La Iglesia católica se enfrenta a una cascada de demandas por la lista de bienes inmatriculados que el Gobierno socialista se ha comprometido a hacer pública. Las instituciones, especialmente los Ayuntamientos pero también algunos Gobiernos autonómicos, esperan a conocer las propiedades que las distintas diócesis de España han registrado a su nombre en los últimos 15 años. La sospecha es que son decenas de miles. Y que no se trata únicamente de lugares de culto.
El Ministerio de Justicia ha anunciado esta semana que recopilará y publicará la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. Es el período en el que estuvo vigente una reforma de la ley hipotecaria que permitió a la institución religiosa registrar a su nombre aquellas propiedades dedicadas al culto que consideraba de su titularidad.
El Gobierno de José María Aznar modificó el artículo 206 de dicha ley, vigente desde 1946, que prohibía específicamente a la Iglesia registrar bienes destinados al culto. La sospecha de algunos ayuntamientos y asociaciones es que la Iglesia abusó de esa prerrogativa y reclamó espacios que eran públicos y no le pertenecían. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cerró esa puerta con otra reforma de la ley hipotecaria en 2015.
Una lista compleja
Antonio González es el presidente de Europa Laica. Esta asociación y distintos grupos a nivel autonómico crearon la plataforma Recuperando, que lleva años pidiendo a la Administración que exija cuentas a la Iglesia por las inmatriculaciones. Asegura que la recopilación de los datos no será sencilla, porque la Iglesia católica no es un ente centralizado, sino que cada diócesis funciona con autonomía y, por ejemplo, tienen un CIF distinto. La propia Conferencia Episcopal estima que puede ascender a 40.000 el número de bienes inmatriculados en este período.
Según González, la Iglesia se ha quedado con miles de bienes cuya función religiosa no está clara o es secundaria. El agujero de ley, en su opinión, es que arzobispo actuaba de notario público, cuando su interés era privado. Es decir, la certificación del arzobispado asegurando que cualquier templo, ermita o convento era propiedad de la Iglesia ha sido suficiente para registrarlo a su nombre.
“Hay bienes que tienen un origen complejo”, dice González. “El problema de fondo es si muchos de estos bienes deben de seguir siendo bienes de la Iglesia. Nosotros creemos que deben ser de titularidad pública. Otra cosa es que cumplan una función religiosa”.
La denuncia de estas asociaciones es el negocio, multimillonario en algunos casos, que hace la Iglesia. Conventos que se venden a cadenas hoteleras, campos, cuadras o cementerios abandonados y semiderruidos. Hay un sinfín de ejemplos, según los datos que han ido recabando. González dice que la Iglesia ha llegado a inmatricular plazas. Está también la explotación turística de catedrales y templos. Uno de los más conocidos es el de la Mezquita de Córdoba, donde diversas plataformas se mueven desde hace años exigiendo a la Junta de Andalucía que reclame lo que consideran un monumento.
“El Estado o las administraciones son los que se encargan de conservar el patrimonio”, asegura. “Se han producido casos de palacetes y conventos que estaban prácticamente en la ruina y que al final los ha comprado el erario público a la Iglesia para salvarlos”.
“La lista nos va a permitir conocer si la Iglesia ha utilizado la inmatriculación de forma correcta, incorrecta o ambiciosa”
El papel de los registradores
Antonio Hurtado, diputado del PSOE por Córdoba, es una de las personas que más ha batallado en el Congreso para que se hiciera pública la lista. En su opinión, también hay una responsabilidad compartida de los registradores. Hurtado dice que en el derecho actual cualquier inmatriculación sólo se concede mediante escritura notarial, resolución administrativa o resolución judicial. Y asegura que en algunas comunidades se ha sido más exigente que en otras. A veces bastaba con la palabra del arzobispo y en otras, no.
“La lista nos va a permitir conocer de qué forma ha utilizado la Iglesia la potestad que le daba ese cambio normativo. Si lo ha utilizado de forma correcta, incorrecta o ambiciosa”, explica.
El diputado socialista cree que la única vía posible para reclamar la titularidad pública es la judicial o que la Iglesia llegue a acuerdos puntuales de cesión. Lo que no se puede es actuar retroactivamente contra una ley que estaba vigente.
La jurisprudencia en la materia es dispar hasta la fecha. La Iglesia ha ganado varios pleitos en Navarra o Guadalajara, pero ha perdido otros en Palencia o Jaén. González, por su parte, cree que hay alternativas a la vía judicial, que estima farragosa y muy costosa para las administraciones.
"Los templos parroquiales son propiedad de la Iglesia mucho antes de que existiesen los propios Ayuntamientos"
¿Qué dice la Iglesia?
Europa Laica pide abrir una reflexión general sobre la titularidad de los bienes históricos culturales a nombre de la Iglesia. González asegura que en la mayor parte de Europa, los templos y catedrales están en manos del Estado aunque los use una u otra confesión religiosa. Y pone como ejemplo Notre Dame, en París.
“El mejor uso que puede tener un templo es la liturgia. Eso no lo cuestionamos”, dice. “Lo que proponemos es un cambio en la Ley de patrimonio histórico, donde aparezca la titularidad de bienes históricos culturales a nombre del Estado”.
La Iglesia católica es prudente ante la publicación de la lista. Es una polémica que viene de lejos. La Conferencia Episcopal recuerda que las inmatriculaciones son un procedimiento legal. Y que renunciar a su propiedad sería tanto como cederle la casa de uno al vecino de al lado.
“En muchos casos, los templos parroquiales son propiedad de la Iglesia mucho antes de que existiesen los propios Ayuntamientos. Pretender ahora que la propiedad es del Ayuntamiento no tiene ningún fundamento histórico ni legal”, decía un artículo firmado por varios arzobispados en el semanario católico Alfa y Omega en 2015.
