España avanza en la rebaja de las restricciones frente al 'coronavirus' con criterios muy abiertos que dejan un amplio margen al Ministerio de Sanidad para autorizar o no que los territorios pasen a una nueva fase del plan elaborado por el Gobierno central. El Ejecutivo no fija números fijos o valores de referencia a partir del que los territorios puedan cambiar de escenario. Será el departamento que dirige Salvador Illa quien analice una por una las propuestas que le vayan remitiendo los Gobiernos regionales.
El único requisito numérico imprescindible será el de "disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días" entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos y entre 37 y 40 para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. El resto, queda a criterio del Gobierno central y la negociación con los departamentos regionales de Saludo en base a una serie de indicadores abiertos.
De momento, todo el país siguen fase 0, salvo las islas de Formentera, El Hierro, La Graciosa y La Gomera. A partir del día 11 mayo, Sanidad estudiará qué territorios pueden dar el salto a la fase 1. El requisito principal es que las comunidades le envíen una propuesta antes del día 6. Y, en lo sucesivo, deberán mandar esa petición con una semana de antelación a la fecha en que se pretenda avanzar en el plan de 'desescalada'.
La orden ministerial publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se limita a establecer los parámetros básicos que Sanidad se encargará de evaluar para dar luz verde al cambio de escenario. Aunque no profundiza en ningún criterio específico. El plan de 'desescalada' incluye un 'panel de indicadores integral', en el que se enumeran los factores a tener en cuenta. Pero nuevamente no se especifica qué cifras han de cumplirse.
La orden de este domingo se limita a citar parámetros que Sanidad analizará para autorizar o denegar la petición de 'saltar' de fase. Para ello, pide a las regiones que incluyan una introducción sobre la fase actual y la que quieren alcanzar, con un análisis de las capacidades de su sistema sanitario y de los diferentes indicadores que permitan evaluar el avance de la pandemia. Asimismo, además de incluir un análisis de riesgos, les pide que describan los mecanismos previstos para reducir el riesgo de transmisión en la población y la fecha tentativa de su entrada en vigor.
El análisis se realizará, indica la orden, tomando como referencia distintos indicadores como las "capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario en sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica; identificación y contención rápida de fuentes de contagio; capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales". Aunque no especifica ningún valor de referencia ni criterios fijos y homogéneos.
Todo ello se abordará en reuniones bilaterales de carácter técnico y político con las distintas regiones antes de tomar la decisión final. En caso de no haber propuestas, el Ejecutivo hará una propia y las decisión final será de obligada ejecución para los gobiernos regionales.
Acepta que no sean sólo las provincias
Respecto a las zonas en las que se podrá avanzar de escenario, el Gobierno ha terminado cediendo a las presiones de diferentes comunidades y no usará sólo la provincia o la isla como unidad de referencia para autorizar los 'saltos de fase'.
La orden requiere que las propuestas para cambiar de fase en límites diferentes a los de la provincia se hagan de manera motivada, especificando "las razones por las que se considera que el territorio en cuestión tiene unas condiciones de homogeneidad que aconsejan un tratamiento común del mismo y diferenciado del resto de la provinciao de la comunidad autónoma".
También deberán exponer "las garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese territorio respecto al resto de la provincia o de la comunidad autónoma". Asimismo, las propuestas remitidas "harán constar las consultas realizadas a las entidades locales en cuyo territorio se haya propuesto un ámbito de aplicación diferenciado".
La Generalitat de Cataluña ya ha anunciado este mismo domingo que el ministro Illa ha aceptado que en esa región se empleen las denominadas áreas sanitarias como escala de referencia, que agrupan a varios municipios. Desde el PNV, los nacionalistas vascos también presionan a Sánchez para tener más autonomía para gestionar el proceso de vuelta a la normalidad.
Respecto al personal sanitario, el departamento de Illa no fija un número mínimo, sino que recomienda que las comunidades mantengan durante el proceso de 'desescalada' el mismo número de profesionales con el que contaban durante los momentos "álgidos" de la pandemia. En este sentido, menciona la necesidad de reorganizar y reforzar las áreas de atención primaria y salud pública.
