El sanchismo está sometiendo a las instituciones democráticas a un auténtico test de estrés. No hay engranaje constitucional que se salve de la horma de Sánchez, ya sea el Congreso, el CGPJ, el CIS, o lo que es peor, la monarquía. Sacrificada la verdad, lo único seguro en Sánchez es que puede vender cualquier institución, persona o principio con tal de mantenerse en el poder.
Es el caso del Rey, que demolió el supremacismo moral del independentismo con un discurso tan sencillo como contundente, aquel 3 de octubre de 2017. Los golpistas quieren vengarse de todos los que se opusieron al golpe, y con el apoyo podemita han conseguido introducir a Felipe VI en el debate político. El fondo es desautorizar el sistema de 1978.
Debería ser una obviedad, pero es preciso recordar que solamente meten al Rey en esa discusión los republicanos o quienes no entienden el papel del monarca en una democracia parlamentaria basada en la soberanía nacional, y con separación de poderes. Un simple repaso a las monarquías europeas que conviven con sistemas democráticos, o, ya puestos, un vistazo a la Constitución, puede sacar de dudas a cualquiera.
El responsable de los indultos es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Y lo mismo se puede decir de la cantidad de decretos que han salido del Consejo de Ministros
En un momento en el que el sanchismo permite que los nacionalistas pongan en cuestión los pilares del régimen, no parece muy razonable seguir su juego y poner al Rey sobre la mesa. El responsable de los indultos es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Y lo mismo se puede decir de la cantidad de decretos que han salido del Consejo de Ministros, también sancionados por el Rey. En esta lista incluimos, por ejemplo, los abusivos estados de alarma, considerados así por el mismo Tribunal Constitucional.
Toda democracia que se precie tiene dos tipos de instituciones: unas amovibles y otras que no lo son. Es el juego entre los cambios de opinión, que se dirimen en las urnas y los parlamentos, y los pilares de lo político, de la comunidad, que permiten justamente esos cambios sin que se derrumbe todo.
Un juez de última instancia
El problema español no es si el Rey sanciona, sino qué impulsa al presidente del Gobierno a presentar un decreto de indulto para los golpistas presos. Isabel II de Inglaterra firmó el referéndum en Escocia y el del Brexit, pero no es la responsable. Así es como funcionan las democracias con monarquías parlamentarias.
La responsabilidad recae en el Gobierno que propone esa política. De no ser así, si el Rey pudiera negarse a sancionar, nos encontraríamos con una democracia tutelada. Por eso la Constitución española ni lo contempla. Es un acto obligatorio sobre una política que pasó los filtros del sistema. El Rey no es un juez de última instancia.
El Rey cumple las funciones constitucionales que dan sentido a su papel y continuidad. Luego tiene también una función moral, la de alentar los mejores valores democráticos, eso sí, siempre dentro de la política gubernamental, nunca contra el Ejecutivo.
Felipe VI no desdijo a Rajoy en su histórico discurso del 3 de octubre, sino que completó con eficacia la tibia política gubernamental
Por eso el discurso del 3 de octubre fue tan bueno como necesario, tan constitucional como dañino para el golpismo, porque fue la parte valiente de un Gobierno cobarde. Felipe VI no desdijo a Rajoy en aquella ocasión, sino que completó con eficacia la tibia política gubernamental.
Ahora no podría hacer ese discurso. La responsabilidad es toda de Sánchez. El Rey no opina, cumple sus funciones sin oponer resistencia ni contradecir al Gobierno. A la oposición y a los tribunales es a quienes toca sacar la ilegalidad de una medida gubernamental. Pasó en Gran Bretaña cuando Johnson consiguió la firma de Isabel II para disolver el Parlamento. Fue un tribunal quien dijo que era ilegal.
Indultos y mesa bilateral
No cabe duda de que la cesión de Sánchez a los golpistas no es patriótica, es personal. Los indultos y la mesa “bilateral” para una amnistía y un referéndum, que puede saldarse con un nuevo Estatuto que rompa de facto el orden constitucional, responden solo a los intereses del inquilino de la Moncloa.
Ya puede el sanchismo vestir como quiera esa política. Si realmente Sánchez quisiera la convivencia hablaría primero con la oposición para acordar una posición de Estado, a largo plazo, antes de hablar con los independentistas. La soberbia de presentarse como magnánimo es patética para un jefe temporal de Gobierno, con una mayoría tan exigua, sostenido por quienes quieren romper precisamente la paz del orden constitucional.
En última instancia, como sistema basado en la soberanía nacional, es a los españoles a quienes toca saldar responsabilidades con Pedro Sánchez: en las urnas. De poco vale apelar a la libertad y a los derechos, al sistema democrático y al parlamentarismo, y a continuación esperar la negativa del Rey a sancionar, lo que no encaja con la ley y deteriora la institución monárquica que se quiere defender.
A estas alturas del desaguisado lo conveniente es centrar el debate justo en el sanchismo como enfermedad, no en los pilares de la democracia, tal y como quieren los golpistas, los nacionalistas y los podemitas. Si el Gobierno es insensato y sus portavoces se dedican a insultar a quienes defienden la Constitución, mientras dicen que los bilduetarras y los golpistas son “progresistas”, es una cuestión política, de foro público, con unos límites claros. Lo otro es representar justamente el papel que quiere el enemigo de la libertad.
