El anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ofertar a las comunidades autónomas la posibilidad de declarar el estado de alarma en sus territorios ha sembrado desconcierto. Medio año después de que la pandemia del coronavirus desatase la mayor crisis sanitaria jamas vivida en España, cada autonomía, más allá de una serie de medidas comunes, articula sus propias propuestas para frenar la expansión del virus.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaban por unanimidad, en el Consejo Interterritorial celebrado de forma extraordinaria el pasado 14 de agosto, actuaciones coordinadas en Salud Pública para actuar ante el constante incremento de casos de covid-19 en las últimas semanas por toda la geografía española. En concreto, se trataba de once medidas de control en siete ámbitos diferentes, tres recomendaciones y una indicación de observancia de los aspectos incluidos en el "Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19".
"Se trata de la primera vez en la democracia que se han declarado formalmente medidas coordinadas en materia de Sanidad que van a ser adoptadas de forma conjunta por todas las comunidades y ciudades autónomas", decía entonces el titular del departamento, Salvador Illa. Entre las acciones concretas, el cierre del ocio nocturno; reforzar los controles para evitar los botellones en la calle; realizar cribados con pruebas PCR en poblaciones de riesgo o, muy importante, actuaciones concretas y preventivas en las residencias de mayores, las más castigas por la crisis sanitaria.
Las comunidades pioneras
En esa reunión extraordinaria se adoptaron medidas que algunas comunidades ya habían anticipado lo que, una vez más, evidenció la descoordinación entre autonomías y Gobierno tras el fin del estado de alarma y la falta de directrices comunes para la gestión de la pandemia que, cada región, asume con sus propias recetas.
Un ejemplo, la prohibición de fumar en la vía pública. Galicia fue la primera comunidad -la primera en alcanzar la llamada 'nueva normalidad' a mediados del pasado mes de junio- de toda España que implantó esa medida muy aplaudida por todos los expertos sanitarios y que valió numerosos elogios a su presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que siempre ha ido varios pasos por delante en la implantación de medidas para frenar el virus.
Entre las primeras, en lo peor de la pandemia, extender a todas sus áreas sanitarias un sistema pionero que los médicos llamaron CovidAuto y permitía a los pacientes, con indicación clínica y una cita previa, ir a los hospitales y, sin bajarse del coche, someterse a las pruebas del coronavirus. El Hospital Meixoeiro de Vigo, fue el primer centro sanitario español en implantar un método que después utilizarían otras comunidades autónomas.
Precisamente el presidente en funciones gallego ha sido de los dirigentes autonómicos más críticos con la propuesta de Pedro Sánchez de establecer 17 estados de alarma. Este miércoles, Núñez Feijóo avanzaba que su comunidad mandará al Gobierno una propuesta para modificar la legislación ordinaria de Ley General de Salud Pública y evitar que la gestión de la pandemia vuelva a ejecutarse a través de la figura del estado de alarma.
Cataluña, la primera en hacer test masivos
El Ministerio de Sanidad notificaba este miércoles 7.296 nuevos casos de coronavirus. La cifra total de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia se eleva a 419.849. Madrid concentra en estos momentos la mitad de los contagios totales diagnosticados en un día, con 1.513 nuevos positivos por covid. Andalucía se sitúa por detrás, con 370 casos registrados en 24 horas, y le siguen Aragón (316) y Canarias (290).
Cataluña fue la primera comunidad en poner en marcha la estrategia de cribados masivos en varias localidades que, durante el verano, han estado especialmente azotadas por la incidencia del virus. Con datos del miércoles, la comunidad tiene una cifra total de contagios confirmados de 124.068, de los que 102.231 se han diagnosticado por prueba PCR.
Lo mismo hizo la Comunidad de Madrid que, a mediados de agosto, arrancó una campaña de test masivos en barrios como Usera, barrios de Usera, Carabanchel, Vallecas y Villaverde, algunos de los que concentran mayor incidencia. Los participantes son convocados a través mensaje de texto y conocen los resultados en 48 horas de manera telefónica. Este miércoles, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, abogado por decretar confinamientos puntuales en poblaciones "concretas" en el caso de que en ellas haya un aumento de la incidencia del virus.
En Madrid, la comunidad española que más sufrió durante la pandemia, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, anunciaba a comienzos de junio la construcción de un nuevo Hospital de Emergencias que seguirá el esquema del hospital de campaña de IFEMA. Ubicado en Valdebebas, los planes pasan porque esté listo en otoño.
El uso obligatorio de mascarillas
Cataluña también se convirtió en la primera comunidad en hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores, aun con distancia de seguridad entre las personas. Una obligatoriedad que, a medida que iban aumentando los casos, se iba imponiendo en el resto del país. Su presidente, Quim Torra, anunciaba este lunes un nuevo paquete de restricciones para frenar la expansión del virus, como la prohición de reuniones sociales de más de diez personas en salvo en los ámbitos laborales y de movilidad.
El Gobierno de Murcia avanzaba esta misma semana medidas en la misma dirección: las reuniones sociales se limitarán a seis personas si no conviven en el mismo domicilio y, hoy mismo, el Gobierno balear ha adelantado que aprobará una resolución, que entrará en vigor el viernes, por la que, como Cataluña, limita a un máximo de diez personas las reuniones. Además, la mascarilla, salvo excepciones determinadas, será obligatoria en los lugares de trabajo.
Un comité asesor externo en Andalucía
En Andalucía, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunciaba a mediados de agosto que la comunidad constituiría un Comité Asesor Externo para el balance de gestión y propuestas de mejora de la pandemia de covid-19 que ya ha quedado formado por 18 profesionales independientes. El encargado de coordinación del Comité es el doctor Joaquín Fernández-Crehuet Navajas, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Málaga y Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
Andalucía fue de las primeras comunidades en poner en marcha, junto a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el programa de formación de trazadores de los contactos estrechos de cada nuevo caso diagnosticado de covid-19. Castilla y León fue la primera comunidad en crear un carnet de inmunidad para las personas que han superado el coronavirus. Madrid siguió su estela y, en medio de una enorme controversia, propuso una medida en el mismo sentido: la cartilla covid-19.
Reserva de material sanitario en Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha fue pionero en poner en marcha una reserva estratégica de material sanitario que incluirá equipos de protección individual, productos de técnicas diagnósticas, medicamentos y equipamiento tecnológico. Se hizo a través de la aprobación de una Proposición de Ley acordada entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios.
En Asturias, cuatro entidades lideraron un proyecto, pionero a nivel mundial según se remarcó, para detectar la presencia del covid-19 en aguas residuales. También en Valencia, el pasado mayo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba que se ponía a disposición del sistema de salud una herramienta, desarrollada por la empresa Global Omnium y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la misma dirección.
El asistente virtual del 112 Extremadura "Hygeia" (un sistema virtual para responder ante las dudas generadas por la pandemia) también se publicitó en la comunidad como un sistema pionero en España al inicio de la crisis sanitaria y, en Murcia, se puso en marcha otro proyecto que las autoridades sanitarias tildaron de innovador y cuyo objeto era el estudio de la incidencia de casos en personas con infección activa por covid-19 detectados en oficinas de farmacia y confirmados en centros de salud.
