La batalla legal a raíz de la crisis de los opioides en Estados Unidos no hecho más que empezar, Y por el momento, parece que la están ganando las farmacéuticas a golpe de chequera. Este lunes, tan sólo 11 horas antes de que comenzase el que habría sido el primer juicio federal contra la industria farmacéutica por su papel en la epidemia de salud, cuatro compañías farmacéuticas lograron alcanzar un acuerdo extrajudicial por valor de 260 millones de dólares a cambio de no llegar a los tribunales.
Bajo el acuerdo, tres de las compañías acusadas -las distribuidoras de medicamentos estadounidenses McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen- tendrán que pagar un monto de 215 millones de dólares a los denunciantes, los condados de Summit y Cuyahoga, en el estado de Ohio, uno de los más afectados por las muertes causadas por consumo de opioides.
La otra compañía implicada es el gigante farmacéutico israelí Teva Pharmaceuticals, el mayor fabricante de genéricos del mundo, que tendrá que abonar 20 millones de manera directa y aportar otros 25 millones en donaciones del fármaco conocido como Suboxone, indicado para tratar la adicción de opioides y drogas como la heroína.
En sus demandas, los condados argumentaban que las compañías sólo estaban interesadas en obtener beneficios, por lo que no controlaron las dosis y continuaron proveyendo los compuestos sin prestar demasiada atención a las recetas de los consumidores
El acuerdo ha dejado mucho que desear para los demandantes, que fueron los primeros en llevar ante un tribunal federal a compañías farmacéuticas por la venta indiscriminada de opioides durante los años 90. Miles de personas comenzaron a ser recetadas con este tipo de medicamentos -cuya composición contiene opio, al igual que la heroína, por lo que resulta peligrosamente adictivo- para tratar dolor crónico.
El consumo y abuso generalizado de opioides, legales e ilegales, ha causado al menos 200.000 muertes, mientras que otras 200.000 han muerto por sobredosis de heroína y fentanilo ilegal en Estados Unidos desde 1999. Esto ha llevado a casi todos los Estados y a más de 2.500 ciudades, tribus indígenas, hospitales y otros actores a iniciar querellas en las que culpan a los fabricantes y distribuidores de la epidemia.
Todas concentradas ante un sólo tribunal
En su mayoría, las demandas se han concentrado en un caso ante el Tribunal federal en Cleveland (Ohio), que encabeza el juez Dan Polster, que fue quien seleccionó las querellas de Cuyahoga y Summit como ejemplo para orientar el resto de las querellas.
En sus demandas, los condados argumentaban que las compañías sólo estaban interesadas en obtener beneficios, por lo que no controlaron las dosis y continuaron proveyendo los compuestos sin prestar demasiada atención a las recetas de los consumidores. Es la misma hipótesis que plantean el resto de demandantes por todo el país.
En el escrito contra Teva y las distribuidoras, los condados solicitaban 7.200 millones de dólares para remediar la crisis y otros 1.000 millones por daños y perjuicios, una cifra infinitamente mayor que la que han obtenido. De hecho, el acuerdo alcanzado por estas cuatro compañías marca, según numerosos analistas, el punto de partida de una tendencia bastante peligrosa.
Pacto extrajudicial: no hay responsabilidades morales
Por un lado, el pacto es extrajudicial, por lo que salva a las empresas señaladas a pasar por los tribunales, donde el coste hubiera sido infinitamente mayor, al igual que el riesgo de perder la demanda. Por el otro, el documento donde se recoge establece de manera literal que el haber firmado un acuerdo con los demandantes no implica, bajo ningún concepto, que Teva o las distribuidoras reconozcan haber jugado un rol activo en la crisis de los opioides. De esta manera, mediante este tipo de estrategia, se ahorran costes al mismo tiempo que niegan cualquier responsabilidad, tanto legal como moral.
Los motivos por los que los denunciantes terminan por aceptar este tipo de acuerdos son varios. En este caso, al tratarse de representantes de ciudades, comunidades y hasta estados enteros, las autoridades también están presionando por lograr cerrar este capítulo, a pesar de la voluntad de muchas de las víctimas.
De hecho, incluso el propio juez Dan Polster apuesta por llegar a un macroacuerdo que acumule la inmensa mayoría de las demandas. De esta manera, muchos alegan que las víctimas podrán obtener una indemnización mayor que si el asunto llega hasta el tribunal. El concepto, no obstante, no goza de consenso entre los afectados.
Macro acuerdo por 48.000 millones
La cifra que se maneja en estos días es la de 48.000 millones de dólares a pagar por las farmacéuticas en este acuerdo extrajudicial, el que algunos consideran el mayor jamás alcanzado en la historia de Estados Unidos. No obstante, mientras que cuatro fiscales generales están presionando por lograrlo, muchos de los demás representantes legales de los demandantes consideran que la cifra no es suficiente.
Hace una semana, ya rechazaron una oferta de las compañías farmacéuticas por un valor de 18.000 millones a distribuir en 18 años como cantidad compensatoria del daño causado por los opioides. Estuvieron a punto de aceptarlo, pero luego descubrieron que el acuerdo implicaría que Nueva York sólo recibiese cinco millones de dólares al año, a pesar de que se está gastando más de 500 millones anualmente para tratar a los enfermos por adicción. Cada abogado representa los intereses de un actor implicado en el caso, por lo que el proceso es complejo y va para largo.
Lo único que parece claro es que la industria farmacéutica continúa jugando con ventaja en esta batalla judicial. Por un lado, cuenta con los medios económicos, y bajo la estrategia de acuerdos extrajudiciales, ni siquiera tendrá que reconocer que tuvo un papel activo en la crisis, a no ser que se termine por celebrar algún juicio y lo dictamine una sentencia.
Las 'farmas' apenan notan el efecto económico
Por otro lado, lo que supone una terrible crisis reputacional para las empresas implicadas no parece estar teniendo demasiado impacto negativo en sus beneficios. Johnson & Johnson, la única empresa farmacéutica condenada a pagar -a nivel local, no federal- una multa millonaria por su rol en la epidemia, disparaba sus beneficios este trimestre. Teva Pharmaceuticals, por otro lado, lograba dispararse en bolsa al conocerse la noticia del acuerdo con los condados de Ohio.
El coste económico que ha implicado el tratamiento de la adicción a nivel global entre 2001 y 2017 es de un billón de dólares, según la organización sin ánimo de lucro Altarum
Purdue Pharma, la fabricante de la Oxicodona, uno de los opioides más conocidos a nivel mundial, se declaraba en bancarrota hace apenas unas semanas al no llegar a un acuerdo por un valor de 12.000 millones de dólares, alegando que no podría hacer frente a las demandas que pesan contra ella. Muchos de los expertos legales que trabajan en el caso aseguran que declararse en números rojos es una manera más de librarse de la responsabilidad legal.
Según los últimos cálculos de los analistas del banco de inversión internacional Berenberg, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos puede llegar a costarle a los laboratorios implicados más de 150.000 millones de dólares en sanciones judiciales.
No obstante, el coste económico que ha implicado el tratamiento de la adicción a nivel global entre 2001 y 2017 es de un billón de dólares, según la organización sin ánimo de lucro Altarum. Hasta 2020, costará otros 500.000 millones más. Mientras tanto, ninguna empresa ha reconocido su responsabilidad en esta crisis de salud pública.
