La Universidad española pasa por sus peores momentos y en muchos sentidos esto es claramente injusto. La aparición de los casos Cifuentes, Montón, Casado y el efervescente de Sánchez han puesto a esta centenaria institución en la picota, recibiendo las críticas y desaires de algunos para denunciar, con razón, sus vicios, y de no pocos que han encontrado la ocasión, a mi entender, para debilitarla.
No hace muchos días publicaba un artículo en este mismo medio donde trataba de poner en perspectiva la discusión sobre qué es una tesis y cómo encajar esta cuestión con lo que sucede sobre aquella que hiciera el actual inquilino de la Moncloa. Sigo pensando lo mismo que escribí no hace más de una semana. Y sigo tratando de enviar el mismo mensaje. Por lo que sabemos hasta ahora, con pruebas sobre la mesa, estamos ante un caso evidente de mala praxis universitaria, donde los principales responsables del caso, hasta ahora, son aquellos que deberían haber paralizado esta tesis, a todas luces deficiente. Tanto su director como el tribunal y la propia universidad deberían haber paralizado la defensa de un trabajo que no reunía ninguna característica que incitara a considerarla como realmente una tesis. No lo hicieron. ¿Fue por trato de favor? Es posible. Yo mismo tengo mis sospechas y es bastante razonable considerar tal posibilidad. Pero hasta el momento solo sabemos con certeza, y aunque resulte obvio que esto no se mide con un indicador, que la tesis era mala. Como muchas otras.
Explicar por qué no son pocas las tesis mediocres y sencillamente malas que pasan los filtros de calidad no significa justificar la realidad. Lo que contaba en aquel artículo era más bien una denuncia a una costumbre instalada en las entrañas de la Universidad y que, como también argumenté, por suerte, o al menos eso es lo que detecto por mi propia experiencia, estas prácticas están en retroceso.
Debemos aprovechar el debate abierto para exigir la reforma de los procedimientos de obtención de títulos, para que estos sean de verdad excelentes
Está resultando obvio, sin embargo, que la institución en la que trabajo, en algunas de sus sedes españolas, ha mutado en una red clientelar y corrupta, distanciándose de su misión principal que debe ser la de crear saber y conocimiento. En este sentido, y concretamente en los casos que trascienden desde la Universidad Rey Juan Carlos, son absolutamente rechazables y denunciables, exigiendo una intervención lo más rápida y contundente posible para eliminar dudas sobre esta misma institución y, de paso, del resto de universidades.
Sin embargo, resulta incomprensible la tibieza de quienes representan y gestionan el espacio universitario español sobre este asunto. Los rectores universitarios, me consta directamente o indirectamente que es el deseo de algunos de ellos, deben dar un golpe en la mesa y actuar desde dos posiciones diferentes. Por un lado, exigir una depuración absoluta de las responsabilidades en esta universidad y en toda aquella que pueda reproducir tales vicios. Por otro lado, se debe dejar claro que estos casos, no siendo en todo caso aislados, no representan al conjunto de las universidades españolas. A día de hoy, en mi particular experiencia, echo en falta esta contundencia en ambos sentidos.
Que así lo hagan será positivo por varias razones. En primer lugar, por los propios estudiantes y titulados de la URJC, que con esfuerzo y cumpliendo escrupulosamente los requisitos normativos de la su universidad obtuvieron sus títulos, o lo harán en un futuro cercano, en dicha institución. Obviamente también por los profesionales de aquella institución que han sido ajenos a estas prácticas. Es necesario reestablecer la confianza en ellos. Para ello es extremadamente obligatoria una auditoría completa de los títulos y de los cursos y masters desarrollados para su obtención de esta universidad que consiga depurar el grano de la paja. En segundo lugar, para cortar de raíz la posible contaminación de desconfianza al resto de universidades en las cuáles, de momento, no se hayan detectado comportamientos similares.
Este debería ser el inicio. Más allá podría ser útil el inicio de un período de debate que conlleve a la reforma de la institución. Debemos aprovechar este debate para poner sobre la mesa la reforma en los procedimientos de generación de títulos para que estos sean si cabe más excelentes. Tenemos modelos en otros países que no serían difíciles de implementar. Aprovechemos antes de que la lucha política y su corrupción termine manchando de lodo a quienes están limpios.
