Opinión

Sánchez, el nuevo líder del procés

La muerte decidida de la AEAT en Cataluña, algo que no sucede en los territorios forales, supondría que el Estado español casi se retira de hecho de Cataluña

  • Pere Aragonès y Pedro Sánchez en Barcelona -

Es una evidencia que el proceso soberanista de los indepes catalanes no ha finalizado en ninguna de las ocasiones en las que así fue anunciado por Sánchez. Ni cuando se cobijó en sus votos para obtener indecorosamente la presidencia del Gobierno, ni cuando concedió ignominiosamente el indulto a unos condenados no arrepentidos, ni cuando pactó y después promovió la aprobación de una execrable Ley de Amnistía. Pese a todo ello, el procés como intención y objetivo de los independentistas sigue vivo y es suficiente con observar sus declaraciones y constatar sus actitudes para comprobarlo.

Sucede además que no siendo cierta la finalización reiteradamente anunciada del procés que, insisto, sigue intacto y vivo en el ánimo de los independentistas la última novedad es que Sánchez ha decidido encabezarlo. Lo ha hecho pactando un acuerdo independentista con ERC que concede la “plena soberanía fiscal” para Cataluña por el que quedará en poder de la Generalitat la gestión integral de todo el sistema tributario estatal. Recordemos que ésta fue una de las pretensiones más radicales del Gobierno nacionalista en pleno apogeo del proceso independentista, aspiración que es asumida ahora por Sánchez que pasa así a convertirse en la nueva cabeza visible del procés.

Ya dijimos en estas mismas páginas que el acuerdo independentista adoptado por Sánchez y ERC atenta contra la solidaridad interterritorial y contra la igualdad de los españoles. Además, y en función de cómo aplique la Generalitat sus plenas competencias sobre la gestión del IRPF, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades, puede llegar a afectar seriamente a la unidad de mercado. Sin duda, toda vez que la carga fiscal es uno de los parámetros básicos del coste empresarial y si éste varía significativamente entre las empresas domiciliadas en Cataluña y entre las que tienen su domicilio en el resto de España, la unicidad del mercado español se resquebrajaría.

Lo que Sánchez ha acordado para Cataluña desborda el contenido del estatus que tienen los territorios forales históricos. Sin olvidar que los privilegios de País Vasco y Navarra tienen su respectivo amparo constitucional

Ya alegan algunos interesados en quitar la importancia al acuerdo entre ERC y Sánchez que el estatus acordado para Cataluña existe ya a favor de Navarra y de las Diputaciones Forales del País Vasco. Primero, no es así y segundo, el principio de importancia relativa evidencia la diferencia trascendencia de lo que ya existe y lo que ha decidido Sánchez. Empezando por esta segunda cuestión, la soberanía fiscal para Cataluña afecta al 20% del PIB español, prácticamente el triple de lo que representan conjuntamente los PIB de Navarra y el País Vasco. Y respecto a la primera, es preciso señalar que en estas dos Comunidades el Estado mantiene sus competencias en determinadas figuras tributarias. Es el caso del IVA y de los Impuestos Especiales ligados a la importación de productos. Quiere decirse que lo que Sánchez ha acordado para Cataluña desborda el contenido del estatus que tienen los territorios forales históricos. Y eso sin olvidar que el régimen del Convenio con Navarra y del Concierto con los territorios forales vascos tienen su respectivo amparo constitucional avalado abrumadoramente en referéndum por todos los españoles. De ser finalmente aprobado en el Congreso de los Diputados con la reforma de la Lofca, el acuerdo independentista ahora pactado por Sánchez saldría adelante con una exigua mayoría. El diferente grado de legitimidad es obvio.

Enlazando con lo anterior, al quedar plenamente huérfana de competencias en Cataluña la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que no sucede ni en Navarra ni en el País Vasco, su misma existencia en Cataluña dejará de tener sentido. De hecho, la declarada intención de los independentistas es su desaparición mediante el traspaso integral de sus funcionarios y de sus inmuebles a la Agencia Tributaria catalana. Desaparecería así de Cataluña la Hacienda Pública estatal con todas las consecuencias que ello conlleva.

No puede obviarse que la Hacienda es una institución básica del Estado moderno hasta el punto de poder afirmar que sin Hacienda no hay Estado. Siendo así, la muerte decidida de la AEAT en Cataluña, algo que no sucede en los territorios forales, supondría que el Estado español casi se retira de hecho de Cataluña. El sueño de los independentistas hecho realidad por obra y gracia de Pedro Sánchez, su nuevo líder.

¿Puede decir algo Europa?

En el escenario expuesto no cabe extrañarse de las críticas que ha recibido el acuerdo independentista adoptado por Sánchez y ERC ni tampoco de la resistencia interna que ha empezado a desatarse dentro del PSOE, completamente lógicas unas y otra. Retirar de Cataluña a una institución básica del Estado español no puede dejar indiferentes a nadie que desee la subsistencia de España como nación. Y aún más, tampoco podría causar indiferencia en el seno de la Unión Europea. Todo indica que en esta ocasión Sánchez ha sobrepasado una línea que ni podía ni debía sobrepasar y que, consecuentemente, tendrá por ello el inevitable coste al que se ha hecho acreedor. Lo malo es el cúmulo de costes que él lleva acarreando a España de los que el acuerdo independentista recientemente adoptado es el último.

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