Vox ha presentado una batería de "propuestas negociables" al Partido Popular para hacer valer su apoyo en Andalucía y conquistar voto. Sin embargo, estas no impiden la investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía y la mayoría de ellas tienen poco recorrido parlamentario. Otras son inviables.
El documento de 19 medidas presentado al PP por la formación liderada por Santiago Abascal este martes incurriría en algunas trampas. Defensores de un gobierno y un parlamento únicos para toda España, Vox pretende limitar la capacidad legislativa autonómica de Andalucía a golpe de declaración institucional, una herramienta que carece de efectos jurídicos.
A sabiendas de que el resto de formaciones rechaza la devolución de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad, Justicia y Orden Público al Estado, Vox propone una declaración institucional de la presidencia de de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado".
Las declaraciones institucionales tienen la finalidad de trasladar a la sociedad una visión unánime y sus efectos jurídicos son inexistentes
Pero las declaraciones institucionales son instrumentos de carácter excepcional que recogen de forma solemne un pronunciamiento que pone de manifiesto el sentir unánime y sin fisuras de todos los integrantes del Parlamento. Tienen la finalidad de trasladar a la sociedad esa visión unánime de los parlamentarios en torno a situaciones o acontecimientos de actualidad, pero sus efectos jurídicos son inexistentes.
En segundo lugar, pide otra declaración institucional de la Junta para condenar el "discurso de odio y exclusión" que, según Vox, "algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes" de su partido.
Pero el resto de partidos difícilmente suscribirá este punto. Y menos en un contexto en el que el asunto está judicializado después de que el partido de Abascal haya interpuesto querellas contra el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, o pretenda interponerlas, como en el caso de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Roddríguez.
Inmigración: competencia estatal
La tercera argucia afecta a su quinta propuesta, donde se recogen cuatro medidas contra la inmigración ilegal para aplicar desde la Junta de Andalucía. Sin embargo, la inmigración es una materia reservada exclusivamente al Estado, por lo que el parlamento andaluz no tiene competencia alguna para proceder a la expulsión de inmigrantes irregulares.
Por ello, el documento habla de "colaboración con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". Y añade que hay que terminar con el "efecto llamada", suprimiendo las ayudas a los inmigrantes ilegales, además de evitar el "turismo sanitario".
Vox acusa a la Junta de encubrir la inmigración irregular, pero cabe destacar que España expulsa a una media de 30 inmigrantes diariamente desde 2013. Según una respuesta escrita del Ministerio del Interior a la pregunta de una senadora de Podemos, España devolvió a sus países de origen a 54.963 inmigrantes entre 2013 y 2017, una cifra poco mayor que los 52.000 que Vox propone expulsar desde Andalucía.
La expulsión masiva no es fácil. Hay inmigrantes que han entrado de forma irregular en el país, sin documentación, y las autoridades españolas no pueden determinar su lugar de origen o nacionalidad. Al no conocerse el tipo de convenio a aplicar, de acuerdo con su país de procedencia, no se pueden repatriar.
El 'tijeretazo' a Canal Sur
La cuarta idea cuestionable trata sobre Canal Sur. Una de las medidas estrella de Vox pasaba por cerrar el canal autonómico, pero en sus propuestas este cierre se queda en un 'tijeretazo'. El partido propone ahora que la Junta de Andalucía se comprometa a reducir de costes de al menos el 50% . "Sin que afecte a los salarios más bajos", sugiere. Pide eliminar, eso sí, tres de los cuatro canales televisivos.
En su punto número nueve Vox insta a elaborar un plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España, sin embargo esto supondría intervenir desde Andalucía en las competencias de otras comunidades autónomas.
Desde la formación de Abascal piden asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras CCAA
Desde la formación de Abascal piden asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras CCAA no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional, además de asistencia para que los andaluces que trabajen en otras regiones no sufran discriminaciones laborales por razón de su origen y su lengua. Se trata de la quinta iniciativa con poco recorrido.
La sexta 'trampa' que contiene el documento atañe al control del fundamentalismo. La Junta de Andalucía no tiene competencias en materia de lucha contra el terrorismo, ya que estas son estatales. Por ello, Vox vuelve a limitarse, de nuevo, a utilizar el término "colaboración" de cara a prevenir la amenaza fundamentalista.
Mayorías de dos tercios
La propuesta número 13 del partido habla de cambiar la fecha del Día de Andalucía. Quiere cambiarlo del 28 de febrero al 2 de enero para conmemorar la culminación de la Reconquista. Sin embargo, para lograr ese cambio se requiere una reforma del Estatuto y para ello se necesitan dos tercios del Parlamento, por lo que la suma de Vox, PP y Ciudadanos no sería suficiente. Además, los dos últimos ni siquiera están de acuerdo.
La octava proposición de poco recorrido es la de crear dos leyes nuevas sobre las que no hay consenso. Vox pide una Ley de protección de la Cultura popular y de las Tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco y la Semana Santa, entre otros aspectos, y otra Ley de protección de la tauromaquia y de la caza.
Vox deja claro que se refiere solo a "apoyo parlamentario" de sus doce diputados para llegar a determinados acuerdos en un momento posterior
La novena iniciativa inviable del documento de Vox es la derogación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la ley de la igualdad de género en Andalucía. En caso de que consiguieran derogarla -algo que no sucederá- la Ley nacional permanecería en vigor en Andalucía y el Gobierno de la Junta estaría obligado a cumplirla en todos sus extremos.
Además, el artículo 16 del Estatuto recoge que "Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas", por lo que habría que reformarlo, lo que vuelve a requerir una mayoría de dos tercios imposible de alcanzar.
En el último punto, el 19, se esconde la décima ambigüedad. Vox declara que no prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y libertades.
Pero el partido de Abascal se refiere solo a "apoyo parlamentario" de sus doce diputados para llegar a determinados acuerdos en un momento posterior. El documento no parece condicionar la investidura de Juan Manuel Moreno, por lo que el resto de formaciones habla de "teatrillo".
Medidas asumibles
Aunque PP ha considerado "inaceptable" el documento, este contiene otras medidas que sí son asumibles por la formación liderada por Casado e, incluso por Ciudadanos. Se trata de la reducción del gasto político y, sobre todo, de las rebajas fiscales generalizadas.
Al igual que los dos partidos citados, Vox reclama la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y una reducción al mínimo del impuesto de transmisiones patrimoniales. También propone suprimir agencias y entidades como la red Extenda, de ayuda a las empresas andaluzas en su expansión internacional, una idea en la que puede coincidir con las otras formaciones.
