Las urnas han hablado. Con una campaña polarizada por su polémica incorporación de 44 personas con condenas por su pasado vinculado a ETA, EH Bildu ha roto su propio techo electoral este 28 de mayo, sumando 366.000 votos en País Vasco y Navarra; un 5,4% más que en las anteriores elecciones municipales. "Se ha dado el primer paso de un cambio de ciclo", presume el dirigente abertzale Arnaldo Otegi, quien ya pisa los talones a PNV en ambas comunidades, incluso erigiéndose como fuerza más votada en algunas plazas que hasta ahora dominaban los nacionalistas vascos.
Como contó Vozpópuli, el respaldo en las urnas a EH Bildu se traduce en la elección de 15 personas con pasado vinculado a ETA en puestos de representación municipal o parlamentario, de acuerdo al listado con 44 nombres que reveló el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Entre todas ellas suman un extenso historial delictivo, que se esboza sobre cuatro asesinatos y condenas de prisión superiores a los 200 años.
La elección de algunos de ellos era ya una crónica anunciada. EH Bildu había colocado a terroristas condenados en puestos de salida de diversos ayuntamientos de la Comunidad foral y del País Vasco. El caso más evidente era el de Basaburua (Navarra), con un millar de habitantes, en el que sólo se había registrado la candidatura de los abertzales. Iker Isiegas Garisoain, vinculado con la preparación y traslado de un artefacto explosivo para perpetrar un ataque terrorista en Pamplona, ocupaba el número 5 de la candidatura. Fue condenado a tres años de prisión -siempre siguiendo la descripción de Covite-. Sin oposición ninguna, su puesto como concejal estaba asegurado.
Quien sí acumula delitos de sangre en su historial es Begoña Uzkudun Etxenagusia, elegida concejal de Régil/Errezil (Guipúzcoa) tras los resultados de las elecciones municipales. En 1989 se le condenó a 18 años por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984. "La etarra fue cómplice del asesinato, al comunicar de la presencia de José Larrañaga en la localidad, a la que la víctima volvía en contadas ocasiones", describen desde Covite.
Pero hay más. También se le condenó a 106 años de cárcel por encubrimiento en un atentado perpetrado por ETA en Zarauz el 28 de junio de 1986, en el que fueron asesinados el guardia civil Francisco Muriel Muñoz y José Carlos Marrero Sanabria. Además acumula otra sentencia de 1990 de 21 años y 3 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y falsificación de documentos.
El otro concejal de EH Bildu condenado por participación en un asesinato es Juan Carlos Arriaga Martínez, escogido en las urnas para ocupar un puesto en el Ayuntamiento navarro de Berrioplano/Berriobeiti. Este diario ya contó su papel en el crimen que acabó con la vida de Jesús Alcocer Jiménez: Arriaga era allegado de la familia y facilitó a ETA la información necesaria para acabar con su vida. Se le condenó a 29 años de prisión.
La formación liderada por Arnaldo Otegi, acorralada por la polémica revelada por Covite, aseguró en la campaña electoral que los miembros de sus listas con delitos de sangre no llegarían a tomar posesión de sus cargos en caso de ser elegidos. Esta decisión afectaría a los dos casos anteriores, el de Begoña Uzkudun y el de Juan Carlos Arriaga. EH Bildu incluyó a otros cinco etarras con delitos de sangre en puestos que no han sido elegidos o simbólicos -cerrando listas o directamente de suplentes-.
Quienes sí ostentarán cargos de representación pública en ayuntamientos de Álava son Gorka Betolaza Villagrasa, en Barundia, condenado a un total de 10 años por dirigir SEGI (frente de juventudes de ETA) y por atacar varias sucursales bancarias en Vitoria con artefactos explosivos y cócteles molotov; y Sonia Respaldiza Bombín, en Laudio/Llodio, quien aparece en los papeles intervenidos al jefe militar de ETA Ibón Fernández de Iradi Susper por su posible incorporación a un comando terrorista.
En Guipúzcoa han obtenido puestos públicos Asier Altuna Epelde, en Azcoitia/Azkoitia, condenado a 5 años por colaborar con el comando Araba; la ya citada Begoña Uzkudun Etxenagusia, en Régil/Errezil; Aloña Muñoa Ordozgoiti, en Ormaíztegui/Ormaiztegi, condenada en 2005 en Francia por participar en “una asociación de malhechores para la perpetración de un acto terrorista”; y Egoitz Apaolaza Goena, en Segura, condenado a 1 año y 6 meses de prisión por integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna.
Cinco son los casos de Vizcaya: Urko Mantzizidor Torrontegi, en Busturia, condenado a 2 años por actos de sabotaje a entidades bancarias y de seguros, y a 3 años por atacar una sede del PNV (partido con el que se reparte el Consistorio); Andoni Lariz Bustundui, en Cenarruza-Bolívar/Ziortza-Bolibar, condenado en Francia en 2015 a 5 años y 3 meses de prisión por ser miembro del aparato logístico de ETA; Zaloa Zenarrutzabeitia Iruguenpagate, en Echevarría/Etxebarria, condenada como miembro de Segi a 6 años de cárcel; Egoitz Garmendia Vera, en Ochandiano/Otxandio, condenado a 2 años por ser un dirigente de EKIN (uno de los aparatos de coordinación del que se servía ETA); y Urtza Alkorta Arrizabalaga, en Ondarroa, condenada a 5 años por colaborar con un comando etarra.
Y en Navarra, además de los ya citados Iker Isiegas Garisoain (Basaburua) y Juan Carlos Arriaga Martínez (Berrioplano/Berriobeiti), los ciudadanos han elegido a Jon Garai Vales para el Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain, condenado a 2 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista como dirigente de Batasuna. La lista de Covite también incluye a Adolfo Araiz Flamarique, elegido en el Parlamento navarro, quien fuera miembro de la cúpula de HB que aprobó la ponencia Oldartzen.
Entre todos ellos suman delitos relacionados con cuatro asesinatos y más de 200 años de condenas de prisión. Ahora, en las listas de EH Bildu, han sido elegidos para puestos de representación gracias a las 366.000 personas que han apoyado las listas de los abertzales en las elecciones de este domingo.
ma
Para qué quiere España seguir otros 200 años financiando a los parásitos de Vizcaya y Guipúzcoa? Con ese dinero convertiría Extremadura y Castilla en regiones ricas
123probando
El problema es la última frase: hay 400 000 personas que votan a estos tipos. Hay un grave problema de educación en el País Vasco.