El Gobierno ha sido incapaz de aprobar un plan de contingencia económico para acompañar el impacto de "envergadura" -en palabras de Pedro Sánchez- que tendrán las medidas del estado de alarma decretado para frenar el avance del coronavirus en España. Las discrepancias en el seno de la coalición PSOE-Podemos han imposibilitado que el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado diera luz verde a este plan, que el Ejecutivo ha aparcado para la reunión ordinaria del próximo martes.
Sánchez ha esbozado algunas claves de las ayudas económicas, pero no las ha concretado por la falta de acuerdo. El choque entre la vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño y el vicepresidente Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno (también del PSOE) sobre estas medidas ha provocado que el Consejo de Ministros se prolongase durante casi siete horas.
Fuentes consultadas por Vozpópuli dicen que se ha producido un debate de fondo sobre el nuevo rumbo económico que debe adoptar el Gobierno ante la recesión que se avecina. Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará cuatro grupos de medidas para paliar los efectos que tendrán las restricciones impuestas a la ciudadanía por el estado de alarma, y que comporta la práctica paralización de la economía del país.
"¿Cómo pagamos las ayudas?"
Los objetivos de las ayudas son, según ha explicado Sánchez, "los autónomos, los empresarios, las familias y los colectivos más vulnerables". Pero también el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, los denominados, ERTES. Y las garantías de de liquidez para las empresas ante las dificultades transitorias.
Calvo y Calviño, de un lado, e Iglesias, los ministros morados y también algunos del PSOE, de otro, han discrepado sobre la prioridad de algunas recetas. Se han puesto encima de la mesa medidas excepcionales, como una moratoria del pago de hipotecas para desempleados. Y otra serie de iniciativas que se debatirán de aquí al martes, cuando se volverá a reunir el Consejo de Ministros en sesión ordinaria.
La principal discrepancia no es sólo por el destino de esas ayudas, que también. Sino, sobre todo, dicen fuentes de Moncloa, sobre cómo pagarlas. Y ahí ha radicado el debate entre unos y otros. El Consejo de Ministros se ha levantado sin un acuerdo después de siete horas. Sánchez tenía que comparecer ante la opinión pública para detallar las restricciones impuestas por el estado de alarma.
"Nuestra misión y determinación es máxima: proteger a los españoles y ganar al virus", ha dicho Sánchez. "Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas, pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, trabajadores y empresas. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias", ha añadido.
Un destrozo para las pymes
Los técnicos del ministerio de Economía están sobre todo preocupados por el tiempo que pueda durar la crisis. Hasta ahora, en el gabinete de Calviño estiman que la economía española aguantará unas tres semanas de cuarentena para frenar la escalada del virus. Más allá de ese plazo, todo serán incógnitas. En Italia, donde se han activado medidas parecidas a las españolas, también barajan un plazo de dos semanas con la esperanza de frenar el contagio.
Por ello, a lo largo de los últimos días, Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han trabajado a fondo para elaborar unas previsiones sobre el impacto en la pequeña y mediana empresa. Este sector es el que más sufrirá con la crisis del coronavirus, sobre todo en el frente del empleo, aseguran fuentes del Gobierno.
Esas mismas fuentes destacan la relevancia de abrir el grifo de la liquidez para evitar que esas empresas se ahoguen. Y niegan que Calviño y Montero hayan frenado la aplicación del estado de alarma. Recalcan que todo el Ejecutivo analizó a fondo las consecuencias del estado de alarma, aunque reconocen que existen discrepancias en el seno del Gobierno.
Las posturas más ortodoxas en Economía, defendidas en el Consejo de Ministros del pasado sábado por la propia Calviño, conllevó a un choque con Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Iglesias y Díaz defendían medidas sociales más proteccionistas con los trabajadores, pero en un marco que según los representantes de los ministerios económicos podía afectar a la supervivencia del tejido de las pequeñas empresas.
