En estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se consagra la equivocada idea de que el sector público puede crecer sin medida a costa del sector privado productivo, un enfoque erróneo que podemos pagar caro. A veces se olvida que el sector público depende enteramente del sector privado para su financiación, por lo que esta apuesta es insostenible en el medio plazo y es especialmente preocupante en un contexto como el actual, en el que la actividad económica, aún no ha recuperado sus niveles previos a la pandemia.
Las empresas siguen notablemente rezagadas en su normalización, a diferencia de las rentas salariales y de los impuestos que ya han superado sus niveles precrisis. A esto se une, un entorno de alta incertidumbre, elevada inflación y endurecimiento monetario, factores todos ellos que van a limitar significativamente la actividad de nuestro tejido productivo, configurándose así un contexto de estanflación.
Con este diagnóstico, se hubiera requerido en los PGE una apuesta firme por la mejora de la eficiencia del gasto, que, a su vez, por la vía de la limitación de la demanda agregada y la menor apelación al déficit, hubiera tenido un impacto moderador de la inflación, del que tan necesitados estamos. Lo cierto es que las empresas no han tenido otra alternativa que optimizar su nivel de eficiencia productiva para sobrevivir en un contexto de pérdida de ingresos y aumentos de costes. Como consecuencia, seguir apostando por sobrecargar a las empresas para financiar un creciente gasto público estructural, supone comprometer la competitividad de nuestro tejido productivo y el crecimiento potencial de nuestra economía.
Los incrementos de costes importados suponen un empobrecimiento a la sociedad, que no puede concentrarse mayoritariamente en el sector empresarial. De hecho, el encarecimiento de las materias primas no deja de ser una perturbación negativa de oferta, cuya gestión en los PGE hubiera requerido de un choque compensador de oferta, es decir, de medidas de apoyo a las empresas y no gravarlas más en ningún caso, que es justo lo que se ha hecho.
Seguir sobrecargando a las empresas para financiar un creciente gasto público estructural supone comprometer la competitividad de nuestro tejido productivo y el crecimiento potencial de nuestra economía
Resulta paradójico que en un contexto en el que, con el motor de la inflación y las subidas impositivas de los últimos años, la recaudación está en máximos históricos, no solo no se articulen mecanismos fiscales para aliviar este efecto con deflactación de las tarifas de los distintos impuestos, sino que, además, se opta por incidir en las subidas fiscales, incluso con las configuraciones de gravámenes que no existen en ningún país de nuestro entorno. De hecho, el Gobierno parece que realiza lo que podríamos llamar “deflactaciones” inversas. Por ejemplo, se destopan las cotizaciones sociales empresariales, en la misma magnitud que la inflación. Esto es, la inflación solo se considera como motor de gasto público o de subidas fiscales, pero nunca para lo contrario.
El problema de fondo de estos presupuestos es su insistencia en aumentar el gasto con independencia de la posición cíclica y de los desequilibrios existentes. Entre 2023 y 2018 el gasto consolidado no financiero en España se ha incrementado en 123.000 millones de euros, lo que supone un aumento acumulado del 38% frente al aumento del PIB nominal del 15% en ese mismo periodo si se cumple el optimista escenario previsto para el Gobierno. Estos aumentos no han sido especialmente selectivos, ni respondiendo a necesidades puntuales, sino que buena parte de los mismos están aumentando el gasto público estructural, con un notable aumento del empleo y el consumo público en estos años.
Ningún país puede ver crecer su gasto público a tasas que más que duplican el incremento de su renta y más aún cuando esta carrera se está financiando con deuda, que ya alcanza el 116% del PIB, en la medida en que se incurre en un déficit público estructural continuo y persistente. Con un crecimiento económico real tan elevado en el 2022 como el 4,4%, resulta inexplicable que nuestro déficit público vaya a ser del 5% del PIB, y que el Gobierno en vez de fijar una senda de corrección urgente que afiance la credibilidad en la sostenibilidad de las finanzas públicas, deja la tarea de su corrección a la próxima legislatura, ya que no contempla que tal y como nos obliga Europa, se vuelvan a niveles inferiores al 3% en el 2025.
En vez de aprovechar el alivio monetario del BCE de estos años, hemos descuidado nuestros deberes, provocando así una situación en la que nuestras finanzas públicas constituyen una fuente potencial de vulnerabilidad
No es cierto, como se nos quiere hacer creer, que la única solución a este desajuste deba venir por el incremento de impuestos. De hecho, desde el 2018 hasta ahora se ha incrementado la recaudación tributaria en más de 90.000 millones de euros, lo que supone una subida del 31% la tasa que a todas luces es excesiva en cuanto duplica el aumento nominal del producto, y lo que es peor se ha concentrado en la imposición empresarial, que ya era más elevada en España que en el promedio de la UE, con el consiguiente agravio comparativo y pérdida de competitividad fiscal.
El año 2018 la economía española crecía a tasas del 2,3% sin apenas inflación. En el año 2023, según el Gobierno, nuestra economía va a crecer al 2,1% (aunque posiblemente sea bastante menos, del orden de tan solo el 1%), con una inflación por encima del 4%. Por el contrario, nuestro déficit público en el año 2018 fue del 2,6%, mientras que ahora, en el mejor de los escenarios, sería el 3,9%. Esto es, acabaremos la legislatura con más desequilibrios de déficit, inflación y deuda que como se inició, pero con un crecimiento mucho menor, lo que supone un lustro perdido en términos de consolidación presupuestaria.
En vez de aprovechar el alivio monetario del BCE de estos años, hemos descuidado nuestros deberes, provocando así una situación en la que nuestras finanzas públicas constituyen una fuente potencial de vulnerabilidad, lo que no puede calificarse de prudente, entre otras razones porque la realidad del envejecimiento demográfico está cada vez más presente, con la consiguiente carga sobre nuestras finanzas públicas. En lugar de guiar a España con un horizonte del medio plazo, intentando mejorar nuestros desequilibrios, en estos presupuestos, en la línea de los últimos años, se percibe un incuestionable cortoplacismo, que puede ser legítimo desde la perspectiva de las miras electorales, pero que no es lo adecuado y prudente desde una perspectiva de responsabilidad de Estado.
Gregorio Izquierdo es Director General del Instituto de Estudios Económicos
Wesly
El crecimiento sano y sostenible se consigue endeudandose lo menos posible y sólo para financiar inversiones productivas, apostando por la competitividad y por una economía eficiente. El estancamiento y la ruina se consiguen endeudandose para cubrir gastos corrientes y para pagar los sueldos y los privilegios de muchos políticos, sindicalistas y empleados públicos no sujetos a la competencia, perfectamente prescindibles. Hay que hacer ajustes, está claro, pero el ajuste más urgente y el más justo es el que tiene por objetivo reducir drásticamente el coste de la política y el de la Administración, mandando a la economía competitiva a los políticos, a los empleados públicos y a los sindicalistas liberados que no aporten a la sociedad un valor añadido que compense el coste del sueldo y de los privilegios que nos obligan a pagarles.