Hay gente indignada porque el lehendakari ha dicho que nuestra Carta Magna debe ser reinterpretada. O porque la Ministra de Defensa afirme que la Constitución debe adaptarse a los tiempos. O porque juristas de la sinistra afirmen que el concepto de esa amnistía que exige Puigdemont cabe en nuestro ordenamiento legal. Sinceramente, yo no veo el motivo del enfado porque lo que pretenden esas buenas gentes del Frente Popular versión 2.0 no es ni más ni menos que ir revocando rápidamente la Corona, la unidad territorial, el sistema de libertades prohibiendo partidos que les molesten, reducir la libertad de prensa a la libertad de halago y, en fin, suprimir el concepto de España situándolo al mismo nivel que el de una vieja caja de música rota, agrietada y arrinconada en el trastero.

Lo veo muy lógico, tratándose de los mismos que reivindican la República de Largo Caballero, las Checas, Paracuellos, el SIM, la Pasionaria, las Brigadas del Amanecer, el expolio del oro del Banco de España o el de las Cajas de Ahorro, éste que salió en el yate Vita para nunca más volver. Lo que me choca es que la gente sensata no demande también una reinterpretación de esa misma Constitución, que si al córner rogelio no acomoda tampoco ha demostrado ser del todo eficaz a los que solo aspiramos a vivir en un país perfectamente normal, sólido y establecido. De entrada, se debería exigir reinterpretar el título octavo y acabar con la actual administración territorial, suprimiendo las autonomías. Reconozcámoslo, el invento creado para contentar a nacionalistas vascos y catalanes ha salido mal. Peor que mal, porque ahora la gobernabilidad de la nación está en manos de un prófugo golpista que intentó cargarse España. Como errar es humano, pero perseverar en el error es de burros, se rectifica y punto. Lo que ahorraremos en administración triplicada, improductiva y criadero de sinecuras y nepotismo será mucho, además de acabar con los caciquismos locales. Eso permitiría que el estado asumiera las competencias en materia policial, educativa, de trabajo, del campo y la ganadería, culturales, etc. actualmente tan dispersas e ineficaces en manos de los mandarines locales.

Ahora la gobernabilidad de la nación está en manos de un prófugo golpista que intentó cargarse España

También podríamos suprimir el Senado, reducir el número de cargos públicos empezando por el de los diputados, elaborar una Ley Electoral representativa de verdad con mínimos para acceder al Congreso, revisitar la ley de partidos para prohibir todos aquellos que pretendan romper el marco legal vigente, especialmente el territorial, endurecer las penas en delitos como la ocupación, el robo, la violación, el asesinato, el secuestro y las bandas organizadas. ¿Quieren más reinterpretaciones? Separación radical entre la justicia y la política, apoyo mediante micro créditos al pequeño y mediano empresario, suprimir los elevados costes a los autónomos, crear una fiscalidad contributiva de carácter progresivo y no brutalmente recaudatoria, limitar el cupo de inmigrantes que se acepten al año, expulsar inmediatamente a los que hayan cometido delitos en nuestro territorio, endurecer las penas en las que haya habido sangre, revisar con lupa las ayudas que se prestan a quienes se muestran “colectivos vulnerables” para estafar al estado, suprimir cualquier tipo de subvención a asociaciones, instituciones, chiringuitos y demás bambollas que propaguen el odio entre sexos, hacer que de la historia se ocupen los historiadores de manera limpia, justa, fundamentada y apartidista, proteger a nuestros hijos de cualquier tipo de intoxicación ideológica y, ya puestos, destinar de manera fija por decreto ley un tanto por ciento elevado del presupuesto a la investigación.

Reinterpretar la Constitución de esta manera gozaría de muchísimos apoyos y sería muy beneficioso para España y los españoles. Claro que lo que piden Urkullu y los de la banda sanchista igual no va por ahí, pero, o reinterpretamos todos o tiramos la reinterpretación al río.

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