La Real Academia de la Lengua dice que un idiota, en su segunda acepción, es un “engreído sin fundamento para ello”. Más allá de los paralelismos meramente semánticos, engreimiento y supremacismo son términos intercambiables y perfectamente reconocibles en los seres superiores, ya acomoden sus nobles posaderas en los elegantes banquillos del Tribunal Supremo español o en una de las cómodas poltronas del Senado francés, institución que ejemplifica y defiende contra viento y marea (y contra los chalecos amarillos) la pervivencia de esa palabra fascinante y eterna que es “grandeur”.
Los 41 senadores franceses que han denunciado la “represión” que sufren (sic) los líderes del procés, son dignos representantes de esa “grandeur”, de esa Francia de impresionantes salones y de intelectuales en nómina que siempre ha mirado por encima del hombro a sus vecinos. Forman parte nuclear de esa élite transversal y jacobina, presente en todos los partidos y áreas del poder, que sigue sin asumir, cuando de foráneos se trata, el lema oficial de la República: “Liberté, égalité, fraternité”.
Los 41 senadores que han suscrito un panfleto infame en pleno juicio a los responsables de la mayor crisis institucional y de convivencia que ha vivido España desde la muerte de Franco, y cuyo contenido demuestra “un desconocimiento brutal de la situación”, según palabras de historiador también francés Benoît Pellistrandi, son dignos herederos de aquellos otros políticos que despreciaron la Transición española, menospreciaron a sus legítimos representantes y tardaron 40 años en honrar a los republicanos españoles que nutrieron la avanzadilla de las tropas que liberaron París de los nazis en agosto de 1944.
Nunca España se ha hecho en voz alta esta legítima pregunta: ¿Cuántas víctimas nos hubiéramos ahorrado de habernos tratado Francia, a su debido tiempo, como mayores de edad?
Los 41 senadores franceses firmantes de un texto en el que se afirma que “esta situación [la de los políticos catalanes encausados] es un verdadero ataque a los derechos y libertades democráticas”, despiertan con su iniciativa el dramático recuerdo de aquellos colegas que consintieron que el terrorismo de ETA utilizara como base de operaciones y lugar de refugio y acogida el territorio francés. No parece casual que uno de los impulsores de la carta sea un senador del departamento de Pirineos Atlánticos.
Los matarifes de ETA asesinaban en España, y se recuperaban del esfuerzo en Bayona o San Juan de Luz sin que les faltara el apoyo de intelectuales y políticos que justificaban la pasividad de las autoridades francesas por las dudas que despertaba la España posfranquista. Recelo que heredó Felipe González, al que debieron también considerar posfranquista, porque durante su primera legislatura como presidente del Gobierno siguió sufriendo la incomprensión francesa mientras ETA le ponía encima de la mesa del Consejo de Ministros más de 150 asesinatos.
Nunca España se ha hecho en voz alta esta legítima pregunta: ¿Cuántas víctimas nos hubiéramos ahorrado de habernos tratado Francia, a su debido tiempo, como mayores de edad en lo que concierne al ámbito de la democracia y las libertades? Tampoco la simpleza de 41 senadores franceses justifica que lo hagamos ahora. Pero Francia debería agradecer la sensata y sopesada amnesia de los sucesivos gobiernos constitucionales. Y una forma de hacerlo es desautorizando con mayor énfasis y contundencia estas incomprensibles deslealtades.
Cierto que parte de la culpa hay que buscarla en la tardanza con la que el Estado español reaccionó al notable activismo divulgativo que los líderes secesionistas desarrollaron en el extranjero. Pero ni esa ni otras torpezas pueden justificar de ningún modo la extrema inoportunidad de una iniciativa que lo que realmente pone de manifiesto es la persistencia de una Francia en la que pervive ese racismo supremacista intelectual que tanto daño ha hecho a la buena vecindad y tan dramáticamente contribuyó a retrasar el desarrollo de las libertades en nuestro país.
