La situación política venezolana tiene algo de realismo mágico hispanoamericano. El país se ha acostumbrado a convivir con un Gobierno ilegítimo que pregona constantemente su legitimidad a través de todos los medios a su disposición. La oposición desarmada, exiliada, desmotivada y a menudo encarcelada sigue ahí como un fantasma que aparece y se esfuma a intervalos más o menos regulares. Y sobre el escenario planeando a todas horas los ojos de un muerto, los de Hugo Chávez, que se despidió de este ingrato mundo hace ya más de siete años pero que es omnipresente. El régimen utiliza su nombre y su imagen con intensidad. Chávez es, de hecho, el único recurso que tiene hoy Maduro para reclamar la legitimidad que el mismo dinamitó pisoteando la Constitución.
Si Chávez era un presidente legítimo y Maduro es su sucesor -el hijo de Chávez le denomina la propaganda oficial- no hay mucho más que hablar, Maduro es perfectamente legítimo haga lo que haga. La cuestión, como vemos, es de orden dinástico. Chávez fue el continuador de Simón Bolívar y Maduro de Chávez. En el imaginario de muchos venezolanos la cosa funciona así. Pero esa ilusión es de consumo interno en un país exhausto en el que el principal empeño diario se cifra en sobrevivir y acostarse con menos hambre de la que se tenía por la mañana.
Para conjurar el vacío internacional al que casi todos los Gobiernos del mundo someten a su régimen desde hace año y medio Maduro necesita algo más, necesita jibarizar a la oposición hasta hacerla desaparecer del mapa. Eso no es posible mientras retenga el control de la Asamblea Nacional. El presidente de esta Asamblea, Juan Guaidó, es reconocido como presidente interino por casi sesenta países y, mientras esto siga así, la posición de Maduro en el extranjero será extremadamente frágil. Necesita ir a elecciones y tenerlas ganadas de antemano. Con unos niveles de aprobación que, según las últimas encuestas, no llegan al 15%, esas elecciones nunca podrá ganarlas sin el concurso amistoso del Consejo Nacional Electoral.
Tres de los cinco nuevos miembros son chavistas y los tres están sancionados en EEUU por atentar contra los derechos humanos, por delitos financieros o por ambas cosas a la vez
El pasado 12 de junio el Gobierno renovó la composición del Consejo valiéndose del Tribunal Supremo, que es un apéndice del régimen. Tres de los cinco nuevos miembros son chavistas y los tres están sancionados en EEUU por atentar contra los derechos humanos, por delitos financieros o por ambas cosas a un tiempo. La presidenta recién nombrada, una jueza llamada Indira Alfonzo, está sancionada por el Gobierno canadiense, el de Justin Trudeau, alguien poco sospechoso de extremismos antichavistas, por violación de los derechos humanos dentro del país.
Pero para ganar en diciembre hace falta algo más. Hay también que desmontar a la oposición y ponerla al servicio del régimen. El 15 de junio el Tribunal Supremo dictaminó que la presidencia de Acción Democrática (el equivalente al PSOE en España) debe pasar a Bernabé Gutiérrez, que fue expulsado del partido por conspirar con el régimen. Gutiérrez es, de hecho, hermano de uno de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Un día más tarde el Tribunal Supremo reemplazó a la ejecutiva de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles, candidato opositor en las presidenciales de 2012 y 2013. Falta aún el partido Voluntad Popular, el de Leopoldo López y Juan Guaidó. Para esta formación el fiscal general ha pedido que se la declare como organización terrorista y, en consecuencia, pase a ser ilegal.
El Supremo en Venezuela es un órgano al servicio exclusivo del régimen. Su presidente, un tal Maikel (sic) Moreno, es un convicto por asesinato y se encuentra sancionado por EEUU y la Unión Europea
Todo el trabajo sucio no lo está haciendo el ejército o la policía como en otras dictaduras, sino el Tribunal Supremo. Transmiten así una falsa idea de legalidad que quieren convertir en legitimidad. El Supremo en Venezuela es desde el primer chavismo un órgano al servicio exclusivo del régimen. Su presidente, un tal Maikel (sic) Moreno, es un convicto por asesinato y en estos momentos se encuentra sancionado por EEUU y la Unión Europea. Pero eso es lo de menos. Como decía antes, la situación en Venezuela es propia de una novela de Isabel Allende y cualquier cosa es posible.
El Gobierno emplea al Supremo, que es lo que tiene a mano, pero se vale del desorden general en las filas opositoras. Después de año y medio Juan Guaidó ha descendido hasta la irrelevancia. Su índice de aprobación ha caído en picado. La pandemia de covid-19 ha hecho el resto. Maduro ha cerrado el país aprovechando la crisis sanitaria, por lo que está terminantemente prohibido manifestarse y eso refuerza la idea de que la oposición no pinta nada, que no es más que una banda de aventureros a sueldo de Washington como se encarga de repetir machaconamente la propaganda gubernamental.
Elecciones y referéndum
Queda en el aire la incógnita de cómo Guaidó y lo que queda de oposición reaccionarán ante la doble apuesta de Maduro. Por un lado la convocatoria de elecciones legislativas en diciembre para apoderarse de la Asamblea Nacional. Por otro un referéndum revocatorio para 2022 que acaba de anunciar. Es previsible que una parte lo rechace y que otra, dada su división, lo acepte dando por bueno el nuevo escenario al que Maduro ha llevado al país mediante la política de hechos consumados.
Si las legislativas se celebran con el plácet de parte de la oposición Guaidó tendrá que retirarse ya que es probable que sus aliados en el extranjero se replanteen su apoyo. Vemos ahora cómo su principal soporte internacional, el presidente Trump, nunca creyó demasiado en él. Su Gobierno no parece muy interesado en Venezuela. Bastante tiene en casa como para preocuparse de lo que suceda en una depauperada república sudamericana de la que ni siquiera necesita su petróleo. EEUU es autosuficiente en este campo y la producción petrolera venezolana es cada vez menor.
En estos momentos PDVSA está extrayendo unos 375.000 barriles al día, hace un año extraía un millón, cuando Chávez llegó al poder en 1999 extraía tres millones y medio. El precio, además, es bajo, ronda los 40 dólares por barril. Sin la renta petrolera no hay dinero para clientelizar y comprar lealtades en el ejército, que es el árbitro final del destino del país. Con la oposición prácticamente liquidada y la democracia ya enterrada esa debería ser la única preocupación de Maduro.
