La última comparecencia institucional del presidente Sánchez Castejón, más que para conocer las líneas de actuación del Gobierno tendentes a frenar la segunda ola del coronavirus, ha servido para vislumbrar la estrategia política a corto plazo de quien de verdad mueve los hilos, Iván Redondo, en su intento de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas. Pero no a todas, como se ha dicho, sino a las gobernadas por el PP.
La componenda va mucho más allá de ofrecerse a los presidentes autonómicos para declarar el estado de alarma renunciando al mando único, aunque para analizarla conviene refrescar, siquiera someramente, el marco jurídico aplicable y lo que ha llovido desde que se decretó el estado de alarma en marzo. Así que me van a permitir ponerles en antecedentes.
El estado de alarma es una herramienta legal prevista en el art. 116 de la Constitución y desarrollada en una ley orgánica del año 1981. En esta ley se contemplan tres estados cuya aplicación dependerá de la concurrencia de un elemento causal extraordinario: el estado de alarma para cuestiones de índole sanitaria, el estado de excepción para cuestiones de orden público y el estado de sitio para situaciones bélicas.
Dar cuenta al Congreso
Además de la cuestión causal, la principal diferencia entre el estado de alarma y el de excepción es que, mientras que con el primero se confiere un amplio margen de actuación al ejecutivo a cambio de solamente poder limitar los derechos de los ciudadanos, con el segundo se le permite suspenderlos si bien con un control mucho más férreo por parte del Congreso. La duración inicial del estado de alarma es de quince días, prorrogables previa aprobación por el Congreso (sobre la duración de las prórrogas existe un debate jurídico ciertamente interesante). Durante la vigencia del estado de alarma, el Gobierno dará cuenta al Congreso de los decretos dictados al amparo de éste, que no es lo mismo que necesitar de su aprobación. Por último, cabe destacar que del contenido del decreto en cuya virtud se declara el estado de alarma conocerá en exclusiva el Tribunal Constitucional, que ya saben que no forma parte del Poder Judicial y cuya fama por dilatar los asuntos en el tiempo cuando así conviene al Gobierno de turno es legendaria.
En lo que concierne al estado de alarma, si la crisis sanitaria afecta a todo el territorio nacional, la declaración la realizará el Gobierno. Si sólo afectase a una parte del territorio, podrá además realizarse a instancias del presidente autonómico correspondiente (pero siempre por el Ejecutivo). Una vez declarado, la autoridad competente para gestionar la situación de crisis será el Gobierno de la nación o, por delegación de éste, el de la comunidad autónoma de turno.
Que el Gobierno instrumentalizó la declaración del estado de alarma con fines políticos a costa de la salud de los españoles y mientras fallecían miles de ellos es algo que sólo puede negar un 'hooligan'
Partiendo de estos antecedentes, es fácil comprender por qué fue necesaria la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo en todo el país. De hecho, llegó tarde por mera conveniencia política: la necesidad de celebrar las manifestaciones feministas del 8-M para justificar la creación de un ministerio en el que encajase Irene Montero llevó a que, además, se permitiesen esos días muchos otros eventos multitudinarios.
Otra cosa es cómo se gestionó el estado de alarma, el uso y abuso político del mismo y, especialmente, si era necesario prorrogarlo para gestionar la 'desescalada', hasta el punto de alcanzar los tres meses de duración.
Falta de transparencia
Que el Gobierno instrumentalizó la declaración del estado de alarma con fines políticos a costa de la salud de los españoles y mientras fallecían miles de ellos es algo que sólo puede negar un hooligan. Aún nadie me ha explicado la relación entre el coronavirus y el aprovechamiento del decreto declarando el estado de alarma para colar a Iglesias en el CNI. Luego podemos hablar de la absoluta falta de transparencia y la arbitrariedad con la que se manejó el Gobierno para hacer frente a lo que Redondo y cía se apresuraron en llamar 'desescalada' y 'nueva normalidad', que aprovecharon para cosas como monitorizar las redes sociales rastreando opiniones contrarias al Gobierno.
Algún que otro partido incauto compró la matraca de que el estado de alarma salva vidas y de que muchas medidas decretadas al albur del mismo no podrían mantenerse si decaía
Que se encontraban muy cómodos gobernando a base de decretazos al amparo de la alarma explica que Sánchez, para justificar las prórrogas del estado de alarma, negase la existencia de un 'plan B' mientras se adoptaban decisiones que beneficiaban claramente a unas CCAA en detrimento de otras sin que se hicieran públicos los criterios médicos. Recuerden que estos informes se publicaron bastante después en la web del Ministerio de Sanidad, mediante fotocopia para impedir conocer los metadatos, y sin incluir el código seguro de verificación (CSV) que permite el cotejo electrónico de documentos y confirmar así la fecha en la que se elaboró (a pesar de existir una orden interna, de la época de Ana Pastor, para que se incluyese en todos los documentos). De todo esto no sólo fue participe el Gobierno (PSOE y Podemos) sino también sus socios de investidura (nacionalistas catalanes y vascos, así como Bildu) e, indirectamente, algún que otro partido incauto que compró la matraca de que el estado de alarma salva vidas y de que muchas medidas decretadas al albur del mismo, como los ERTE, la limitación de aforo en reuniones o el uso obligatorio de mascarillas, no podrían mantenerse si éste decaía.
Entonces hubo algunas voces, entre las que me encuentro, que afirmaron que todo era falso, que claro que existía un 'plan B' para la 'desescalada' y que el principal motivo por el que se negaba su existencia era que, para la toma de decisiones, obligaba a dar entrada a un tercer actor independiente que supervisaría la necesidad y la proporcionalidad de las medidas, evitando así la discrecionalidad y los abusos gubernamentales: el poder judicial. Efectivamente, en un artículo que escribí el pasado 5 de mayo, llamado Estado de Alarma: la fórmula para puentear al Poder Judicial, puse de manifiesto la existencia de una serie de herramientas que contempla la legislación sanitaria, especialmente la ley orgánica de 1986 de medidas especiales en materia sanitaria, en base a las cuales la autoridad sanitaria podía adoptar medidas limitativas o restrictivas de derechos contando previamente con una garantía adicional: la ratificación judicial.
Al mismo tiempo sufrió un gran desgaste a causa de ello, especialmente en aquellos territorios que abanderaron la exigencia de conocer la motivación de las decisiones adoptadas para los cambios de fase
Cuál fue la sorpresa que, desde que se declaró el final del estado de alarma, el Gobierno recomendó a las CCAA que, en caso de rebrote, recurrieran a esas herramientas (o 'plan B'). Y es aquí donde entra en juego la estrategia política: una partida en la que Iván Redondo ha puesto en jaque a un Pablo Casado que no las ve venir. Déjenme explicarles por qué.
Es indudable que el Gobierno se encontró muy cómodo gobernado con el estado de alarma, durante el cual la rendición de cuentas brilló por su ausencia. Pero al mismo tiempo sufrió un gran desgaste a causa de ello, especialmente en aquellos territorios que abanderaron la exigencia de conocer la motivación de las decisiones adoptadas para los cambios de fase, como la Comunidad de Madrid. Éste es, sin duda, el trofeo más codiciado por el PSOE después del Gobierno de la nación y a cuya presidenta autonómica tienen en el punto de mira desde entonces, azuzando campañas de desprestigio personal que poco o nada tienen que ver con su gestión, que por supuesto es debatible y discutible.
Mentira intencionada y grave
Entonces llegó el viraje de Redondo con una estrategia clara: ceder poder para trasladar responsabilidad, animando a las CCAA a asumir el peso de la toma de las decisiones para la gestión de los rebrotes recurriendo al 'plan B'. Sí, ese mismo cuya existencia públicamente negó el presidente del Gobierno en una de sus infumables comparecencias públicas durante el estado de alarma. Una grave e intencionada mentira que les ha pasado cero factura entre sus votantes, a quienes lo mismo les da defender 'so' que 'arre', porque lo que les importa no es la verdad ni la salud de nadie, sino el relato.
Aquí es donde llega la torpeza política del PP: hace un par de días anunciaron la propuesta de reforma de la Ley del 86 en torno a la que pivota el 'plan B'. En lugar de limitarse a interesar la aclaración de la dudas interpretativas respecto el alcance de las medidas que pueden acordarse al amparo de esa ley, los populares proponen suprimir la necesidad de ratificación judicial en aquellos casos en los que la autoridad sanitaria considere que no se está 'privando' de un derecho o libertad fundamental sino simplemente 'restringiéndolo'. Vamos, que el político de turno decide cuándo se precisa de autorización por un órgano judicial y cuándo no, lo que a la postre crearía una suerte de pseudo estado de alarma sin necesidad de solicitar su declaración al Gobierno. Imaginen el peligro de un instrumento legal así en manos de un irresponsable y cretino como Torra.
Pero a lo que vamos: aquí es donde Iván ha visto sus posibilidades de ganar por la mano la Comunidad de Madrid. Efectivamente, cuando Sánchez anuncia que se ofrece a las CCAA para declarar el estado de alarma delegando el mando al presidente autonómico, les está ofreciendo, a efectos prácticos, lo que el PP ha pedido en su proposición de reforma. Y el objetivo que Redondo tiene en la diana es el sillón de Ayuso. Precisamente como consecuencia de esa propuesta de su partido, la presidenta madrileña no puede aducir que se encuentra más cómoda con el 'plan B' arguyendo que éste aporta a los madrileños la garantía adicional del control judicial respecto a la necesidad y proporcionalidad de las medidas limitativas de sus derechos que pudieran adoptarse.
Por eso, en su comparecencia de este martes, el presidente ha hablado de 'comunidades autónomas progresistas' refiriéndose a las gobernadas por el PSOE: para poner en jaque a las que gobierna el PP. De esta forma, el Gobierno no sólo se ha apropiado de la bandera del estado de alarma a los efectos de una nueva 'escalada', sino que ahora también de su alternativa más garantista, el llamado 'plan B', al tiempo que suelta todo el lastre de la responsabilidad. El Ejecutivo se muestra dispuesto y conciliador frente a una beligerante Ayuso, que ahora mismo, está en una encrucijada en buena parte propiciada por su propio partido.
Y en medio de todos estos juegos de poder estamos ustedes y yo, los ciudadanos españoles, en quienes no ven más que meros peones.
