El Govern ha decretado la obligación de los directores de centros educativos en Cataluña de registrar los datos identificativos y de contacto de alumnos y profesores. No solo eso, también se ordena recoger información referente a los "grupos de convivencia" de todos los integrantes del colegio. Esta serie de datos deberá ser compartido por los colegios y universidades con el Departamento de Salud catalán en el denominado 'Censo Covid19 salud-escuela'.
Así lo establece el Gobierno catalán en una modificación del 'Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de
medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19'. Previamente, este decreto solamente planteaba la posibilidad de que el Departamento de Educación comunicase los datos que considere al Departamento de Salud "para llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia sanitaria actual". En ningún momento se establecía la obligación de esta medida.
Sin embargo, en la modificación del Decreto, firmada por el presidente en funciones Pere Aragonès y la consejera de Salud Alba Vergés, entre otros, se añade un nuevo artículo, el 8.2, que establece lo siguiente:
"Los directores y directoras de los centros educativos del sistema educativo de Cataluña tienen la obligación de introducir los datos identificativos y de contacto del alumnado, personal docente, personal de administración y servicios, personal de atención educativa y otro personal externo que está en contacto con alumnos en el entorno educativo, la situación de los grupos de convivencia estable y, siempre que se disponga de estos, los datos de salud correspondientes a los resultados de pruebas diagnósticas de Covid-19 en los sistemas de información que el Departamento de Educación ponga a su disposición".
Salud Pública ve "inusual y poco práctica" la medida
Esta gran cantidad de datos será responsabilidad de los directores de los centros de educación, que a continuación deberán compartirla con el 'Censo Covid19 salud-escuela' para que realicen la vigilancia epidemiológica. Desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sempsph) ven "inusual y poco práctica" esta medida. Consideran que deben ser los equipos de Salud Pública quienes gestionen esta cantidad de datos.
A Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), esto le "suena a Gran Hermano". "No es un procedimiento habitual. En Madrid, por ejemplo, hay un delegado covid que es quien se encarga de notificar los posibles contagios. Me parece raro que el director de un colegio tenga que tener actualizada esa cantidad de información, lo cual no es nada fácil porque hablamos de datos dinámicos, no estables en el tiempo", añade.
Franco considera que "les ha caído una tarea muy compleja a los directores de centros educativos. Dudo mucho que puedan llevarla a cabo sin ayuda. Todo lo que se haga para proteger la salud de los pequeños me parece fantástico. Pero es verdad que es difícil tener un buen control y una buena monitorización con este método. Se necesitarían a muchas personas para mantener esa base de datos actualizada".
Por otra parte, este especialista en Salud Pública no duda que la medida estará ligada a la polémica en Cataluña. "Este tipo de medidas que afectan a la intimidad suelen generar susceptibilidades. No me extrañaría que haya quejas de padres y alumnos", señala.
CSIF, preocupado por la protección de datos
Otra de las voces que se ha levantado en contra de esta norma es Ferran Barri, coordinador de Educación CSIF Cataluña. "No nos gusta nada. Por un lado, es una carga de trabajo que va a desbordar a estos directores, y por otro nos da miedo que esos datos puedan ser utilizados con fines negativos, como por ejemplo, la no renovación del personal", asevera.
La norma establece que "el director o directora del centro educativo tiene que mantener el deber de secreto y de confidencialidad sobre la información a la cual tenga acceso, incluso una vez finalizada la situación de emergencia sanitaria". Pero esta cláusula no termina de convencer al sindicato.
"Abogamos para que no haya transmisión de datos entre docente y director. Que la empresa tenga determinados datos sobre la salud de los trabajadores no es razonable, deberían quedar en el ámbito de la Salud Pública. Las pruebas PCR en el profesorado son voluntarias. Algunos profesores no quieren hacérsela y temen que, si se enteran los directores, puede haber consecuencias negativas para ellos", continúa.
A modo de ver del sindicato, esta norma sobrecarga de "tareas a los profesionales de la enseñanza. Entendemos que es una situación excepcional, pero hay alternativas más lógicas. Nuestros expertos en sanidad abogan porque sean los profesionales de Salud Pública quienes gestionen el tema y guardando la máxima confidencialidad".
PCR en los colegios
Este anuncio del Govern se produce apenas cuatro días después de la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales de Personal Docente, en la que estuvo presente CSIF. El Gobierno catalán explicó que se va a llevar a cabo una PCR a todo el personal de la enseñanza, y que las pruebas se gestionarán a través de la dirección de los centros.
"Los directores van a saber quién se ha hecho la prueba y quién no. Por mucho que se mantenga la confidencialidad, van a seguir contando con esta información", apuntan. En dicha reunión, el sindicato ha manifestado sus dudas al respecto del censo covid en los colegios: "No tengo conocimiento de que se haga esto en otras comunidades autónomas".
