El martes 31 de julio, a mediodía, el empresario Antonio Morera Vallejo ordenó que su emisora El CorreoTV fuese ‘a negro’ para siempre.
Morera, a través de su periódico El Correo de Andalucía, editado en papel y web, explicó al día siguiente el motivo por el que había procedido al cierre patronal de la emisora, porque el TSJA “ha desestimado la adopción de la medida cautelar solicitada por El Correo de Andalucía TV S.L. para poder continuar la emisión durante la tramitación del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 19 de Junio de 2018”.
El Grupo Morera&Vallejo en su nota publicada no decía toda la verdad. La Asociación de la Prensa de Sevilla fue más allá al emitir un comunicado donde dejaba en evidencia la versión de Antonio Morera, al que pedía reabriese la Tv y le acusaba públicamente de mentir.
“En los siete folios del auto de los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA (…) nada se dice sobre la continuidad o no de las emisiones de El Correo TV, y mucho menos de la obligatoriedad de dejar de emitir”, afirmaba la APS en su nota, por cierto, no exenta de apariencia de parche antes de que estallase el grano político. Citaban fuentes de la Junta de Andalucía aclarando que no han emitido ningún escrito ordenado el cierre. Porque ese era el objetivo de Morera Vallejo, echar sobre las espaldas del gobierno de Susana Díaz la responsabilidad ante la opinión pública del cierre de sus medios de comunicación.
Las licencias de la discordia
La historia arranca con el concurso público para licencias locales de televisión digital en Andalucía.
Morera se presentó y su equipo jurídico olvidó aportar la documentación exigida en formato digital.
Y es en este punto donde se abren las voluntades de la política que en esta ocasión se ponen de perfil y a nadie se le ocurre una llamada, como se ha hecho otras veces desde la dirección general de Medios de Comunicación, para evitar que por un papel mal sellado quedase fuera de concurso la empresa mediática de turno, pero esta vez no ocurrió con la administración Díaz.
Llegados a este punto cabe preguntarse por qué motivo el gobierno de Susana Díaz, que tanto jaleó, aplaudió y elogió al “valiente empresario Antonio Morera Vallejo” para que comprara in extremis El Correo, no tuvo el ‘detalle’ de recordarle el CD de marras y darle vía libre a su posible expansión como empresario de comunicación en Andalucía.
En términos políticos puede que haya varias respuestas, la primera que solo Juan Ignacio Zoido como alcalde cumplió con Morera e invirtió lo prometido, con lo que eso suponía de cuota de pantalla para el PP y de paso para la política de comunicación del Arzobispo Asenjo Peregrina. La segunda razón del alejamiento del PSOE fue que Morera está asociado a los denunciantes de la concesión de la mina de Aznalcóllar, joya de la desdentada corona minera de Susana con proyectos que se prometen pero nunca se materializan.
La huella del PSOE en El Correo
Pero hay algo más que quizás ayude a entender el verdadero interés del socialismo en buscar y tutelar una solución de emergencia en el otoño de 2013 para el decano Correo de Andalucía.
Antonio Morera nunca detectó el verdadero motivo de tantas palmaditas en su espalda y tantas promesas de dinero que le llovieron en aquellos primeros dos meses de sentirse un Ciudadano Kane a la sevillana manera desde la sede su imperio en el cortijo de La Gota de Leche.
El PSOE era el primer interesado en buscar cualquier solución para el periódico, la que fuese menos un escándalo, aunque no beneficiara a medio plazo ni a sus trabajadores ni al proyecto, todo con tal de desaparecer del escenario del crimen que le vinculaba a la moderna y tortuosa historia de El Correo, cuyo último y vergonzante capítulo se había empezado a escribir en Jerez de los Caballeros.
había un problema añadido que Susana Díaz conocía a la perfección a través de su hoy portavoz y exdirector de El Correo Juan Carlos Blanco
Fue cuando el Grupo Alfonso Gallardo, conocido como el chatarrero, dueño de Siderúrgica Balboa, ahogado por la banca acreedora, acabó quitando de sus balances el marrón de El Correo que vendió por un euro y el pasivo. Pero había un problema añadido que Susana Díaz conocía a la perfección a través de su hoy portavoz y exdirector de El Correo Juan Carlos Blanco. El problema estaba en cómo y a quién había vendido el chatarrero El Correo de Andalucía. Una operación que de entrada olía a estafa y fraude.
Alfonso Gallardo fue apadrinado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra –que acabaría siendo el columnista mejor pagado de El Correo- para que la Junta le aprobase un oleoducto desde Huelva a Extremadura, pasando por Doñana, proyecto que nunca prosperó. Para empezar a hablar, Gaspar Zarrías sugirió a Gallardo que esa operación necesitaba apoyo mediático con lo que el número dos de Chaves en 2007 mataba dos pájaros de un tiro: reforzamiento del apoyo del Grupo Prisa al PSOE andaluz y el control del Diario Jaén (su feudo) y El Correo en Sevilla, que previamente había comprado el Odiel en Huelva. La aventura le costó a Gallardo 19 millones que dice que pagó al imperio de Jesús de Polanco.
La redacción y los despachos de dirección del Correo han sido la escuela rampa durante décadas de infinidad de altos cargos socialistas, fundamentalmente para destinos públicos relacionados con la comunicación y propaganda.
Gallardo vende y aparece un delincuente
El astuto Gallardo puso la guinda a la larga agonía a la que sometió al periódico vendiéndoselo a un delincuente que había pasado por prisión y que no dio la cara por tener antecedentes penales por estafa. En juego, recuérdese, una empresa donde 53 trabajadores (y sus familias) se ganaban la vida pese a no cobrar las nóminas con regularidad. Gallardo sabía perfectamente quién iba a ser el dueño real de El Correo, lo supo tras un primer intento de compra un año antes por el mismo individuo, operación frenada en el último minuto por la entonces consejera de Presidencia Susana Díaz que paró la venta (un día antes de ir a notaría) con promesas de hablar.
Ante este monumental lío, el PSOE era el primer interesado por resolver la crisis antes de que saltase todo por los aires, por ejemplo, los detalles de la venta del periódico propiedad del PSOE en 1998 por 1.800 millones de pesetas a una empresa próxima al partido –Prensa Sur– con dinero a su dueño Emilio Martín de las cajas de ahorro.
Esta vez hombres como Pepe Rodríguez de la Borbolla, Antonio Ojeda Escobar ex presidente del Parlamento, Carlos Rosado redactor del Estatuto y el propio presidente de la APS Rafael Guerrero lucharon a brazo partido como bomberos para que la historia tuviese un final aparentemente feliz de la mano de Morera&Vallejo, el único interesado en hacerse con el periódico, asumiendo un pasivo millonario.
El “viejo correíllo” como le llamaba con ternura el querido y recordado periodista y cura José Mª Javierre cayó en manos de un empresario que sabe mucho de pólizas de seguros y de caballos pura sangre, pero absolutamente nada de comunicación, periodismo e información. Desde que abandonó la dirección el periodista Oscar Gómez, hace más de dos años, nadie la ha ocupado porque las decisiones editoriales finales las toman el matrimonio Morera-Maldonado desde la presidencia del Grupo.
Ahora, con agosticidad, ha cerrado la TV y parece que la suerte puede estar echada para el Correo de papel. Pero al PSOE ya no parece preocuparle tanto lo que le pase a El Correo como hace cinco años; su huella ha sido borrada por Morera Vallejo al que ahora, ninguneado, ellos han borrado de las listas de concesiones de tv y de empresarios amigos.
