Determinados sucesos nos pueden hacer pensar que vivimos en una patria sin ley o, todavía peor, con leyes que favorecen al delincuente. En la serie sobre su historial delictivo  —El Sapo, S.A. Memorias de un ladrón—, Jon Imanol Sapieha cuenta que los grandes criminales estudian la legislación del país en el que van a “trabajar” para saber si el riesgo compensa. Y riéndose de nosotros, que somos idiotas, nos confirma que en España siempre merece la pena delinquir.

Pienso en la pobre niña africana de 11 años violada en un centro comercial de Badalona por seis menores etnianos. La mitad de ellos tenían menos de 14: inimputables; y de los otros tres, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos. Uno quedó en libertad vigilada por sus padres —ya ves tú qué garantía, payo— y el otro, que había ingresado en un centro de internamiento, ha salido en libertad vigilada con medidas cautelares para estupor del entorno de la víctima. Escapas de África buscando una vida civilizada y descubres que en España impera la ley de la selva: ante las amenazas de los parientes de los agresores, la familia de la niña tenido que huir de Badalona. ¿Es esto Justicia? No. Justicia sería, como mínimo, quitar la custodia de todos sus  hijos a los padres de los seis violadores, retirarles para siempre todas las ayudas sociales que pudieran estar recibiendo —pisos de protección oficial incluidos— y utilizar ese dinero para socorrer a la víctima. Pero aquí nadie reforma la Ley del Menor. 

El sufrido votante tampoco entiende por qué la policía no puede sacar a los okupas de su propiedad ni tiene claro el tema de la legítima defensa. Tomemos, por ejemplo, el caso de José Manuel,  que a sus 79 años mató a un hondureño que había entrado en su finca con premeditación, nocturnidad, alevosía y una motosierra. Al parecer, el anciano no se defendió de manera racional, proporcional y adecuada, y disparó varias veces contra Nelson David incluso cuando éste ya estaba en el suelo.  Pero ni la avanzada edad del dueño de la casa ni el pánico a morir descuartizado deben de ser eximentes, porque  el fiscal pide para él 12 años y seis meses de prisión y 147.000 € para los padres y los tres hermanos del fallecido. ¿Tendría que haber salido José Manuel a defenderse con otra motosierra y haberse batido en duelo con el intruso? 

Como si no tuviéramos bastante con los delincuentes patrios. ¿Cuándo votamos traer y mantener a toda la escoria del planeta?

Nelson David tenía varios antecedentes penales por delitos patrimoniales; si el Estado hubiera cumplido con su obligación de proteger al pueblo español y lo hubiera deportado a su país a la primera reincidencia, seguiría vivo —o muerto, pero muy lejos— y no sabríamos nada de José Manuel. ¿Qué pintaba el hondureño en España? Exactamente lo mismo que el tipo que asesinó al sacristán de Algeciras, los pandilleros latinos que se lían a machetazos sábado sí y sábado también, los menas que roban y violan,  el marroquí que provocó la muerte de un hombre en Torrredonjimeno o el pederasta que sigue acosando a niños en Barcelona. Como si no tuviéramos bastante con los delincuentes patrios. ¿Cuándo votamos traer y mantener a toda la escoria del planeta? (Y no olvidemos que ahora España comparte frontera con EEUU y Biden nos va a mandar lo que no quiere tener allí).

Hasta ahora nos habían hecho creer que los políticos no pueden hacer nada por cambiar las cosas. Pero en esto que llega  Nayib Bukele —presidente de la República de El Salvador— y le da la vuelta al paradigma: “Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno”.  En estos tiempos de diarrea legislativa, muchos españoles se reconocerán en el discurso del salvadoreño sobre los derechos humanos de los delincuentes. Bukele sabe que tras 30 años de violencia su pueblo quiere tranquilidad y mano dura, y ha decretado un estado de excepción para detener a todos los pandilleros. Además, es un dirigente moderno y conoce muy bien las redes sociales y la política del espectáculo, por eso es imposible ver sólo una vez los hipnóticos vídeos del traslado de los criminales de las maras a la nueva gigacárcel.

Pero un continuado Fuente Ovejuna todos a una daría lugar a la anarquía, que derivaría, inexorablemente, en autocracia. ¿Y si el objetivo de este sindiós fuera que acabemos exigiendo una dictadura?

Sin embargo, esa promesa de seguridad total también tiene trampa. Y me recuerda algo que dijo mi padre cuando, siendo yo muy joven, le pregunté por qué no se alegraba de que el GAL hubiera empezado a matar: “Hoy asesinan a etarras sin juicio, pero mañana el Gobierno puede decidir que el enemigo son los empresarios y matarme a mí también”. Desde entonces sobre los españoles han llovido muchas leyes: nacionales, autonómicas, europeas… hasta la OMS nos dice lo que hay que hacer. Y, aún así, la sensación de desprotección es tal que la gente ha empezado a organizarse para defenderse de okupas y otros delincuentes. Pero un continuado Fuente Ovejuna todos a una daría lugar a la anarquía, que derivaría, inexorablemente, en autocracia. ¿Y si el objetivo de este sindiós fuera que acabemos exigiendo una buena dictadura?

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