En julio de 2023 hemos tenido elecciones generales a Cortes de la XV legislatura. Resultado: ningún partido alcanza la mayoría de 167 en el Congreso de Diputados. Eso mismo ha venido ocurriendo en las últimas 4 legislaturas desde 2015. De hecho, este ha sido el resultado en 11 de las 15 legislaturas habidas desde 1979. En 44 años de democracia sólo en cuatro legislaturas hubo mayoría: dos del PSOE (González 1982 y 1986) y dos del PP (Aznar, 2000 y Rajoy, 2011). Significa que en el 73,3% de las legislaturas PSOE y PP han gobernado pactando con partidos minoritarios, especialmente nacionalistas antiespañoles, catalanes y vascos, a cambio de cesiones en competencias políticas y más recursos. Su efecto, visto con perspectiva, ha desnaturalizado los principios y valores constitucionales de unidad nacional e igualdad entre españoles.

Han sido especialmente lesivos para los intereses generales de los españoles los pactos de González con Pujol en 1993 (cesiones e impunidad), los de Aznar con Pujol en 1996 (Pacto del Majestic), las cesiones de Zapatero en las legislaturas de 2004 y 2008 con el nuevo estatuto catalán, con vicios graves de inconstitucionalidad (recuerden: “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”). Y para colmo los pactos Frankenstein de Sánchez en 2018 (PSOE, 84 escaños, otros partidos, ¡96 escaños!) y noviembre de 2019 que evidencian la quiebra del sistema de representación democrática: la mayoría así lograda de perdedores, en ambos casos, no representa al pueblo español sino a las ansias de poder de los partidos del pacto; no sirve al interés general como hemos visto sino a los intereses de poder de Sánchez, comunistas y separatistas que nos retrotraen al PSOE de la II República. Sánchez ha privatizado para sí las instituciones del Estado y, para mantener la mayoría, ha ido dando carnaza, esto es, trozos de soberanía y recursos, a sus aliados de ultraizquierda y ultraderecha nacionalista.

El relato manido del progresismo desvía la atención de la degradación política (pérdida de estándares de calidad democrática), la fragmentación sociocultural (sus socios nacionalistas amputan libertades y derechos a los españoles de sus feudos), la pérdida de peso económico (paro, deuda, déficit, baja competencia…), deterioro educativo (bajos estándares de resultados, alta tasa de abandono de estudios…).

Piden lo máximo, pero negocian a escondidas lo posible, que se resume en más dinero y competencias para ir eliminando España de los espacios que controlan, como llevan haciendo los últimos 40 años

Ahora se está fraguando el Frankenstein-3 al margen del Estado de Derecho: la clave de bóveda del pacto es Puigdemont, el delincuente contra la Constitución, huido de la justicia española que va subiendo la apuesta desde Waterloo. Los nacionalistas, convertidos en determinantes de la vida pública española con un exiguo 6,59% de representación (ERC, 1,89%, JuntxCat, 1,6%, Bildu, 1,36%, PNV, 1,12%, BNG, 0,62%), conscientes de lo que es capaz Sánchez para mantenerse el poder exigen el más alto precio: ERC y JuntsxCat con el 3,64% de los votos exigen la amnistía para los delincuentes contra la Constitución de 2017, la autodeterminación, que los españoles paguen la deuda de la Generalidad y el pago de 450.000 millones por agravios históricos (¿?). Por su parte PNV con el 1,12 % de los votos, pide avanzar hacia la independencia de Euzkadi como Estado libre asociado con España. Piden lo máximo, pero negocian a escondidas lo posible, que se resume en más dinero y competencias para ir eliminando España de los espacios que controlan, como llevan haciendo los últimos 40 años. Esto no pasa en ninguna democracia liberal del mundo.

Los datos expuestos muestran una tendencia y una deriva autodestructiva que afecta de lleno a los intereses de la Nación de españoles, convertidos en espectadores de los manejos de poder de unos y otros. Aceptémoslo: el Congreso de diputados no representa al pueblo español sino a intereses sectarios, responsables de la degradación política, cultural, económica y educativa de España.

En este estado de cosas caben dos opciones opuestas: mantener el actual status quo regresivo que se arrastra desde 1993, condicionado por el sistema electoral disfuncional regulado en 1985 por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, Loreg, (en ese tiempo todavía se creía en la integración leal de los nacionalistas a España), o adoptar una estrategia proactiva -compete especialmente a los partidos mayoritarios- que reforme el sistema electoral del Congreso (“Cámara representativa del pueblo español” en su conjunto, donde es investido el presidente del poder ejecutivo), ajustado al marco constitucional.

Esta distribución de escaños se aleja del modelo de representación proporcional por listas de partidos, muy común en países con este sistema, pese a la corrección por población

Para el Congreso, el art. 69 CE establece: legislaturas de cuatro años, elección entre 300 y 400 diputados (fijado en 350 por la LOREG) por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, circunscripción electoral provincial con una representación mínima inicial de diputados por provincia, Ceuta, 1 y Melilla, 1 (Loreg: 52x2+2=102) y distribución del resto de diputados (248) en proporción a la población. Para lo demás, remite a la ley electoral.

Esta distribución de escaños se aleja del modelo de representación proporcional por listas de partidos, muy común en países con este sistema, pese a la corrección por población. En 27 circunscripciones se eligen 5 o menos diputados con un total de 98 escaños. El 28 % de los escaños están en territorios que representan un poco menos del 10 % de la población. En la España interior se dispone de tres escaños más que la suma de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante.

Sobre estas bases constitucionales, manteniendo el sistema D’Hondt para el reparto proporcional entre votos y escaños y sin necesidad de modificar el art. 68 CE. puede optimizarse el sistema electoral para ganar en representatividad democrática y gobernabilidad de la Nación para lo que es necesario disminuir la fragmentación parlamentaria con la multiplicación de partidos, la mayoría de ellos de ámbito regional o municipal cuando su lugar institucional debe ser el Senado como “cámara de representación territorial” (art. 69.1).

La superación de la crisis del sistema representativo antes descrito, que lleva décadas condicionando la gobernabilidad de la Nación, con políticas erráticas que sirven a los intereses de grupos minoritarios, puede mejorarse por las siguientes vías:

Una. Modificación de la Loreg por las Cortes: circunscripción provincial de representación mínima de dos diputados por provincia (102) y “distribución del resto de diputados (248) en proporción de la población” nacional para la asignación de escaños en el Congreso, con un mínimo de representación nacional del 4% de total para obtener escaño en el Congreso (modificación art. 163, a). El art. 68.2 deja abierta a qué “población” se refiere por lo que puede atribuirse a la nación, dado que el Congreso de Diputados “representa al pueblo español”, no a los territorios. Comportaría modificar los arts. 161.1 y 162. En último término, en su caso, sería el TC quien lo considerara o no conforme a la CE.

Dos. Primar al partido que haya obtenido más escaños con la asignación directa de 50 escaños adicionales. Sólo sería funcional si un partido obtuviera un mínimo de 126 escaños (126+50=176). En nuestra historia electoral no hubiera sido operativa en tres legislaturas recientes (la XI, XIII y XIV). Esta opción, aplicada en algunos países, nos acerca al modelo electoral mayoritario, corrigiendo limitaciones del modelo proporcional.

Tres. Adoptar el sistema de segunda vuelta electoral a los dos partidos con más votos, sin haber alcanzado la mayoría en la primera elección. Cumple una función de dotar de más representatividad democrática al ganador.

Estas tres vías tienen el valor democrático de evitar pactos postelectorales de perdedores como sucede en España con los pactos Frankenstein desde 2018. Crean gobiernos formalmente legales, pero sin legitimidad democrática, por la subordinación del interés general a los intereses de las partes.

Una situación anómala

Cabe otra más difícil, pues requiere la modificación constitucional de los arts. 68 a 70 para adoptar modelos más representativos, como los de proporcionalidad mixta que favorecen la gobernabilidad como en Alemania o Italia, o, incluso, un modelo mayoritario: gana quien obtiene el mayor número de votos, como en RU, EE. UU., Canadá o India. Es un modelo más deportivo uno gana y los demás pierden.

En cualquier caso, la reforma de la ley electoral es necesaria, urgente. La situación que venimos arrastrando desde 1993, salvo excepciones, es anómala, agravada desde 2015 hasta el presente; distorsiona y falsea la legítima representatividad democrática del pueblo español.

Los españoles en la noche electoral han de saber quién les va a gobernar. Ahora, como está sucediendo, los votos son manejados por los intereses de los partidos en pactos obscenos al margen del interés general de la nación de españoles.

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