberseguridad en el documento, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como país, al que se dedica una línea de inversión dentro de las siete que componen el epígrafe "Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G", dotado con 3.999 millones de euros. La inteligencia artificial, quizá el área de mayor crecimiento y de mayor valor añadido en la actualidad, se dota de forma directa con 500 millones de euros.
En definitiva, estamos ante un brindis al sol, al menos en su versión actual, sin ninguno tipo de concreción más allá de grandes intenciones. Como señalé antes, son 26 de las 30 componentes las que se llevan esta primera partida de 70.500 millones. Hay otras cuatro, sin embargo, que parece que resultarán gratuitas en su realización. Las “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”, la “adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”, la “mejora de la eficacia del gasto público” y la “sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.” A ninguna de ellas se va a destinar ni un solo euro. Me temo que quizá sean las que más caras nos salgan a los ciudadanos.
