Los líderes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han hecho público este lunes su programa para formar Gobierno de coalición, a la espera de que se confirme el apoyo de ciertos partidos nacionalistas. Entre las medidas que impulsará el nuevo Ejecutivo de coalición, siempre y cuando la investidura de Sánchez salga adelante, está una subida de impuestos a las rentas más altas y una reforma parcial de la reforma laboral.
El escrito, titulado como Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, tendrá un claro sesgo social. En materia sanitaria, el escrito, que consta de unas 50 páginas, incluye un total de 14 medidas clave, de las cuales la inmensa mayoría ya formaban parte del programa electoral del PSOE de cara al 28-A.
La más relevante sea probablemente la de eliminar de manera progresiva los copagos sanitarios impuestos por el anterior Gobierno del Partido Popular, una de las promesas estrella de los socialistas en materia de Sanidad. También se incluye en el programa la inclusión gradual de la Atención Bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional Sanitario, que formaba parte de los programas de los dos partidos.
Regular la eutanasia, la gran tarea pendiente
No obstante, la principal novedad es que el nuevo Gobierno de coalición aspira a regular la eutanasia. Según reza el acuerdo, el nuevo Ejecutivo impulsará una "Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia", al tiempo que contemplan incluir el derecho a una muerte digna en la cartera de servicios del SNS.
"Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. Para ello impulsaremos una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida", afirman en el documento.
En materia de copagos, los primeros beneficiados por su eliminación serán los pensionistas y los "hogares en situación de mayor vulnerabilidad". En ese sentido, desde Unidas Podemos y el Partido Socialista aseguran que pondrán en marcha "garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente", entre otros.
Blindar la Sanidad Pública
Entre las demás medidas, también está uno de las grandes peticiones de Unidas Podemos: blindar el sistema público de salud "apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". Para ello, planean revisar la ley que a día de hoy regula las formas de gestión del SNS -donde se contempla la colaboración público/privada- y el "conjunto de mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema". Para ello, se dan un plazo de seis meses. No obstante, no profundizan en cómo van a evitar las privatizaciones del sistema o los conciertos público- privados.
Otro de los temas que más polvo ha levantado durante los últimos meses ha sido la necesidad de aumentar la transparencia en el proceso de financiación pública de medicamentos. Las negociaciones que mantiene el Ministerio de Sanidad con la industria farmacéutica para acordar los precios de los nuevos fármacos que se incluyen en la cartera del SNS es un proceso largo y opaco, donde en muchas ocasiones nunca se llega a conocer el precio que paga el Gobierno por un nuevo tratamiento innovador.
En este sentido, en el documento aseguran que orientarán "las políticas relativas a la industria farmacéutica en el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios". En ningún momento especifican qué medidas pretenden llevar a cabo para ello, si mediante una reforma de los precios de referencia o incluso poniendo en marcha la controvertida subasta nacional de medicamentos.
Finalmente, también aspiran a luchar contra las casas de apuestas y la ludopatía mediante medidas como prohibir que los locales de apuestas puedan abrir antes de las diez de la noche o limitar por ley su proximidad a los centros escolares. También se comprometen a una "reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores", sin especificar en qué consistiría dicha "reorientación".
