La reforma de la Ley de Estabilidad pactada por el Gobierno con Podemos allana el camino para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El cambio normativo -de salir adelante- permitirá sortear el anunciado veto del PP a la senda de estabilidad en el Senado. Aunque la modificación legal hará que se alarguen los plazos previstos para aprobar las primeras cuentas públicas de los socialistas.
Tras la primera toma de contacto el pasado miércoles, el Ministerio de Hacienda afronta ahora una negociación formal con los representantes del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para conseguir su voto a la senda de déficit y al techo de gasto; el paso previo para aprobar las cuentas públicas de 2019.
Aunque se ha pedido el trámite rápido en lectura única, en Unidos Podemos no quieren perder el tiempo. Existe la posibilidad de que PP y Ciudadanos traten de estirar al máximo los plazos para aprobar la proposición de Ley que cambiará la Ley. "No hay ninguna disposición que diga que la senda de déficit y el techo de gasto tengan que estar aprobados para sentarse a negociar el anteproyecto de Ley de Presupuestos", apuntan fuentes del grupo parlamentario confederal.
Hasta ahora, Unidos Podemos ha planteado un paquete de medidas que en buena medida contemplaba ya el Gobierno. Pero a partir de ahora se sentarán en cuatro mesas para abordar los aspectos más técnicos de la negociación sobre ejes como el empleo, las pensiones, la relajación de regla de gasto de los ayuntamientos o aumentar los ingresos del Estado mediante una reforma fiscal. El secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, se mostraba este viernes confiado de que la reforma de la Ley de Estabilidad acerca más la posibilidad de impulsar unos "presupuestos expansivos".
En caso de que el cambio de la Ley fracasase y el Gobierno no pudiera aprobar la nueva senda de déficit, Sánchez tendría que elaborar los Presupuestos usando los cálculos que en su día pactó con Bruselas el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esto reduciría el gasto público previsto, pero podría amortiguarse elevando los ingresos del Estado. Y, en todo caso, si se excediese dicho déficit, en Moncloa creen que Bruselas no pondría reparos, toda vez que ya ha autorizado cinco décimas más.
La senda pactada por Pedro Sánchez tras llegar a la Moncloa supone un margen presupuestario extra de cinco décimas para 2019, unos 5.000 millones de euros. De ellos, 2.000 irían a las Comunidades Autónomas; 2.000 a la Seguridad Social; y 1.000 a la Administración General del Estado. Por tanto, aunque Podemos no quiere ni oír hablar de este escenario, no sería muy complicado maniobrar para salvar esos 1.000 millones.
Los morados son partidarios de llegar a acuerdos a largo plazo con el Gobierno y no quedarse sólo en el apoyo a la senda de déficit. La idea es dar estabilidad a la legislatura y consumar cambios e implementar medidas que puedan notarse en mayorías sociales y que repercutan en las condiciones materiales de vida de la gente.
